Luis Bárcenas, el hombre que manejó las finanzas del Partido Popular durante casi dos décadas entre 1990 y 2009 —primero como gerente y después como tesorero— parece estar dispuesto a trasladar a la Fiscalía Anticorrupción la información que aún guarda sobre la caja B de los conservadores. Los abogados del extesorero, según publicó este martes El País, se han reunido ya con los fiscales del encargados del caso Gürtel y del caso de la Caja B, a quienes han trasladado la intención de Bárcenas de colaborar a cambio de conseguir beneficios penitenciarios para su mujer, Rosalía Iglesias, que ingresó en prisión este domingo para cumplir la pena de casi 13 años por el caso Gürtel. En su mano está establecer la conexión que aún no han logrado acreditar los investigadores: que los empresarios donaban dinero en negro al PP a cambio de que después se les adjudicasen contratos de obra pública. Hasta ahora, Bárcenas siempre ha negado que fueran donaciones finalistas.
La existencia de una financiación irregular en el PP quedó acreditada en la sentencia sobre la primera época de Gürtel, ratificada hace unas semanas por el Tribunal Supremo, pero es también objeto de otra causa abierta en la Audiencia Nacional. Una parte de este procedimiento, relativa principalmente a la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela, se juzgará a partir del 8 de febrero de 2021. La otra, centrada en la correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas, sigue instruyéndose después de que el juez José de la Mata la reabriera en 2017.
Tras registrar tímidos avances desde entonces, el juez ha encontrado de forma reciente nuevos indicios de pagos en negro al PP a cambio de adjudicaciones. En concreto, el magistrado ha puesto la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cinco donaciones irregulares por un valor superior a 90.000 euros. Dos informes policiales acreditan la relación entre un contrato del Ministerio de Fomento en la época de Mariano Rajoy y otro de la Comunidad de Madrid, cuando era gobernada por Ignacio González, a la constructora de este empresario. De hecho, en un auto del pasado abril, el juez escribió que “existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación”.
Las acusaciones creen que son estos indicios de adjudicaciones de Gobiernos del PP a cambio de donaciones en negro a la caja B los que podría contribuir a apuntalar Bárcenas en caso que se materializara finalmente esta voluntad de colaboración. “Tendría que poner papeles por delante y decir, sin mentiras, por dónde entraba y salía el dinero”, dice uno de los abogados que ejerce la acusación popular.
Se cumplirían de esta forma los miedos de los dirigentes populares, que temían que la entrada de su mujer en prisión le llevase a tirar de la manta. Durante este martes, el partido de Pablo Casado trató de aparentar tranquilidad. La portavoz de Interior, Ana Vázquez, dijo en una entrevista en TVE que cuando una persona está condenada comete “locuras” y “muchísimas estupideces”.
No obstante, los letrados de varias acusaciones coinciden en que el ofrecimiento del extesorero llega “tarde”. Su mujer, ya condenada en firme, sólo podría acceder a beneficios penitenciarios sobre los que el tribunal sentenciador —la Audiencia Nacional, en este caso— tendría la última palabra aunque contara con un informe favorable de la fiscal del caso, Concepción Nicolás. Si Bárcenas hubiera colaborado antes, sí podría haber pactado con las acusaciones una reducción de sus peticiones de pena. “La opción de salvar a Rosalía [Iglesias] tenía más sentido en ese momento”, afirma otro letrado.
Ahora, las fuentes consultadas explican que este ofrecimiento tendría que materializarse, en todo caso, en una estrategia conjunta entre las acusaciones del proceso que continúa vivo y pendiente de juicio sobre la financiación irregular del PP, a quien Bárcenas haría esta hipotética confesión con detalles inéditos hasta la fecha; y las acusaciones de la pieza que ha llevado a la cárcel a Rosalía Iglesias, que solicitarían esos beneficios penitenciarios.
Por ahora, según El País, los abogados de Bárcenas se han reunido con los fiscales, pero no con el resto de acusaciones. Al menos, no con todas. Además, existe la duda de hasta qué punto la colaboración de una persona puede tener efectos sobre la situación de un tercero. “La ley no lo establece pero el tema penitenciario es tremendamente subjetivo. Puede haber formas de hacerlo sin torcer la ley”, dicen fuentes de la acusación.
Una vía cerrada en 2015
Antes de ser reabierta en 2017, la línea del cohecho que Bárcenas podría contribuir a esclarecer había sido descartada en marzo de 2015. La Policía, la Fiscalía y los instructores —Pablo Ruz, primero, y De la Mata, después— concluyeron entonces que no podían acreditar que cada pago en negro se correspondiera a una adjudicación y que, por tanto, no podían acusar de cohecho a los 22 empresarios imputados, entre los que estaban los más importantes constructores del país, por muy demostrado que estuviera que los ingresos anotados por Bárcenas en sus célebres papeles fueran reales.
Solo en un caso, Ruz encontró indicios de una donación finalista y lo envió a un juzgado de Toledo. Se trataba de un presunto pago de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de la gestión de las basuras de Toledo. La Audiencia Provincial cerró el caso en junio de 2019.
La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, que tuvo lugar un año y medio después, acabó motivando la reapertura del caso. El cabecilla de la red —que acumula 79 años de cárcel y todavía se enfrenta a peticiones de pena por 115 más— aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de José María Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular. Correa no ratificó ante el juez De la Mata la declaración que hizo en el juicio tras contratar como abogado a Javier Iglesias, al que Villarejo y otros mandos policiales apodan 'El Largo' y sitúan en el sumario de la operación Kitchen como nexo con Mariano Rajoy.
Aunque Correa se negó a detallar ante el juez las mordidas con destino a Génova que mencionó en su declaración ante el tribunal, esta revelación sí sirvió a De la Mata para reabrir una investigación de la que no ha habido demasiados avances hasta fechas recientes. Pero las últimas diligencias acordadas por el juez el pasado abril ya han comenzado a dar sus frutos: dos informes policiales recientes muestran la conexión de una adjudicación del Ministerio de Fomento de Álvarez Cascos y otra de la Comunidad de Madrid de Ignacio González al empresario Rafael Palencia, que ingresó más de 100.000 euros a la contabilidad paralela del partido. Las acusaciones populares esperan que la colaboración de Bárcenas, si finalmente se materializa, permita apuntalar esta y otras supuestas conexiones entre las adjudicaciones de obra pública y las donaciones opacas al partido.