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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Estas son algunas leyes feministas que el PSOE votó como oposición (y otras que el PP ya no puede vetar)

Foto tras el primer Consejo de Ministras.

Belén Remacha

El gobierno del PP pudo sobrellevar una legislatura sin mayoría parlamentaria en parte gracias a los vetos: el mecanismo constitucional –artículo 134– mediante el cual el gobierno bloquea una ley de la oposición ya aprobada por la mayoría del Congreso y tramitada, dentro de un plazo de 30 días. De manera que, si la Mesa –en la que PP y Ciudadanos tienen mayoría– acepta esa negativa, la proposición queda congelada. También ha sido uno de los temas que más conflicto parlamentario ha creado.

Generalmente, suelen aducirse para el veto razones de alteración en los presupuestos. El PP lo había conseguido en total con 62 leyes en el momento en el que el Tribunal Constitucional rechazó el abuso que había hecho de este proceso durante estos casi dos años. Los letrados del Congreso abrieron luego la puerta a revisar 43 de esos vetos, además de que plantearon la opción de volver a presentar las iniciativas.

El nuevo Ejecutivo del PSOE gobernará en minoría en la Cámara, pero se ahorrará ahora el riesgo de esa zancadilla para sacar adelante leyes. Entre las bloqueadas por el gobierno del PP hay algunas leyes en materia de género que los socialistas han impulsado o apoyado y que son opción de relanzamiento si se quiere constituir un proyecto “feminista”, como ha calificado Pedro Sánchez al suyo. También hay otras que se encuentran actualmente en distintas fases de trámite parlamentario y que dan idea de los temas que el Grupo ha tenido interés en colocar en agenda, sitúa como meta o han supuesto acuerdos de mínimos con otros grupos.

Vetos a leyes de igualdad

Uno de los casos más sonados fue el de la Ley de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Incluía una reivindicación feminista de consenso actual: permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Fue la última vetada por el gobierno del PP antes de la resolución del Tribunal Constitucional y quedó congelada junto a otras 61. Argumentaron que suponía un aumento de gasto de 1.541,3 millones de euros. La ahora vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, se preguntó entonces “qué parte no entendió, no vio y no escuchó” el PP del 8M.

Otra ley de este carácter vetada por el Gobierno y apoyada por el PSOE fue la presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea en enero de 2017 relativa a los cuidados. La proposición trataba la desigualdad entre progenitores o penalizaba también a las empresas que discriminan a las mujeres en la contratación y promoción profesional.

El Grupo Unidos Podemos anunció, tras el fallo del Tribunal Constitucional, que iba a volver a registrar sus 16 proposiciones vetadas durante este primer tramo de legislatura. El PSOE había pedido antes también la revisión de todos los vetos, encargada justo antes del informe jurídico que dio luz verde a que se hiciera.

El contexto cambia de ahora en adelante. La Mesa del Congreso ya remitió algunos vetos al nuevo gobierno para que los reexamine a la vista de la nueva situación y del fallo del TC, según anunció el viernes el vicepresidente primero de la Mesa y diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes. En la lista, la proposición sobre permisos iguales e intransferibles.

Leyes admitidas

Entre las leyes admitidas y en distintas fases de tramitación que no sufrieron bloqueo, algunas pendientes de pasar por el Senado, se encuentran ahora mismo varias de corte feminista que el PSOE ha votado. Es el caso de la Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación, aprobada por unanimidad y que “promueve la eliminación de prácticas sociales discriminatorias” y de “los obstáculos” para ejercer los derechos.

“Junto a la Ley Integral contra Delitos de Odio, la Ley LGTBI, y la Ley de Transexualidad constituye el paquete normativo para combatir la discriminación y los delitos de odio”, decían los socialistas sobre esta última. Hacían referencia a que se añadía a la reforma que facilita que las personas trans cambien su sexo legal sin tener que declararse enfermas y que se aprobó en el Pleno con la única abstención del PP. Este tipo de ley tenía un veto muy difícilmente justificable porque apenas supone variación en los presupuestos.

Entre las primeras que se tramitaron de este carácter está la Ley que recoge la mejora de la pensión de orfandad de víctimas de violencia de género que el PP primero bloqueó en el Senado y más tarde votó a favor por lo que fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja. Entre las propuestas por Unidos Podemos, votadas a favor por el PSOE y aprobadas por mayoría para su toma en consideración, se encuentran la Ley contra la discriminación por orientación o identidad sexual y la de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que ponía el foco en los complementos salariales, causa en muchas ocasiones de desigualdad.

Ambos grupos se han puesto de acuerdo de esta manera a lo largo de este tiempo en propuestas referidas a la identidad de género o igualdad laboral. La de Ley de protección por desempleo, que pone especial atención en jóvenes y mujeres por ser colectivos vulnerables y tenía en cuenta a las trabajadoras del hogar, fue asimismo propuesta por Unidos Podemos. Se aprobó con el apoyo también de Ciudadanos y el único voto en contra del PP, una de las últimas del periodo pre-Sánchez. Fue el 29 de mayo, por lo que aún estaba en fechas de poder ser obstaculizada si hubiese continuado el anterior Ejecutivo.

Límites presupuestarios y horizontes

Desde Unidos Podemos, y respecto a las intenciones feministas del PSOE, la diputada Ángela Rodríguez Pam afirma en la línea de las declaraciones de estos días que hay cosas del gobierno que “como feminista me alegran”, pero que habrá que esperar a ver medidas. Señala como posible problema que Sánchez “ya ha advertido a sus ministras de que no puede haber cambios en los Presupuestos”.

Esa decisión la vincula directamente a las dificultades que acarreará para ejecutar los 80 millones que faltan para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Destaca que les “sorprende un poco” esa decisión porque la alteración de los presupuestos es algo “que se puede hacer y se hace” en otras circunstancias. Este mismo martes se ha debatido e iniciado una proposición del Grupo Socialista en aplicación del Pacto para la formación de jueces y juezas en materia de violencia machista.

El Partido Socialista se declara abolicionista, y por tanto no se espera un debate abierto acerca de la prostitución. También la vicepresidenta y responsable de Igualdad se ha mostrado tajantemente contraria a la propuesta de Cs sobre lo que ella misma ha denominado vientres de alquiler. Entre las leyes que el PSOE todavía no ha recuperado esta legislatura pero desde el feminismo sí se aguardan destaca, además de participar en el melón de legislar la violencia sexual que también ha abordado insistentemente Unidos Podemos, la del aborto libre para chicas de 16 y 17 años.

Aunque en 2014 el PP cedió a la presión del movimiento feminista –haciendo caer al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón– y mantuvo la ley de plazos, pero incluyendo esa limitación que obliga a las menores de esa edad a contar con el consentimiento de un progenitor para interrumpir su embarazo. El PSOE siempre ha reivindicado la vuelta al aborto libre también para ellas.

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