Un juzgado de Madrid abre una investigación al Gobierno tras una denuncia por permitir las marchas del 8M

La titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido abrir una investigación tras la denuncia realizada por el abogado Víctor Valladares contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, por haber permitido las manifestaciones del 8M que tuvieron lugar en las principales ciudades españolas.

Según fuentes judiciales, la denuncia se justificó porque el Ejecutivo no prohibió “concentraciones multitudinarias entre el 5 de marzo y el 14 de marzo del año presente, a pesar, dice la denuncia, de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, de 2 de marzo”, ante el agravamiento de la epidemia del coronavirus COVID-19.

La jueza, que fue asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha incoado por ello diligencias previas respecto al delegado de Gobierno de Madrid,el socialista José Manuel Franco, al ser el único sobre el que tiene competencia, instando al denunciante a que, si lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

Las fuentes judiciales precisan que las presentes diligencias previas se incoan frente al delegado de Gobierno de Madrid “por un presunto delito de prevaricación administrativa y o lesiones por imprudencia profesional”.

En el marco del procedimiento, la juez ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.