Una propuesta sobre libertad de expresión que puede volver a quedar abandonada en la nevera

El martes tocaba secuela en el Congreso. No todos los días se puede ofrecer material original. Se discutía la llegada de una proposición de ley de Sumar para despenalizar las injurias a la Corona y otras instituciones, acabar con el delito por ofensas a la religión y modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo. La trama era idéntica a otras dos proposiciones de años anteriores, la última presentada por Unidas Podemos en la pasada legislatura. No prosperó porque ni siquiera llegó a votarse.

La propuesta acabó en la nevera parlamentaria, donde quedó cubierta de un hielo perpetuo. El PSOE aceptó la toma en consideración para que iniciara su recorrido, pero luego se fue prorrogando el periodo de presentación de enmiendas una y otra vez hasta que finalizó la legislatura en mayo. No es que los políticos sean lentos escribiendo enmiendas y necesiten su tiempo. Era un truco legal para no tener que posicionarse en un sentido u otro en las votaciones.

Enrique Santiago se lo recordó a los socialistas al decirles que esperaba que el marco legal pueda volver a los años del Gobierno de Zapatero, alterados por la reforma del Código Penal de 2015. La intervención de la portavoz socialista hizo pensar que el entusiasmo de su partido por los cambios es bastante escaso, con lo que puede ocurrir que vuelvan a quedar congelados dentro de un cajón.

“La monarquía, la religión y las víctimas del terrorismo no se defienden atacando a la libertad de expresión”, dijo Santiago, que comentó que se trata de “tipos penales imprecisos”, lo que ha dado lugar a aplicaciones muy variadas y en ciertos casos carentes de lógica en el caso de algunos jueces. Recordó el “calvario judicial” por el que pasó el músico Javier Krahe, que estuvo esperando ocho años a que se solventara un proceso judicial por cocinar un cristo, un gesto satírico al que sólo se podía culpar de intención provocadora.

Ese artículo sobre las ofensas a la religión sólo ha servido para convertirse en un arma para el integrismo religioso, dijo el diputado de Sumar, y utilizado para intimidar a los que satirizan la religión. Eso ofende a algunas personas, pero no les da derecho a pedir que se envíe a prisión a los autores de los gestos. Al menos, no estamos en Irán o Arabia Saudí, estados teocráticos.

La derecha en sus distintas versiones lleva años quejándose de la existencia de un lenguaje “políticamente correcto” que marca unos límites que no se pueden traspasar. Se refieren a no hacer chistes que insulten a las mujeres y los gays, por ejemplo. Pero cuando se ponen en escena asuntos como la patria o la religión, de repente pierden toda su presunta pasión por las libertades más absolutas.

De ahí que el portavoz de Vox, José María Figaredo, se quejara de lo contrario. Hay poca gente en la cárcel por estas cosas. “En España poco castigamos a los que subvierten el orden público desde las instituciones”, dijo. No hay prisiones lo bastante grandes para los diputados de Vox.

El Partido Popular también está en contra de la proposición. Subió a la tribuna Sergio Sayas, el extránsfuga de UPN, para oponerse, aunque en realidad habló poco de su contenido. Su discurso no se diferenció en nada de otros de su nuevo partido sobre cualquier otro tema. Lo habitual: indultos a golpistas, Bildu, “lean más la Constitución” y “la mayor amenaza de la democracia es Pedro Sánchez”. Ese disco ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones y por lo visto sirve para todos los guateques.

Sayas definió a EH Bildu como “un partido que no se ha apartado ni un milímetro de la banda terrorista”. Ante todo, la retórica a gritos y totalmente despegada de la realidad que es con la que se hace carrera en la derecha. Si fuera así, seguiría habiendo atentados terroristas, pero el diputado navarro no se ha dado cuenta de la diferencia.

Teniendo en cuenta el precedente de la anterior legislatura, había que estar atento al discurso de la socialista Isaura Leal. Jugó sobre seguro destacando algunas obviedades que son difícilmente discutibles y que sólo permiten deducir cuál será la posición de su grupo.

“La libertad de expresión y la de información no son derechos absolutos”, dijo. Nadie había dicho lo contrario. “La Constitución no reconoce el derecho al insulto”. Ni la española ni la de ningún país. También explicó que la legislación no permite “la incitación al odio”. Claro, por eso existen los delitos de odio. La propuesta de Sumar no se refiere a las penas por esos delitos.

Fue más precisa cuando dijo que “la tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado, como lo es perseguir a los autores de delitos de enaltecimiento del terrorismo”. Hay que suponer que el PSOE se opondrá a eliminar ese delito y sustituirlo por un agravante de otros delitos ya existentes, como reclama la propuesta. Leal afirmó que hay que defender los derechos de las víctimas del terrorismo “por encima de todo”.

Todo es decir mucho, al menos para el Tribunal Supremo. En 2017, anuló una condena a un hombre que había escrito “Viva los Grapo”. “Una cosa es proclamar, incluso vociferar, lo que el sujeto siente, es decir sus deseos o emociones, exteriorizándolos a rienda suelta, y otra cosa que tal expresión se haga para conseguir que el mensaje, al menos indirectamente, mueva a otros a cometer delitos de terrorismo”, dijo la sentencia.

Los mensajes que provocaron el juicio fueron escritos en 2012, muchos años después de la desaparición de ese grupo terrorista, un hecho evidente que quizá un político actual consideraría irrelevante, pero no un tribunal.

Colocar en una posición superior a “todo” a un elemento inevitablemente subjetivo como es el sentimiento de ofensa que puedan sentir las víctimas del terrorismo introduce un elemento de inseguridad jurídica que es como enviarles el problema a los jueces y que se apañen como puedan.

A eso hay que sumar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado español por sentencias que castigaban ofensas al rey o la bandera. A algunos eso nunca les ha preocupado demasiado. Prefieren hiperventilar en el Congreso antes que aceptar el hecho de que la legislación ha propiciado situaciones que los jueces europeos no podían aceptar. De hecho, tampoco los jueces españoles.

El PSOE votó a favor para que la nueva proposición inicie su recorrido parlamentario. A ver cuánto dura en la nevera. Es decir, cuánto tiempo la mantienen allí los socialistas.