Ley mordaza, secretos oficiales e injurias a la corona: las reformas que esperan en el Congreso al “plan de regeneración”

En junio se cumplieron seis años de la moción de censura que expulsó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Pedro Sánchez asumió entonces el Gobierno, primero con su partido en solitario, después en coalición con Unidas Podemos, con una agenda de reformas pendientes a las que ha ido dando salida. Pero seis años y tres legislaturas después, toda una batería de promesas sobre regeneración democrática sigue pendiente. La derogación de la ley mordaza, una nueva ley de secretos oficiales o la eliminación del delito de injurias a la Corona duermen todavía en el Congreso a la espera de que el Gobierno las aborde en el nuevo plan que quiere impulsar en el nuevo curso político. 

Sánchez se comprometió hace unas semanas a poner en marcha una serie de medidas para democratizar el Estado. Un plan pensado a raíz de los cinco días de reflexión que se tomó en mayo, cuando el juez abrió una investigación contra su pareja, Begoña Gómez, en base a una denuncia con recortes de prensa de periódicos y algunas noticias falsas. En su última comparecencia en el Congreso dio más detalles de ese plan, que centró sobre todo en la transparencia de los medios de comunicación. Y anunció además que el Gobierno se reuniría con los grupos parlamentarios para escuchar sus propuestas de cara a preparar esa batería de medidas. 

Y en esas reuniones, los socios del Ejecutivo pusieron encima de la mesa esas tres medidas que siguen pendientes de aprobarse. Podemos, que además de reclamar que rompiera el pacto con el PP sobre el Poder Judicial, recordó a sus interlocutores la necesidad de derogar la ley mordaza, una reivindicación que comparten tambié el resto de grupos. Y el PNV, por ejemplo, centró sus peticiones en una nueva Ley de Secretos Oficiales como la que ya registraron en el Congreso hace algunos meses. 

Ley Mordaza

La derogación de la ley mordaza fue una de las principales promesas de campaña de Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa. También figuraba entre las principales demandas de Podemos antes de llegar al Gobierno y por eso quedó plasmado en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la primera coalición progresista. Pese a todo, la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el Ejecutivo que la impulsó. 

El Congreso estuvo a punto de desmontar ese texto el año pasado, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el Gobierno. Esas conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”. 

El uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas en una disposición adicional de ese texto, pero el Gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa.

En esta legislatura, Sumar registró una propuesta que rescataba todos los acuerdos conseguidos durante los años anteriores y que volvía a dejar fuera esos cuatro puntos polémicos, en aras de volver a abrir una discusión dentro del Congreso con el resto de grupos. Esa propuesta, defendían desde el grupo parlamentario, desmontaba el 98% de la ley mordaza.

No obstante, a mediados de julio la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para la derogación de esa norma, que finalmente solo incluía la modificación de un punto del texto, referente a la difusión de imágenes policiales, algo mucho menos ambicioso que lo acordado en la pasada legislatura y que lo registrado por ese grupo en el Congreso hace unos meses. 

ERC y EH Bildu siguen manteniendo sus líneas rojas sobre esa ley, como se comprobó en la comparecencia de Sánchez del mes pasado, y no parecen dispuestos esta vez a dar sus votos para una reforma que no aborde los cuatro puntos que generaron conflicto en la negociación anterior. 

Ley de Secretos Oficiales

Aunque no figura dentro del acuerdo de coalición, el Gobierno trabajó durante la legislatura pasada en una reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Hace justo ahora dos años, en agosto de 2022, el Gobierno presentó su propio anteproyecto para reformar la ley actual, un vestigio franquista que data de 1968. En su propuesta, el Ejecutivo planteaba un plazo máximo de 50 años para los temas más sensibles, con la posibilidad de prórrogas en algunos casos. Esa norma incorporaba, en consonancia con los estándares europeos y de los aliados, cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Hasta ahora solo hay dos: secreto y reservado.

