Cuando el líder del Partido Popular, Pablo Casado, anunció el pasado 16 febrero que la formación conservadora abandonaría su histórica sede de la calle Génova de Madrid con el fin de romper con el pasado corrupto del que formó parte el icónico edificio, desde la dirección de los populares insistieron que la mudanza sería “inminente” y que se produciría “cuanto antes”. Sin asumir más responsabilidades, la marcha de la sede fue la única decisión interna adoptada por Casado tras la debacle registrada por el PP en las elecciones catalanas, en las que obtuvo el peor resultado de su historia y fue superado, por primera vez en unos comicios, por la extrema derecha de Vox.
Mes y medio después del polémico anuncio, no solo aún no se ha producido el traslado sino que el equipo de Casado sigue sin concretar el nuevo emplazamiento, y ni siquiera ha explicado si la actual sede saldrá a la venta, se optará por ponerla en alquiler o se buscará su recalificación para darle, por ejemplo, un uso de viviendas. “Cuando haya novedades informaremos”, se limitan a señalar una y otra vez las fuentes oficiales de la dirección del Partido Popular que, al ser preguntadas por el lugar en el que estará la nueva sede, insisten en que “no hay una decisión tomada al respecto”.
Dirigentes populares consultados por elDiario.es atribuyen ese retraso a las luchas internas que padece la formación conservadora desde hace semanas y de las que responsabilizan al secretario general del PP, Teodoro García Egea, que es a su vez el encargado por Casado para gestionar la salida de Génova 13. El número dos del partido, apuntan esas fuentes, ha estado “centrado” en apagar los fuegos internos surgidos en el último mes y medio y que han enfrentado a la dirección nacional del PP con los barones territoriales con mayor peso institucional.
Uno de ellos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo –el único dirigente autonómico que gobierna con mayoría absoluta–, considerado como el contrapeso interno de Casado y al que se identifica con un perfil más moderado al de la dirección estatal, ya expresó sus reticencias al cambio de sede nada más ser anunciada por el líder nacional de su partido. “Si cada vez que un partido tiene problemas con algunas personas se tiene que ir del lugar en el que está, es que igual aquí no quedaba ninguna sede”, lamentó en TVE.
Otros dirigentes consultados por elDiario.es también se mostraron entonces “escandalizados” por la decisión de Casado de dejar Génova 13. “¿Qué culpa tendrá la sede de que haya habido corruptos?”, se preguntaron. En privado, estos cargos populares aseguraron que los barones estaban muy disgustados con la gestión del líder nacional del PP que, según ellos, “camina sin rumbo” como máximo jefe de la oposición.
Los problemas de tesorería
En distintos sectores del partido no gustó nada que Casado tratara de ceñir la marcha de la sede nacional a una ruptura con el pasado corrupto del partido. “No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales”, dijo el líder del PP, haciendo alusión al juicio sobre la llamada caja B que se está celebrando desde hace varias semanas en la Audiencia Nacional, y en el que han declarado como testigos José María Aznar, Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal, entre otros exmandatarios del PP. Los dirigentes consultados insisten en que, en realidad, detrás del traslado solo había razones económicas.
García Egea, el encargado de la mudanza, reconoció esos problemas de tesorería días después del anuncio de Casado. “Nosotros hemos pagado ya muchas hipotecas. Hay una hipoteca que hemos pagado y que estamos pagando, que es la de este edificio, y luego hay otras hipotecas que estamos pagando por personas que se aprovecharon de nuestras siglas en beneficio propio”, aseguró en una entrevista en La Sexta. “Queremos cancelar las dos, la de la sede y las otras”, concluyó el 'número dos' de Casado. Según él, pese a las deudas, “la sostenibilidad financiera del PP está hoy plenamente garantizada”.
Las últimas cuentas publicadas por el partido, correspondientes al ejercicio de 2019, evidencian sin embargo los problemas financieros por los que atraviesa el PP desde 2018, tras acumular sucesivas derrotas electorales que han mermado sus ingresos públicos, y que, sin embargo, podrían ser ahora atajados con la venta de la sede de Génova 13. Según esas cuentas, al cierre de 2019 la formación debía a los bancos más de 38 millones de euros en distintos créditos e hipotecas.
