El PP no quiere que se conozca públicamente lo que el gobernador del Banco de España tiene que decir sobre la financiación irregular de los partidos políticos. Los conservadores han decidido que Luis María Linde comparezca a puerta cerrada en la comisión de investigación que han creado con su mayoría absoluta en el Senado y en la que la oposición ha rechazado participar por considerarla una “farsa”.
Linde será el único compareciente, al menos por ahora, que lo hará a puerta cerrada, pese a que no lo ha solicitado él. Ha sido la presidenta de la comisión, la senadora del PP María Rosa Vindel, la que lo ha pedido escudándose en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
Esa norma establece en su artículo 82.4 que “las autoridades judiciales que reciban del Banco de España información de carácter reservado vendrán obligadas a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva durante la sustanciación del proceso de que se trate”. Se refiere específicamente a los miembros de las comisiones de investigación para que guarden la reserva: “Vendrán obligados a adoptar las medidas pertinentes que garanticen la reserva”.
La presidenta de la comisión ha justificado su decisión en ese supuesto carácter reservado de la información que Linde puede aportar sobre las condonaciones de deuda a partidos políticos sobre las que el PP le va a interrogar. Aunque no ha querido especificar si los responsables de entidades financieras citados con ese mismo propósito intervendrán a puerta cerrada, Vindel ha asegurado en conversación informal con los periodistas que “hay que distinguir entre entidades privadas y el Banco de España”. El PP ha citado a los responsables de La Caixa, Banco Santander, BBVA y BBK por las condonaciones de deuda al PSOE.
Los conservadores tienen interés en las condonaciones de deuda de los intereses de préstamos adquiridos por el PSOE. Linde no ha podido aportar información tan concreta en la comisión y el PP ha optado por requerir la información correspondiente a las deudas condonadas entre 2004 y 2006. En ese momento, esa información era considerada de carácter reservado. Sin embargo, una modificación legislativa permite que sea remitida al Tribunal de Cuentas si así lo requiere.