El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha dirigido a sus colegas italianos para decirles que el proceso contra Carles Puigdemont sigue en marcha y que no existe ningún tipo de paralización. El magistrado afirma en un oficio remitido al tribunal de apelación de Sassari que “el procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura” de los fugados.
Un oficio en el que Llarena deja claro que la cuestión prejudicial sobre la inmunidad parlamentaria del expresident y la posibilidad de entregarle no paraliza este proceso. “Acompaño la Cuestión Prejudicial planteada en su día ante el TJUE,”, dice, “cuya tramitación no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE”.
Carles Puigdemont fue detenido ayer por la noche en el aeropuerto de Cerdeña y este viernes ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Tendrá que declarar ante el tribunal el sábado. Su defensa afirma que el proceso de extradición no puede seguir adelante al estar pendiente de resolución el litigio sobre su inmunidad parlamentaria y la posibilidad de ser entregado a España por parte de los tribunales europeos.
La comunicación de Llarena lanza un mensaje claro: el magistrado no tiene intención de renunciar al proceso de extradición por el hecho de que los tribunales europeos tengan todavía que tomar una decisión sobre la duda expuesta por el magistrado español. Sólo explica que el procedimiento judicial contra él tendrá que adaptarse cuando llegue una decisión en ese sentido.
Explica Llarena a través del juez José de la Mata, representante de nuestro país en EuroJust, que la orden de detención traducida al italiano será enviada el lunes. Lo que sí adjunta es “la traducción al italiano de la cuestión prejudicial y se participa que se remitirá cuanta documentación sea precisa” en el proceso de extradición.
Extradición y cuestión prejudicial
Dos procesos judiciales discurren en paralelo en el caso de Carles Puigdemont. Por un lado, la orden de entrega emitida por Llarena en 2019 para que sea entregado a las autoridades españolas y juzgado en el Tribunal Supremo. Por otro, la cuestión prejudicial emitida también por Llarena sobre las posibilidades de solicitar la entrega de Puigdemont cuando los tribunales belgas se negaron a entregar al también fugado exconseller Lluís Puig.
Los jueces belgas denegaron en ese momento la entrega de Puig al Supremo al entender que no debía ser juzgado por el alto tribunal sino por un tribunal catalán, entre otros razonamientos. Llarena interpuso hasta siete preguntas al TJUE al respecto y está a la espera de respuesta.