La Ley de Lenguas de Aragón llega al Constitucional con el apoyo de 63 diputados

Los partidos de la oposición en las Cortes de Aragón, PSOE, CHA e IU, presentarán mañana ante el Tribunal Constitucional el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de lenguas de la comunidad aragonesa, que cuenta, además, con el apoyo de 63 diputados, entre ellos representantes de ERC y CiU.

En el acto, que tendrá lugar en Madrid a las 11.00 horas, participará Chesús Yuste, diputado en el Congreso por La Izquierda Plural, en representación de los 63 diputados firmantes del recurso, así como José María Becana, senador del PSOE aragonés; José Luis Soro, presidente de CHA y Adolfo Barrena, coordinador general de IU-Aragón.

De este modo se cumple el anuncio realizado por estas formaciones el pasado 29 de julio cuando aseguraron que la ley denominada de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, aprobada el pasado mes de mayo por el gobierno PP-PAR, “no es sólo un disparate sino que se ha convertido en el hazmerreír dentro y fuera de la Comunidad” al no llamar por su nombre al aragonés y al catalán, según Yuste.

El recurso que se presentará mañana con el apoyo de 63 diputados, 13 más de los 50 que exige la ley para poder acudir al Tribunal Constitucional, está promovido por diputados aragoneses y en su elaboración ha participado un equipo de la Universidad de Zaragoza, formado por profesores de derecho administrativo y constitucional, y presidido por Ángel Garcés.

Según Garcés, el recurso se apoya en textos jurídicos y en la Constitución, que considera que se ha vulnerado, además de en el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 “que forma parte del bloque de la constitucionalidad” y de textos internacionales de Naciones Unidas, de la Unesco y, sobre todo, del Consejo de Europa.

Asimismo, el texto se basa en que existe una ley de mínimos de 2009 que “dio visibilidad jurídica” a las lenguas que se hablan en Aragón, e hizo la “emersión lingüística”, mientras que la actual “hace desconocimiento” oficial de las mismas y las relega al ámbito privado, donde se las conoce de forma “jocosa” como “lapao” y “lapapyip”, según el profesor de derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza.

A su juicio, el recurso tiene muchas probabilidades de ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, aunque probablemente su resolución se demore al menos unos diez años.