Una jueza apunta a tres empleados de confianza del PP como posibles encubridores en el 'caso Bárcenas'
Las maniobras en el seno del PP para entorpecer la investigación del ‘caso Bárcenas’ están desde el pasado viernes más cerca de ser investigadas en un juzgado de Madrid. La magistrada Josefa Bustos ha ordenado incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por una acusación popular contra Antonio de la Fuente, exjefe de seguridad del PP y cuñado de Luis Bárcenas; la secretaria de este último, Estrella Domínguez; y el responsable de informática del partido, Javier Barrero. Los tres son señalados en la querella de Observatori Desc como posibles responsables de un delito de encubrimiento por haber impedido que distintos documentos originales fueran “conocidos y valorados” por el juez del ‘caso Bárcenas’, Pablo Ruz.
En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, la titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid afirma que los hechos trasladados por los querellantes “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. El Código Penal no incluye a las personas jurídicas como posibles autores del delito de encubrimiento, por lo que la querella fue dirigida contra los tres relevantes empleados de Génova y no contra el Partido Popular.
El cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, firmó un escrito presentado por el PP a Ruz en el que admitía haber destruido el libro de visitas de la sede de Génova amparándose en la Ley de Protección de Datos. Con ese registro, los investigadores podrían haber conocido la presencia en el edificio de empresarios que aparecen como donantes en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ y que luego fueron adjudicatarios de contratos con la Administración. En su declaración del pasado 30 de septiembre, De la Fuente dijo a Ruz no recordar apenas nada de lo que eran sus competencias en 23 años como jefe de seguridad, ni haber visto a la inmensa mayoría de los empresarios por los que se le preguntó.
A resolver esa presunta financiación irregular del PP hubiera contribuido igualmente el contenido de las agendas de su extesorero Luis Bárcenas. Sin embargo, su secretaria en el partido, Estrella Domínguez, declaró ante Ruz haberse deshecho de las agendas de su anterior jefe a finales de 2012, al considerar que “ya no tenían importancia”. Domínguez lleva 38 años trabajando para los conservadores y asistió a Bárcenas durante 15.
El PP, además, entregó al juez dos ordenadores que habían sido utilizados por Bárcenas, uno formateado y el otro sin disco duro. El responsable del sistema informático del partido tampoco adoptó “cautela alguna” para evitarlo, denuncia Observatori Desc. Y eso que el borrado se realizó, según la Policía, seis días después de que Bárcenas entrara en prisión y muchos meses después de que fuera público y notorio que se le estaba investigando en relación con la presunta financiación irregular del partido. Barrero negó a eldiario.es ser el responsable del borrado de los discos duros.
Por todo ello, la acusación popular afirma en su querella que De la Fuente, Domínguez y Barrero, “con su comportamiento, y a sabiendas de la gravedad de los delitos por los que se investiga a Luis Bárcenas, impidieron que tales documentos originales fueran conocidos y valorados por el juez instructor, el ministerio Fiscal y las otras partes personadas” en el 'caso Bárcenas'.
Una segunda querella
La acusación popular encabezada por Izquierda Unida también ha presentado una querella en los juzgados de Madrid en relación con el ‘caso Bárcenas’. El hecho objeto de la misma es la destrucción de los discos duros por parte del PP y esta vez sí va dirigida contra el partido, ya que el delito informático es atribuible a una persona jurídica. La querella de IU solicitaba también la declaración como imputada de la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, a la que atribuye un posible delito de encubrimiento. La querella de IU ha sido enviada al juzgado de Collazos, que aún no se ha pronunciado sobre la misma.
En su auto del día 25, la titular del Juzgado de Instrucción 49, Josefa Bustos, requiere a su colega del 32 que le remita “certificación acreditativa” de los hechos que puso en su conocimiento el juez Ruz. Cuando la reciba, Bustos decidirá si inhibirse a favor del Juzgado 32, admitir a trámite la querella de Observatori Desc o rechazarla, aunque ya dice en su auto del pasado 25 que detecta indicios de delito.
La decisión de la jueza Bustos se conoce al día siguiente de que la Fiscalía de Madrid informara en contra de investigar la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP. El Ministerio Público también tiene la posibilidad de recurrir el auto de la jueza Bustos en los próximos días.
