Siete meses de duración, 24 acusados, centenares de testigos y peticiones de condena que suman más de cien años de cárcel. Son las principales cifras del mayor juicio contra la corrupción que prevé celebrarse en Baleares en los próximos meses, el relativo al presunto entramado mafioso urdido, según la Fiscalía, con el objetivo de salvaguardar los negocios del considerado rey de la noche mallorquina, Bartolomé Cursach. Y ya tiene fecha: salvo cambio modificaciones de última hora -y con varias peticiones de nulidad planeando sobre el procedimiento judicial-, la vista oral arrancará el próximo 13 de junio y finalizará el 13 de enero de 2023. Tan solo un mes más de lo que duró otro juicio histórico, el del caso Nóos que, hace siete años y también en Palma, sentó en el banquillo a la Infanta Cristina y a Iñaki Urdangarin.
Tras múltiples avatares (uno de ellos inédito tanto en Baleares como a nivel nacional: la abstención en bloque -y sin éxito- de los seis magistrados que integran la sala que debe juzgar el caso Cursach), la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, mediante una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ha fijado las fechas en las que prevé acoger las numerosas jornadas del macrojuicio -exceptuando agosto, mes inhábil para la celebración de juicios ordinarios-.
En el banquillo se verán las caras el magnate mallorquín -quien comenzó su trayectoria como recogepelotas de tenis y acabó capitaneando las mayores discotecas de Baleares, gimnasios, hoteles e incluso una desaparecida aerolínea bautizada con sus siglas-, su mano derecha, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados, entre quienes se encuentran los mandos y policías locales que presuntamente fueron agasajados con servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes a cambio de auspiciar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach y de castigar a su competencia.
En un escenario que muchos califican de inédito tanto dentro como fuera de las islas, y mientras el macrojuicio ya tiene fecha, se dirime en paralelo el desenlace de otra causa que durante los últimos dos años se ha centrado, paradójicamente, en destapar las presuntas prácticas ilegales que, durante la instrucción del caso Cursach, habrían desplegado a su vez el juez que investigó la trama, Manuel Penalva, el entonces fiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro integrantes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional -dos inspectores, un subinspector y un agente-, cuyo objetivo, según los investigadores de este caso, iba dirigido a reforzar sus tesis y allanar futuras condenas.
Aunque a lo largo de estos años algunas acusaciones que pesaban sobre Cursach han ido decayendo -se vio investigado por un rosario de delitos que incluían, entre otros, extorsiones, amenazas, detenciones ilegales, corrupción de menores, narcotráfico e incluso un homicidio, delitos que acabaron costándole su detención y su ingreso en prisión provisional sin fianza el 3 de marzo de 2017-, el empresario afronta ahora una petición de ocho años y medio de prisión por presuntos ilícitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo.
Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, les acusa de integrar una presunta trama de extorsiones y tratos de favor mientras los procesados apelan a la nulidad de la causa a tenor de lo investigado en torno a quienes pusieron el foco sobre ellos.
“De manera continuada y permanente y, al menos desde el año 2000 hasta 2016, los acusados que ejercían cargos y funciones de responsabilidad en los negocios y locales de ocio del Grupo Cusach Ocio dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar y obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas y cuestiones que podía afectar a la marcha de sus negocios. (...) Al mismo tiempo, los responsables del grupo empresarial, como medio de presionarles en su decisión, trasladaban a los funcionarios la idea de que, de no avenirse a aceptar los regalos y su contrapartida de una actuación irregular, sufrirían represalias de toda índole”, arranca el escrito de la Fiscalía.
A partir de ahí, el Ministerio Público relata toda una serie de actuaciones, que, entre otras, incluían pagos en efectivo, cestas de navidad, cajas de Moët & Chandon, pases VIP para el macrogimnasio Megasport -una de las instalaciones de referencia del grupo, adonde, durante años, acudió frecuentemente el expresidente del Govern balear Jaume Matas, condenado en varias ocasiones por múltiples fraudes y sobrecostes cometidos bajo su mandato en su apuesta por los macroproyectos y las obras colosales-, servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes que se dispensaban “gratuitamente” en sus establecimientos y discotecas.
