Madrid Central, la zona de bajas emisiones diseñada por la exalcaldesa Manuela Carmena en el año 2018, entrará en 2022 con un nuevo nombre y varias modificaciones que permitirán 45.000 vehículos más, tras la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad de José Luis Martínez Almeida y una serie de vaivenes judiciales.
Ahora Madrid Central se llama Distrito Centro y los comerciantes gozan de derechos análogos a los de los residentes, pero el perímetro del área y la mayoría de las restricciones no han sufrido modificaciones.
Y ello a pesar de que el Tribunal Supremo ratificó la anulación de la medida, salvada en última instancia por la misma persona que la llevó a los juzgados y que prometió derogarla en la campaña electoral de 2019: el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP).
La noticia de la definitiva anulación cayó como una bomba el 11 de mayo, aunque el Supremo no hizo sino confirmar, mediante la inadmisión de un recurso de Ecologistas en Acción, lo que ya había dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en julio de 2020: anular Madrid Central por defectos formales, al no cumplir el trámite esencial de información pública y la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.
De primeras, cundió el caos: el Gobierno municipal del PP y Cs recomendó a los ciudadanos actuar como si Madrid Central siguiese vigente y cargó las tintas contra el anterior equipo de Manuela Carmena por lo que consideraban una “chapuza”. Además sostuvo, en un primer momento, que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado -un total de 1.393.000- no se devolverían.
Apenas dos días más tarde, Almeida anunciaba la paralización provisional de la imposición de multas, aunque las cámaras siguieron encendidas para registrar a los potenciales infractores.
Entonces el alcalde dijo que se estaba ultimando la presentación de un incidente de ejecución de sentencia -que luego quedó en el cajón durante meses- ante el TSJM para que este aclarase si, una vez ratificada la anulación de la zona de bajas emisiones, debía frenar la tramitación de las sanciones con carácter inmediato.
Mientras tanto asomaban las primeras tangentes judiciales: el 19 de mayo un juzgado de la capital anuló dos multas impuestas después de la primera sentencia anulatoria del TSJM.
La situación obligaba al Gobierno municipal a acelerar la elaboración de su ya planificada reforma de la ordenanza de movilidad sostenible, con el fin de que entrara en vigor antes de que el Ayuntamiento se viera obligado a ejecutar el fallo del Supremo.
La nueva ordenanza de movilidad
El anteproyecto de la norma fue aprobado por la Junta de Gobierno el 27 de mayo, y planteaba un Madrid Central con modificaciones menores. Se introducía una nueva figura, la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), que en principio serían Plaza Elíptica y Distrito Centro, copiando esta última el perímetro de Madrid Central.
Las novedades en esta zona de bajas emisiones eran equiparar a los 15.000 comerciantes de la zona con los residentes; permitir la circulación de motos una hora más, hasta las 23:00 horas (lo cual no se incluyó en el texto definitivo), y retrasar al 31 de diciembre de 2022 la limitación de acceso a los vehículos de mercancías con distintivo ambiental B y de más de 3.500 kilos de peso, dando un año más de margen de lo inicialmente previsto.
La propuesta encontró el esperado rechazo de la izquierda (Más Madrid y PSOE) pero también el de Vox, socio de investidura del Gobierno municipal, que entendió como una traición que Almeida faltara a su palabra de derogar Madrid Central.
Esto no sólo complicaba la aprobación de la ordenanza, sino que fue el germen de la fractura entre Almeida y el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, un desencuentro que ha marcado el segundo semestre político del año en el Ayuntamiento y amenaza con condicionar lo que queda de legislatura.
Pero el alcalde encontró un aliado inesperado: a falta de los cuatro votos de Vox, consiguió los de los cuatro concejales que meses antes habían abandonado Más Madrid -todos ellos antiguos miembros del Gobierno de Carmena- y que en verano porfiaban por constituirse en grupo mixto.
Solventados los obstáculos judiciales a su creación, el grupo mixto respaldó a Almeida y la reforma de la ordenanza, y con ella Distrito Centro, vieron la luz el 13 de septiembre, cinco días antes de acabar el plazo que el TSJM le había dado al Ayuntamiento para ejecutar la anulación de Madrid Central.
La ordenanza entró en vigor el 22 de septiembre, si bien Distrito Centro no comenzó a estar operativa desde el primer momento. A pesar de la estrecha similitud con la precedente zona de bajas emisiones, el Ayuntamiento tardó dos semanas en actualizar el sistema de cámaras, y luego hubo una ‘fase de preaviso’ de dos meses durante la cual los infractores quedaban registrados pero no se los multaba, recibiendo sólo una notificación por carta.
Así las cosas, Distrito Centro está a pleno rendimiento desde el 11 de diciembre, tras una ‘fase de preaviso’ en la que se remitieron 87.667 cartas a infractores que, en condiciones normales, habrían sido sancionados con una multa de 90 euros (45 por pronto pago).
El Consistorio ha destacado que, pese a que el tráfico de la ciudad estaba ya en los niveles previos a la pandemia, la media diaria de accesos indebidos descendió ya en octubre respecto al mismo mes de 2019.
El mapa de novedades de movilidad ha quedado completo a final de año: el 22 de diciembre entró en funcionamiento la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica (también con una ‘fase de preaviso’ de dos meses), y desde este sábado, 1 de enero, los turismos sin distintivo ambiental de los no empadronados en Madrid tendrán prohibida la circulación por las vías del interior de la M-30.
Tampoco parece que Distrito Centro y la nueva ordenanza vayan a tener una existencia plácida. Vox y Más Madrid han abierto la vía judicial contra la norma y, aunque la paralización cautelar que pidió Vox ya ha sido rechazada, la amenaza de un nuevo litigio penderá en el aire por ahora.