Aquella reforma, sin embargo, nació sin el apoyo del entonces socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, que consideraba los plazos demasiado extensos. Y tampoco contaba con el aval de la mayoría de socios parlamentarios. Ese proyecto quedó en el limbo parlamentario y decayó con la convocatoria anticipada de elecciones del 23 de julio.

El Congreso va por el quinto intento de tramitar una reforma a esta ley para rebajar los plazos de desclasificación de los documentos y que esa decisión dependa exclusivamente del Gobierno y en ella no puedan influir las Fuerzas Armadas. 

“Toda clasificación de una materia en cualquiera de sus dos categorías fijará el plazo de su vigencia, sin que este pueda exceder de veinticinco años para materias calificadas secretas y de diez años para las calificadas reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años”, propone el texto que registró esta legislatura el PNV y que la Cámara Baja aceptó tramitar. 

Antes de esta propuesta, el Congreso ha aceptado tramitar hasta cuatro reformas, pero ninguna ha visto la luz. La primera vez fue en 2016, todavía bajo el Gobierno de Rajoy a propuesta del PNV, pero la iniciativa decayó con la convocatoria electoral de junio de aquel año. Los nacionalistas vascos la volvieron a presentar en la legislatura siguiente, en noviembre de ese año, pero el plazo para la presentación de enmiendas a la misma se fue prorrogando hasta marzo de 2018 por parte de la mayoría que mantenían entonces el PP y el PSOE en la Mesa del Congreso. Tras las elecciones de junio de 2019, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el PNV volvió a registrar el texto, pero esta vez no llegó al Pleno y volvió a caducar con la convocatoria de nuevas elecciones en noviembre.

El último intento llegó en 2020, de nuevo con una propuesta de los nacionalistas vascos. Pero los votos del PSOE en la Mesa del Congreso fueron postergando los plazos de enmiendas hasta que el propio Gobierno presentó su propio anteproyecto para reformar la ley. 

Injurias a la Corona

El Congreso aceptó esta legislatura debatir por tercera vez una propuesta de reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o a las instituciones del Estado. La proposición de Sumar es un texto muy similar al que presentó Unidas Podemos primero en 2018 y después en 2021. 

En ambas ocasiones, el PSOE fue posponiendo su tramitación y el texto acabó muriendo con el fin de la legislatura el pasado verano. En el Pleno que debatió el pasado diciembre la propuesta, los socialistas defendieron abordar un debate “sereno” sobre la libertad de expresión pero sin perder de vista los “límites constitucionales” a ese derecho. La votación salió adelante con los 177 votos de los socios del Gobierno. 

El texto en cuestión propone una reforma del Código Penal para suprimir delitos de opinión como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Otro de los puntos de la ley propone sustituir el delito de enaltecimiento del terrorismo por un agravante para dar a las víctimas una protección reforzada, pero evitar que un delito de este tipo se utilice para condenar a artistas, como ocurrió en los casos de Pablo Hásel o el rapero Valtònyc.

Esta reforma es una de las que Sumar ha pedido a su socio de Gobierno incluir en el plan de regeneración democrática, aunque las diferencias con el PSOE en este asunto son claras y de hecho la despenalización de este tipo de actos no está incluida en el acuerdo de Gobierno que sellaron ambas fuerzas para la repetición de la coalición progresista. 

“La libertad de expresión tiene límites. Hay que tener un debate para ver dónde están, dónde está la ética. A mí me parece que enaltecer el terrorismo es un límite. Es una cuestión personal mía”, dijo el portavoz socialista, Patxi López, el día que se debatió la tramitación de la reforma en el Congreso.

Todas estas reformas formarán parte de las demandas que los socios del Gobierno pondrán encima de la mesa en una negociación que, como el resto de la legislatura que queda por delante, promete ser todavía más complicada. La salida de Junts del foco de influencia en la gobernabilidad catalana tendrá su espejo en el Congreso: el partido de Carles Puigdemont ya ha avisado de que endurecerá su apoyo a cada norma. El plan de regeneración democrática junto a la negociación para los presupuestos serán el primer test de ese cambio de actitud.