La cifra es similar a la que el PP podría recibir en el caso de optar por vender su histórico edificio, según el portal idealista. Sus estimaciones apuntan a que, teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario en la capital, el precio de venta de la sede alcanzaría los 36 millones de euros. Siempre según el citado portal inmobiliario, el PP podría pedir 30 millones por la transacción de las oficinas, distribuidas en nueve plantas, y otros seis millones de euros por las 93 plazas de garaje. En total, el edificio dispone de 10.243 metros cuadrados.
Al margen de las diferencias internas por la salida de Génova 13, en las últimas semanas han quedado en evidencia nuevas discrepancias entre la dirección de Casado y algunos de sus barones, principalmente por las prácticas “autoritarias” que le atribuyen varios dirigentes, precisamente, a García Egea. El secretario general fue el encargado de comandar la operación para convencer a los tránsfugas de Murcia para hacer descarrilar la moción de censura contra el presidente popular, Fernando López Miras, que ya generó suspicacias internas.
Enfrentamientos con los barones
Y, desde la semana pasada, los movimientos internos de García Egea le han enfrentado, por distintas razones, con tres barones de peso que, además, tienen responsabilidades institucionales: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
Las diferencias con la candidata madrileña a la reelección se dieron por el fichaje del exdirigente de Ciudadanos, Toni Cantó, para la lista de los comicios del próximo 4 de mayo, que fue negociada directamente por el número dos de Casado. Los populares madrileños aseguraron que el de Cantó fue un fichaje ordenado “desde arriba”, en alusión a la dirección de Casado, y que se produjo sin que la propia Ayuso, candidata a la Presidencia y número uno de la lista en la que irá el exdirigente de Ciudadanos, hubiera dado su aprobación final.
La presidenta madrileña, no obstante, aceptó finalmente incorporarlo como número cinco y este miércoles, durante la presentación de su candidatura, quiso dar por zanjada la crisis interna alabando al exdirigente de Ciudadanos al que consideró “un activo valenciano muy especial”, que puede ofrecer “mucho y bueno” al PP. “Es un hombre que defiende con pasión sus ideas y que no duda en dar todas las batallas contra cualquier injusticia cometida por los nacionalistas, los extremistas o los demás enemigos de la libertad”, concluyó.
Los enfrentamientos del equipo de Casado con Moreno Bonilla y Fernández Mañueco tienen que ver, en cambio, con el intento de la dirección de Casado de colocar al frente de los territorios a dirigentes afines a Génova 13. La dirección del PP de Andalucía se siente víctima de una “inexplicable lucha de poder orgánico” ante las maniobras que atribuye al secretario general nacional para tratar de hacerse con el control de los populares andaluces, que se escenificaron en los congresos celebrados en Málaga –a principios de mes– y en Sevilla –el sábado pasado–. En esta última, las diferencias por la elección de la presidenta provincial, Virginia Pérez, afín a Casado, entre acusaciones de irregularidades, hicieron que Moreno Bonilla –partidario de otro candidato, el alcalde de Carmona, Juan Ávila– plantara a García Egea en el congreso provincial, al que el presidente de la Junta decidió no asistir.
En las filas del PP existe además un creciente runrún acerca de una supuesta intención de Génova 13 y, en concreto, del propio Teodoro García Egea, de iniciar un proceso de sucesión al frente del partido en Castilla y León para expulsar al actual presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, considerado de un sector más moderado que el de la dirección nacional del PP. Todo ello a pesar del apoyo explícito que le dio Casado la semana pasada, una vez fracasada la moción de censura en su contra.
Todas estas maniobras del secretario general, unidas al adelanto de las elecciones en la Comunidad de Madrid, estarían entre las razones por las que, según dirigentes populares consultados por este diario, aún no se ha avanzado en el traslado de sede anunciado por Casado el 16 de febrero, y que en ese momento se trató de vender como un movimiento inmediato.