Un nuevo informe de la Policía enviado al juez del caso mascarillas apuntala los indicios contra Luis Medina y Alberto Luceño respecto al delito de estafa que perpetraron presuntamente con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia del coronavirus. Consciente del desorbitado beneficio que habían obtenido, Medina escribe un whatsapp a Luceño el 14 de julio de 2020 proponiéndole completar el contrato sobre honorarios y comisiones que debían presentar a sus bancos por separado: “Alberto eeeeeh, una cosa eeeh, ¿no crees que es mejor que las IMFPA'S las hagamos separadas de cara a aquí y a nuestros bancos de cada uno para que no vean, que sabes que el beneficio tuyo y mío es tan grande (...) van a decir hostia, pero que tipo de pelotazo es este, sabes?”.
“Estas manifestaciones resultan el punto de partida de un intercambio de los mencionados IMFPAs con diversas versiones y modificaciones para ejecutar el plan pactrado. A pesar de que, como se ha expuesto, dicho extremo no se lleva a cabo por los investigados, sí se observa con claridad el pleno conocimiento de lo comprometido de la operación comercial, mostrando su ánimo de ocultar y distraer el monto global de lo percibido respecto de una sola operativa de venta”, escriben los investigados en el atestado policial al que ha tenido acceso elDiario.es, elaborado a partir de los mensajes incautados en septiembre pasado a Luceño en los registros de su casa y empresa.
La problemática trascendía los bancos españoles. Los policías constatan un requerimiento de MayBank, el banco al que el Ayuntamiento remitió los más de 11 millones de euros por la compra del material, que la entidad realiza a San Chin Choon, el supuesto empresario malayo al frente de Leno, la sociedad que obtuvo el material de China y lo remitió a Madrid. El banco “demanda una explicación al hecho de que las comisiones de los agentes españoles supongan el 59,8% y el 70,95% del valor de los productos respectivamente”, se recoge en el informe de la Policía Nacional.
Conscientes de la situación, Luceño y Medina comenzaron a valorar utilizar “la puerta trasera” para lograr ingresar las comisiones que demandaban insistentemente a Leno y que no llegaban. “Dicho método, acorde a lo conversado, no sería otro que pagar una cantidad indeterminada de dinero a entidades públicas o privadas, competentes para la cancelación del expediente que mantendría el capital inmovilizado para que el mismo se libere y se pueda transferir”, añade el atestado.
En este sentido, Luceño le pregunta a su socio chino al que llama Anthony: “Luis me pregunta si lo hacemos por la puerta de atrás, cuánto tiempo tardaremos en recibir el dinero que falta. En resumen, Luis quiere recibir su dinero lo antes posaible, así que, con tus conocimientos, dime cuál es la fórmula más rápida y necesito un plan de fecha spara poder dárselo (...) Respecto al dinero de Luis, ¿cuánto dinero habría que dejar por la puerta de atrás?”
El tal Anthony le contesta que no sabe “cuánto se necesita para llegar a un acuerdo”. Añade que había hablado con Leno (San Chin Choon) y que éste está dispuesto a ayudar: “No le importa abrir el expediente, pero sabemos que creará problemas en España (...) Así que los cientos de veces que se sobrepasa el precio pueden crear más problemas al final. A menos que Españ esté preparada para responder y exculpar las sospechas de corrupción. De todos modos, Leno dijo que averiguará cuánto hay que dar para cerrar el caso”.
Por otra parte, los investigadores encontraron en los registros a Luceño facturas en formato digital emitidas y cobradas antes de que la empresa que las emite, Takamaka Invest SL, estuviera constituida. De hecho, la fecha de emisión de las facturas es tres meses posterior a la recepción de las comisiones. Estos hechos, concluye la Policía, “desvirtuarían la realidad del negocio acometido”.
“Todo ello, en adición a los diferentes elementos expuestos a lo largo del presente informe viene a mostrar el ánimo de ocultación y engaño de los interlocutores en lo referente a muchos extremos que componen la operativa comercial investigada en la actual causa judicial”, concluyen.
El juez de Madrid que investigaba a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina propone juzgarles por la supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en las primeras semanas de la pandemia en 2020. El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado, que es previo a la apertura de juicio oral, en el que atribuye indiciariamente a ambos los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil. A Luceño le imputa, además, el delito de falsedad en documento público –en relación con todos los documentos falsos de funcionario que se describen en esta información– y delito fiscal.