La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado dejar en libertad sin medidas cautelares al abogado Gonzalo Boye, que ha declarado como investigado en el marco de una operación por presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego Sito Miñanco, del que fue letrado hasta hace unas semanas. Actualmente es el abogado del expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.
La jueza ha rechazado la petición formulada por la Fiscalía de que Boye compareciera en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. A la salida del juzgado ante los medios de comunicación, Boye ha defendido su inocencia y negado cualquier vinculación con el blanqueo de capitales. “La gente puede disparar lo que quiera contra mí pero lo que no van a encontrar es ningún indicio de criminalidad porque no lo hay”, ha asegurado.
En la causa -que está bajo secreto de sumario-, Boye está imputado por blanqueo tras el testimonio de un supuesto miembro del clan de Sito Miñanco. En una declaración en la Audiencia Nacional vinculó al abogado con la realización falsos contratos de préstamos y pagarés para justificar el origen de 900.000 euros que el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo) le había intervenido en el aeropuerto de Barajas al supuesto colaborador de Sito Miñanco.
A este respecto, Boye ha asegurado que, en su día, el Sepblac consideró que estos hechos no eran constitutivos de delito aunque sí de una sanción administrativa a las personas que fueron descubiertas intentando sacar de España ese dinero. Según fuentes presentes en la declaración, Boye se ha remitido a un escrito que ya presentó en el juzgado respondiendo a las acusaciones y se ha negado a contestar al resto de preguntas hasta que no se levante el secreto de sumario.
A preguntas de los periodistas, Boye ha dicho que confía en que esta investigación no está vinculada con su ejercicio profesional como abogado de Puigdemont. “Quiero creer que no. Creo que no debería ser así. La decisión de la jueza deja muy claro que ella no cree que haya ningún tipo de razón para limitar mi ejercicio profesional ni mis movimientos. Estamos muy contentos”, ha mantenido.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ordenó su comparecencia después de los registros practicados el pasado lunes en Madrid tanto en su domicilio como en su despacho, en los que la policía se incautó del contenido de su teléfono móvil y los correos electrónicos que almacenaba en su ordenador. Este miércoles también han comparecido ante la jueza dos supuestos testaferros.
La investigación por la que ha declarado este miércoles no guarda relación con la defensa jurídica que presta a Puigdemont, contra quien se ha vuelto a emitir una orden europea de detención a consecuencia de la sentencia del procés y que ahora tiene que resolver la justicia belga.
El despacho de Boye asesora legalmente a eldiario.es y también ha defendido al exanalista de la CIA Edward Snowden, ejerce la acusación popular en el caso de las muertes de El Tarajal o promovió una demanda contra EEUU por las torturas de Guantánamo. Boye fue fundador de la revista satírica Mongolia y, entre 2012 y 2017, fue secretario del consejo de este periódico.