Según Anticorrupción, los encargados del buque insignia del Grupo Cursach, la discoteca Tito's -el que fuese “el más famoso 'night club' del Mediterráneo”, según el anuncio con el que el templo del Paseo Marítimo de Palma fue puesto a la venta en octubre de 2020-, se prestaban a ejecutar tales órdenes e instrucciones mientras jefes, mandos intermedios y agentes de la Policía Local Palma se beneficiaban de las prebendas que “se dispensaban gratuitamente en fiestas privadas de la zona VIP” de la Tito's, unos hechos que siempre han negado tajantes los integrantes de la supuesta trama.
En el marco de estas investigaciones, comenzaron a desfilar ante el juez Penalva y el fiscal Subirán varios testigos que llevaron al caso Cursach a adquirir proporciones descomunables. Entre las acusaciones vertidas se encontraba incluso la de haber suministrado droga hasta la muerte a un extrabajador para evitar que salieran a la luz supuestas fotografías para probar conductas pedófilas -hechos de los que finalmente Cursach fue exculpado-, además de narcotráfico, corrupción de menores, extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de influencias o delitos contra los derechos de los trabajadores, delitos que finalmente acabaron archivados.
En medio de esa ristra de acusaciones a sus espaldas y de la amplia expectación generada por las acusaciones vertidas por tales testigos, el 28 de febrero de 2017 llegaba “el día D hora H” –como se referirían a esa jornada Penalva y Subirán en el chat de Whatsapp que entonces mantenían abierto y en el que se hacían llamar 'Los intocables'–: el todopoderoso Cursach y su número dos eran detenidos y, tres días después, enviados a prisión sin fianza.
Tan solo dos semanas más tarde eran arrestados el director de Tito's, Jaime Lladó, el exjefe de camareros de Tito's, Arturo Segade, y otro extrabajador de la discoteca. Decenas de policías locales llevaban ya meses encarcelados, varios de ellos dispersados en prisiones de la península como Estremera y Albocàsser.
Sin embargo, el hecho de que el secreto de sumario del caso Cursach se prorrogase una y otra vez -viéndose con ello las defensas imposibilitadas a tener acceso a las investigaciones- mientras salían en prensa las actuaciones judiciales que se estaban realizando o que comenzasen a trascender las supuestas presiones a las que juez y fiscal habían sometido a investigados y testigos para obtener declaraciones incriminatorias contra el presunto entramado mafioso, desató todo tipo de reacciones que comenzaban a plantear dudas sobre cómo se había instruido la causa.
La situación llegó a tal extremo que Penalva acabaría recusado y apartado de las investigaciones en marzo de 2018. Subirán, por su parte, se acogería a una baja laboral apenas unos meses después y sería definitivamente apartado de las pesquisas en octubre de ese año. Ambos serían finalmente imputados por su papel al frente del caso Cursach en una causa en la que la Fiscalía de Madrid y hasta ocho informes de la Policía Nacional han cuestionado con dureza la instrucción que Penalva, Subirán y los cuatro integrantes de Blanqueo con los que colaboraban llevaron a cabo.
El exjuez y los cuatro policías se encuentran a las puertas del banquillo -la imputación del exfiscal Subirán fue archivada de forma provisional después de que este alegase padecer un trastorno de estrés postraumático que, según asegura, le impide afrontar con garantías su derecho de defensa- con la controversia nuevamente servida: mientras el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Carlos Gómez, considera que todos ellos cometieron el único ilícito de filtrar información secreta a la prensa y no hacer nada para evitarlo, hechos por los que sí considera que deben ser juzgados, una treintena de acusaciones particulares -entre ellas, la ejercida por Cursach, su exnúmero dos y el resto de acusados del caso Cursach- y los fiscales de Madrid sostienen que las actuaciones que desplegaron ambos juristas fueron mucho más graves: aleccionaron a testigos protegidos, practicaron detenciones ilegales y prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados.
Mientras tanto, la causa por la que Cursach y los otros 23 acusados que deberán acompañarle en el banquillo continúa viva y a punto de ser juzgada. En un procedimiento judicial colmado de vuelcos y vicisitudes, algunas de las partes personadas creen que la vista oral apenas se prolongará unas semanas. Otras, incluso, confían en que el juicio llegue a anularse porque, como considera uno de los acusados en su escrito de defensa, el caso fue “un auténtico fraude, una ficción malvada, un artificio de principio a fin”.