El hermano de Ignacio González, Pablo González, ya ha salido de prisión tras pagar la fianza del nuevo juez del caso Lezo. Manuel García Castellón ha accedido a rebajar la fianza a Pablo González, en prisión desde que fue detenido el pasado 19 de abril. El anterior instructor del caso, el juez Eloy Velasco, le había exigido una fianza de 4 millones de euros para abandonar la cárcel Soto del Real.
González ha abandonado pasadas las 19.50 horas la cárcel de Soto del Real (Madrid) donde ha permanecido 97 días. Está investigado en el caso Lezo por ayudar a su hermano a blanquear dinero a través de varias sociedades. Ambos planearon inversiones con las que aflorar el patrimonio oculto del expresidente de la Comunidad de Madrid, que incluían negocios con el exministro Eduardo Zaplana.
Según el sumario del caso, Pablo ayudaba a su hermano cuando este se quedaba sin efectivo para sus gastos diarios. Él era el encargado de simular los préstamos de su padre, una operativa para blanquear dinero. También era el interlocutor con los empresarios amigos que colaboraban en el blanqueo.
González ha quedado en libertad, pero con algunas medidas cautelares: tendrá que comparecer dos veces al mes en un juzgado, deberá entregar su pasaporte y no podrá abandonar el país. La Fiscalía ha apoyado la rebaja de la fianza.
El juez ha valorado los partes médicos que aportó la defensa de Pablo González y apunta a que las circunstancias han variado desde que fue detenido. Desde entonces se ha llevado a cabo diferentes actuaciones para comprobar los hechos investigados, señala el magistrado en un auto. También ha disminuido el riesgo de que destruya pruebas.
El hermano del expresidente regional está también imputado en el caso Mercasa. Las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil revelan que González conocía el pago de comisiones para conseguir contratos, así como el resto de irregularidades de la empresa pública.
El juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha asumido la investigación de esa causa. El juez del caso Lezo cree que ese motivo supone que en su causa se enfrente a una pena de cárcel menor, lo que implica que las medidas cautelares deben ser menos duras.