Las listas de imputados de Esperanza Aguirre
“Nadie me hace el programa o las listas”, ha clamado Esperanza Aguirre contra el intento de Mariano Rajoy de que cediera ya el control del PP madrileño a cambio de su nominación como candidata a alcaldesa de la capital.
Aguirre, presidenta del PP de Madrid desde 2004, ha sido la máxima responsable de todos los nombres que el PP ha llevado en sus listas. La que presentó a las elecciones autonómicas de 2007 obtendría con los años un récord de imputados. De la lista de 120 presentados, 67 escaños obtenidos, nueve de ellos caerían por corrupción, lo que representó un 13% de su lista global. En 2011 ya solo sobrevivía Francisco Granados, máximo responsable de la operación Púnica.
A pesar de que Aguirre presume de haber nombrado “a más de cuatrocientos y pico cargos, de los que salieron rana dos”, lo cierto es que el ojo de la presidenta del PP a la hora de seleccionar talentos no ha sido tan acertado. En el puesto número tres, detrás de ella y de Ignacio González, iba Granados, que aún tardaría en caer, previo paso por ser apartado en el Senado hasta 2011.
El número seis fue para Juan José Güemes, imputado como el anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por prevaricación y cohecho en relación con la privatización de la sanidad madrileña. El yerno de Carlos Fabra dejó la política en 2010. Pero los tres principales nombres del caso Gürtel en Madrid estaban ya en la lista: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco.
López Viejo, diputado autonómico desde 2003, exconsejero de Deportes de Aguirre luego y viceconsejero de Presidencia, fue la primera víctima de la Gürtel por cobrar comisiones de la trama, a la que adjudicaba la organización de actos. Sobre él penden los delitos de prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude documental. Cuando Aguirre declaró ante el juez, aseguró que nunca había sido un hombre de su “total confianza”.
Benjamín Martín Vasco fue portavoz del grupo y hasta presidió la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el caso de los espías. Alfonso Bosch fue diputado autonómico, además de haber ocupado el cargo de gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Se le imputó por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y asociación ilícita. Los tres retuvieron sus actas para mantener su condición de aforados y pasaron al grupo de no adscritos cuando fueron apartados del grupo del PP.
En los puestos 31 y 48, José María de Federico y Carlos Clemente Aguado. También fueron imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos similares a los anteriores. Clemente fue viceconsejero de Inmigración con Aguirre como presidenta y, según el juez, cobró comisiones de la trama de Francisco Correa. De Federico, que fue alcalde de Colmenar Viejo, también fue imputado por permitir edificaciones en su pueblo en contra de los informes técnicos.
José Ignacio Fernández Rubio, Francisco Acedo y Jesús Gómez son los tres últimos imputados de la lista de 2007. El primero fue alcalde de Las Rozas y se le atribuye un delito de prevaricación. Al segundo, uno contra la ordenación de territorio en Torres de la Alameda. Gómez, al cargo de la alcaldía de Leganés, está imputado por el caso Nóminas.
La lista de alcaldes imputados
La relación de alcaldes de la Comunidad de Madrid con problemas en los tribunales hay que contarla aparte. Cuatro regidores fueron detenidos e imputados en la operación Púnica junto a Francisco Granados: José Carlos Boza, alcalde de Valdemoro; Agustín Juárez, de Collado Villalba; Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco; y David Rodríguez, de Casarrubuelos. Tras sus detenciones, Aguirre insistió en que a ellos no los conocía, porque los habían nombrado los comités electorales locales.
Mucho antes cayeron Arturo González Panero, en Majadahonda, y Guillermo Ortega. El primero, conocido como 'El Albondiguilla' y máxima autoridad en Boadilla del Monte hasta 2009, cobró de la red comisiones por adjudicaciones y está acusado además de haber desviado el dinero así obtenido a Suiza, Panamá y Miami. Ortega, también imputado en la Gürtel, dejó la alcaldía de Majadahonda antes de que saltara el caso; fue colocado en el Mercado Puerta de Toledo.
Los exalcaldes de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda, también dejaron sus cargos al verse implicados en la trama corrupta, de la que se enriquecieron. Ambos pidieron su baja en el PP, lo que Aguirre aplaudió entonces como “una medida encomiable para defender su inocencia”.
Más allá del entramado de la Gürtel y de la operación Púnica, en las listas que Aguirre confeccionó o supervisó hace cuatro años aparecen otra media docena de cargos con problemas judiciales. José Ignacio Fernández Rubio, alcalde de Las Rozas, está procesado por prevaricación por su anterior cargo de alcalde en Guadarrama. Le sustituyó Miguel Rodríguez Bonilla, imputado por prevaricación y malversación.
Miriam Rabaneda, alcaldesa de Pinto; Luis Partida, de Villanueva de la Cañada; Clara Torres, de Torres de la Alameda, y Raúl López, de Coslada, cierran la lista de gobernantes locales con problemas con la justicia.
