El intento de Llarena de extraditar a Puigdemont encalla en Italia tras naufragar en Alemania y Bélgica
La causa judicial contra el procés ha vuelto a encallar en el extranjero. Los jueces italianos de Sassari han decidido este lunes que Carles Puigdemont quedase en libertad, sin medidas cautelares y que su posible extradición debe esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva una cuestión prejudicial. Un nuevo tropezón internacional del Tribunal Supremo y del magistrado Pablo Llarena después de los fracasos de Alemania y Bélgica que aleja además el desenlace: sería extraño que los jueces de Luxemburgo resolviesen estas cuestiones en menos de un año.
El auto firmado por el magistrado-presidente Salvatore Marinaro tiene apenas cuatro páginas y dedica unos pocos párrafos técnicos y directos a decir lo que muchos sospechaban en Madrid. Dejan el proceso en suspenso “considerando que siguen pendientes las orientaciones sobre la solicitud de nulidad de la revocación de la inmunidad ante el Tribunal General de la Unión y sobre la solicitud preliminar presentada al Tribunal de Justicia” en alusión a la cuestión prejudicial presentada por Llarena.
No es una decisión que haya pillado a nadie por sorpresa en el Tribunal Supremo o en la Fiscalía General del Estado. Desde el momento de la detención de Puigdemont en Cerdeña la noche del 23 de septiembre, distintas fuentes del caso se mostraban poco esperanzadas de que el proceso de entrega fuese a prosperar a corto plazo. El expresident viajó a un país donde la Orden Europea de Detención (OED) no había sido suspendida y diversas fuentes relacionadas con el caso entendieron que lo normal sería esto: que quedase suspendido hasta que la cuestión prejudicial del propio Llarena sobre la negativa de Bélgica a entregar a Lluís Puig quedase resuelta.
El auto de ayer revela que la Fiscalía cree que sí hay doble incriminación y que los delitos de sedición y malversación tiene su encaje en los artículos 241 y 314 del código penal italiano. Este tropiezo no implica, por tanto que Italia no vaya a entregar a Carles Puigdemont para que sea juzgado en nuestro país, pero sí retrasa enormemente ese posible momento.
La cuestión prejudicial fue interpuesta en marzo y el TJUE decidió que no lo iba a tramitar como un asunto urgente, lo que cierra la puerta a tener una respuesta antes del primer trimestre de 2022 a tenor de lo que ha tardado en resolver otras cuestiones prejudiciales. Muchas de estas cuestiones planteadas por España, por ejemplo, en materia de consumo o de productos bancarios abusivos, han sido resueltas en un plazo aproximado de dos años.
El único antecedente del caso no es válido: el mismo tribunal tardó apenas cinco meses en resolver la cuestión prejudicial sobre la inmunidad parlamentaria de Oriol Junqueras en 2019 pero en esa ocasión sí se recurrió a la vía de urgencia. El Tribunal Supremo planteó el caso ante sus colegas europeos en julio de ese año y la sentencia llegó en diciembre, pero en aquella ocasión se tramitó a toda velocidad teniendo en cuenta que Junqueras estaba en prisión y que una decisión podía incluso incidir en su situación procesal.
Otro interrogante que sobrevuela este proceso tiene que ver con Toni Comín y Clara Ponsatí. Unas pocas horas antes de saber que el tribunal italiano dejaba en suspenso la entrega de Puigdemont, el juez Pablo Llarena se dirigía a sus homólogos sardos para recordar que también podían detener y entregar a los dos exconsellers que habían viajado con él hasta allí. Lo ha hecho siguiendo el argumento de que las euroórdenes siguen activas también contra ellos, aunque está por ver si decide dar marcha atrás ante la previsible respuesta de suspender también esos procesos hasta que exista una respuesta a la cuestión prejudicial.
Nuevo fracaso en Europa
El asunto no está completamente cerrado pero la decisión de los jueces de Cerdeña supone un nuevo varapalo para la causa judicial contra el procés fuera de las fronteras españolas después de que Puigdemont y varios antiguos miembros de su Govern optaran por no acudir a declarar a la Audiencia Nacional y, por tanto, fugarse a ojos de la Justicia española. Una negativa que llega después de los portazos de los tribunales alemanes y belgas que retrasan un posible juicio al expresident en el Tribunal Supremo.
El primer revés llegó en julio de 2018 cuando el tribunal alemán de Schleswig-Holstein anunció que entregaría a Puigdemont pero acusado sólo de malversación de caudales públicos. Los jueces germanos llegaron a la conclusión de que no existía, en la causa del procés, la violencia requerida para hablar de un delito de rebelión y dejaban una entrega por malversación que Llarena no podía aceptar. Se materializaban los peores temores del instructor, evidenciados cuando unos meses antes había retirado las euroórdenes en Bélgica: que los jueces de otros países condicionaran su instrucción por rebelión.
El terremoto con más réplicas tuvo lugar el pasado enero, cuando los jueces belgas cerraron definitivamente la puerta a entregar al exconseller Lluís Puig. El juez Llarena decidió que era el momento de involucrar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea elevando una cuestión prejudicial sobre la capacidad de las autoridades belgas para negarse a entregar a un fugado como Puig. Es esa cuestión prejudicial la que ahora, con efecto bumerán, retrasa la decisión de los tribunales italianos sobre Puigdemont.
El ánimo ha cambiado desde entonces. Ni la Fiscalía ni el Tribunal Supremo albergaban dudas en 2018 de que Puigdemont sería entregado por las autoridades alemanas y su arresto un fin de semana en marzo de ese año fue considerado como un auténtico triunfo. Este segundo arresto en Cerdeña, sin embargo, fue recibido con extrema cautela con diversas fuentes del caso reconociendo a elDiario.es que no era ni mucho menos el escenario ideal con la cuestión prejudicial pendiente.
Vox, en la puerta
El partido ultraderechista Vox, que fía a su actividad judicial parte de su proyección pública ante su electorado, protagonizó otro de los grandes tropezones de la mañana. Después de desplazarse hasta Cerdeña con una comitiva encabezada por Marta Castro, vicesecretaria jurídica del partido, ni siquiera pudieron formar parte de la vista y no se les considera parte del proceso de extradición del expresident catalán. El presidente del tribunal sardo tardó apenas un par de minutos en enseñarles la puerta, según fuentes presentes en la vista.
La comitiva estaba encabezada por Castro y formada por tres personas más según las imágenes remitidas por el propio partido político. Los servicios de comunicación de Vox anunciaron que acudiría a la corte de apelación de Sassari “junto a un equipo jurídico italiano (...) para intervenir en la vista que decidirá sobre la extradición de Puigdemont” en la que finalmente no han podido participar.
Su papel como acusación popular en el juicio al procés –muy cuestionado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2019– no les garantiza, por tanto, poder formar parte de la búsqueda y captura internacional, donde se jugará la batalla legal de los próximos años. Entienden el partido de extrema derecha que la misma Ley que les permite ser acusación popular en el Supremo también les permite personarse “en cualquier procedimiento que tenga relación con el mismo”. Ahí somos acusación popular, por qué no lo vamos a ser aquí“, se preguntaba Marta Castro.
No es el primer portazo que recibe Vox en una ramificación de la causa del procés. Ya a principios de año la sala de lo penal del Tribunal Supremo rechazó sus alegaciones sobre los indultos a los nueve condenados por sedición. La Ley que regula el indulto desde 1870 dice claramente en su artículo 24 que el tribunal sentenciador pedirá informes “al Fiscal y a la parte agraviada si la hubiere”, no a la acusación popular del caso.
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