Perdonar las responsabilidades penales derivadas del procés a cambio de volver a la política y al respeto al ordenamiento jurídico vigente. Ese es el espíritu que invoca la ley de amnistía registrada este lunes en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista y que, en su exposición de motivos, detalla la justificación política de la histórica norma. “Lo que el legislador pretende es excepcionar la aplicación de normas vigentes a unos hechos acontecidos en el contexto del proceso independentista catalán en aras del interés general, consistente en garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político”, reza el texto registrado.
El ministro de la Presidencia en funciones y uno de los negociadores principales del texto legal con los grupos independentistas catalanes, Félix Bolaños, compareció este lunes a media tarde ante los medios en el Congreso para valorar la norma como un “punto de inflexión” que persigue convertirse en la “mejor herramienta para dar una conclusión a un problema que se había enquistado”. “Vamos a devolver a la política lo que nunca debió salir de la política”, añadió Bolaños.
En la motivación de la norma se subraya una sentencia y una fecha como inicio de la “tensión institucional” entre la administración catalana y el Gobierno central. La del Tribunal Constitucional de junio de 2010 que tumbó parte del estatut votado en referéndum y aprobado por el Parlament. Unos hechos que, según el texto registrado, “desembocaron en una serie de movilizaciones intensas y sostenidas en el tiempo, así como en mayorías parlamentarias independentistas”.
El preámbulo del articulado sostiene que ese choque que incluyó la intervención de la Justicia se tradujo en “la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal”.
Por su arraigo en las Cortes Generales, el proponente define la amnistía como el mecanismo constitucional más adecuado “para dar una respuesta más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro”. “Un paso necesario”, continúa el texto, “para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población”.
En esa misma exposición de motivos se dedican varias páginas a sostener la legitimidad y el pleno encaje constitucional de la norma para sacudirse cualquier acusación de atentado contra el Estado de derecho, tal y como denuncian las fuerzas políticas de derecha y extrema derecha.
“Esta amnistía no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal. Muy al contrario, es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del 'ius puniendi' por razones de utilidad social que se fundamentan en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática”, se lee en apartado segundo de la exposición de motivos.
La justificación del articulado que se desarrolla a continuación y que detalla quiénes se acogen a la ley de amnistía y quiénes no concluye: “Esta ley orgánica es un paso más en un camino difícil, pero a la vez valiente y reconciliador; una demostración de respeto a la ciudadanía y de que la aplicación de la legalidad es necesaria, pero, en ocasiones, no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”.
Tras diez años de enfrentamiento institucional y judicial entre Catalunya y el Estado, el Gobierno en funciones y los grupos políticos que lo sustentan tanto en el Consejo de Ministros como en el parlamento hacen de la necesidad virtud –sin esta ley no habría investidura– y defienden que la amnistía supone, en realidad, el fin de las hostilidades prolongadas durante más de una década. Y que el proyecto independentista que seguirán sosteniendo fuerzas como ERC o Junts se vehicule de nuevo única y exclusivamente por la vía institucional y bajo el acatamiento y el respeto a la legalidad vigente.
La ley se registra solo con la firma del PSOE
A las 18.03 de este lunes, el Grupo Socialista en el Congreso registró en solitario la proposición de ley de la amnistía, a pesar de que lo previsto era que también aparecieran las firmas del resto de grupos que defienden la medida de gracia. Sin embargo, ni Sumar, ni ERC, ni Junts, ni PNV, ni EH Bildu ni el BNG estamparon su rúbrica. Todas las fuentes consultadas aseguran, sin embargo, que el respaldo parlamentario a esa norma no está en cuestión. “Esta ley va a contar con 178 votos y se lo digo con conocimiento de causa”, alegó el ministro Félix Bolaños preguntado por el tema.
En su comparecencia en el Congreso, Bolaños también defendió la constitucionalidad de la ley. “Es una ley que presenta el PSOE convencido de que es impecable desde el punto de vista constitucional y es un paso de gigante para la convivencia y el reencuentro en Catalunya”, sostuvo.
El ministro en funciones insistió en que el registro de la ley se ha producido “después de haber trabajado con todos los grupos y estoy en disposición de decir que hemos conseguido una amplia mayoría que hará que esta ley sea realidad en las próximas semanas”, indicó. Y defendió la norma como un instrumento al servicio de la convivencia en Catalunya. “Es una herramienta, quizás la más poderosa de la democracia, para cerrar heridas, superar la convivencia y cerrar un conflicto que hemos sufrido desde hace más de una década”, concluyó.
A expensas de que el resto de grupos que han pactado el contenido de la norma se acaben sumando a un texto legal que, en ese caso, debería ser registrado nuevamente, la ley de amnistía es el último paso previo a la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. En el guion estaba que iba a ir firmada por todos los partidos, a excepción de PP, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. No ha sido así, nadie ha explicado las razones concretas y Bolaños ha dado a entender que será cada grupo quien deba explicar sus porqués. Horas antes, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, oficializó este lunes la fecha de los plenos de investidura adelantada por elDiario.es, fijándola definitivamente para el miércoles y jueves de esta semana. Lo previsto es que ese mismo jueves sea investido el líder del PSOE en primera votación con una mayoría absoluta de 179 diputados.