La coalición se ha ido encontrando escollos políticos en sus dos años y medio de vida, como la ley de vivienda, la ley mordaza o en su momento incluso la reforma laboral; pero hay un asunto ideológico que no solo tensa al Gobierno bipartito sino que genera conflicto en las organizaciones que lo sustentan, especialmente en el PSOE: la ley trans. Los socialistas han pedido por ahora ampliar el plazo de enmiendas a la norma impulsada por Irene Montero mientras el polvorín interno llega a la Comisión de Ética y Garantías del partido con denuncias, por un lado, contra feministas que hacen campaña contra la autodeterminación de género y, por otro, contra el secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez.
La batalla por la autodeterminación, que reconoce la libertad de las personas a elegir su género sin requisitos, fue una de las más cruentas en la coalición durante meses. La entonces vicepresidenta Carmen Calvo perdió esa pelea y los socialistas asumieron la aprobación de la ley trans en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la autodeterminación de género y algunos asuntos relacionados con los menores no terminan de convencer al partido de Pedro Sánchez, que tiene la intención de plantear modificaciones al texto pactado, aunque aún no ha determinado cuáles.
Por eso el Grupo Socialista ha pedido la ampliación del plazo para la presentación de enmiendas en el Congreso poniendo en alerta al Ministerio de Igualdad, que teme que se retrase la aprobación de la norma más allá de diciembre (la fecha que se había marcado Unidas Podemos). “El compromiso es la aprobación en diciembre de la ley trans sin retrocesos en derechos para las personas trans y LGTBI respecto a la propuesta presentada por el Gobierno”, advierten desde el departamento de Montero, donde consideran “imprescindible” que el periodo para la presentación de enmiendas se cierre el 19 de octubre. En el PSOE no se ponen plazos y aseguran que lo determinarán “semana a semana en función de lo que se necesite”.
Más allá de la amenaza en la dilación de la ley, el asunto ha llegado a unos límites inéditos de enquistamiento dentro del PSOE, donde existe una profunda división entre quienes apoyan la libre autodeterminación de género como un derecho de las personas transexuales y quienes lanzan advertencias sobre las posibles consecuencias que pueda tener en la lucha por la igualdad de las mujeres.
El enfrentamiento ha llegado hasta los órganos internos del PSOE. En concreto, a la Comisión Federal de Ética y Garantías, que se encarga de velar por el cumplimiento de los estatutos del partido. Según adelantó República, se enviaron sendos escritos contra un grupo de militantes socialistas contrarias a la ley, entre las que se encuentran la exvicepresidenta Carmen Calvo; la miembro del Consejo de Estado, Amelia Valcárcel; o la exdiputada Ángeles Álvarez; y por otro lado contra el secretario LGTBI, Víctor Gutiérrez, favorable a la norma.
Fuentes socialistas aseguran a elDiario.es que la Comisión de Ética y Garantías ha recibido las denuncias cruzadas. En Ferraz sostienen que ese es un organismo independiente de la Ejecutiva y que solo da cuenta a la dirección cuando hay que tomar alguna decisión en base a sus resoluciones. Lo que recalcan es que las noticias que tienen es que se trata de textos sin rubricar. Aunque diversas fuentes consideran que el asunto quedará en nada, en la dirección inquieta el enquistamiento. “Es una locura”, expresa un alto mando socialista que, como muchos, prefiere ni siquiera opinar sobre el asunto consciente del choque interno que genera. “Hay derechos humanos vulnerándose y nosotros aquí denunciándonos”, lamenta otra de las fuentes consultadas, favorable a la ley que aprobó el Gobierno.
El primero de los documentos detalla a lo largo de 19 páginas algunas de las intervenciones contrarias a la ley trans por parte de destacadas feministas del partido, entre las que también se encuentra la exdirigente Matilde Fernández por expresar en un acto de la agrupación de Madrid Ciudad que si se quería avanzar “en la igualdad entre mujeres y hombres, menos trans y más agenda feminista real”. Aunque pide la apertura de expediente para todas ellas por faltas graves o muy graves –que pueden acabar en la suspensión temporal de militancia, la inhabilitación temporal para cargo público o la expulsión definitiva del partido–, la argumentación se centra básicamente en las impulsoras de la asociación Feministas Socialistas (FeMes), especialmente en Valcárcel, y de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres (Ángeles Álvarez).
El documento recoge intervenciones y comentarios en las redes sociales que los denunciantes consideran que son “ataques” a las personas transexuales e incluso al propio Pedro Sánchez. “Existe una estrategia coordinada y alentada especialmente por un grupo de personas organizadas, militantes y cargos públicos y orgánicos del partido algunas de ellas, que pretende imponer su criterio frente a lo establecido por el 40 congreso federal y acabar con la Ley Trans y LGTBI, socavando además y como ha quedado demostrado la dignidad de las personas trans”, señala el escrito. “El denodado ataque de este grupo de compañeras a ese proyecto de ley está dañando de manera irreparable la imagen de toda la familia socialista”, agrega.
Los impulsores de esa denuncia consideran que la actitud de Valcárcel, Calvo, Álvarez y otra decena de socialistas vulnera los artículos 85 y 86 de los estatutos del PSOE por, en resumen, ir en contra de las decisiones del partido.
Son los mismos artículos a los que aluden quienes reclaman el cese del secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, en otro escrito destinado a la Comisión de Ética y Garantías y en el que los denunciantes le acusan de “misoginia”. La ley trans planea detrás de este conflicto dado que el primer episodio al que hacen alusión en la queja es la polémica que suscitó Gutiérrez este verano al celebrar que se hubiera apartado “de la primerísima línea política a ciertas voces que han hecho mucho daño y que tenían posicionamientos contrarios” a la norma, en referencia a Calvo. “El PSOE ha tenido un traspiés que ha sabido reconducir”, aseguró en una charla organizada por UGT con motivo del Orgullo. Aquellas palabras incendiaron al partido y el propio Sánchez intervino.
Las redes sociales se han convertido en el principal hilo conductor de la batalla. De hecho, Ferraz ha decidido cerrar todas las cuentas de las secretarías y canalizar la información solo a través de las redes sociales del PSOE bajo la premisa de que la mayoría no tenían apenas actividad. Precisamente, fue la secretaría LGTBI la que volvió a caldear el ambiente al cargar contra el programa de Feminario, una reunión anual organizada por la Delegación de Igualdad de Valencia en la que participaban, entre otras, Calvo y la consejera de Interior y Justicia, Gabriela Bravo. “No representan la posición del PSOE”, aseguraba el tuit: “[La secretaría] lamenta que este tipo de espacios de debate sean tan poco plurales y que no acojan posiciones diversas”.
“Un cargo orgánico tiene que asumir públicamente las resoluciones acordadas en los congresos del partido. Bajo ningún concepto es admisible la publicación en Twitter, el pasado 10 de agosto, de este responsable federal en que abiertamente identificaba la prostitución como trabajo sexual”, agrega el texto, que pide el cese de Gutiérrez como responsable LGTBI del partido. Sus palabras se interpretaron como una posición regulacionista de la prostitución frente a la abolición a la que se comprometió el PSOE en su 40º Congreso.
La intención de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE es zanjar este asunto en su próxima reunión, aún sin fecha.