El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid mantiene abierta una investigación en la que trata de determinar si al menos medio millar de títulos de Derecho fueron otorgados por la universidad pública Rey Juan Carlos de forma irregular a ciudadanos italianos, según fuentes próximas a la investigación.
Los futuros abogados habrían acudido a la universidad madrileña con el objetivo último de colegiarse en España, concretamente en el Colegio de Abogados de Madrid, ante las enormes dificultades que supone hacerlo en Italia, precisan las citadas fuentes. Además, con el título de la URJC evitaban cursar el máster en Ciencias Jurídicas que se exige en Italia para ejercer y que ronda los 18.000 euros. Las fuentes consultadas cifran en menos de la mitad la cantidad media que los investigados pagaban en España.
Se trataba, según las fuentes consultadas, de obtener una convalidación de los estudios realizados en Italia por una parte de la licenciatura de Derecho seguida de un posterior examen o prueba de conjunto en la Universidad Rey Juan Carlos. Los títulos eran otorgados por el disuelto Instituto de Derecho Público de la URJC, al frente del cual estaba Enrique Álvarez Conde, principal imputado del caso Cifuentes y de la pieza separada que investiga el curso del presidente del PP, Pablo Casado.
Los investigadores han detectado viajes de los licenciados en Derecho italianos a España para supuestos exámenes en la Rey Juan Carlos sin tener apenas conocimientos de español. Eran viajes relámpago en los que algunos hicieron coincidir partidos del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, correspondientes a la Champions League, según las fuentes consultadas por eldiario.es.
La investigación arrancó hace al menos nueve meses, antes de que estallara el caso Cifuentes, a raíz de la solicitud masiva de documentos de identidad para extranjeros por parte de un representante legal de nacionalidad marroquí ante la Policía. La Brigada Provincial de Extranjería comenzó entonces a tirar del hilo. Este ciudadano marroquí y otras personas también pidieron los NIE en el consulado español en Italia, precisan las fuentes consultadas.
Más tarde, la Policía comprobó que también el Colegio de Abogados de Madrid había procedido a inscribir a numerosos ciudadanos italianos con la simple presentación de documentos por vía telemática. Con el máster y la colegiación, los ciudadanos italianos ya podían ejercer en toda Europa, incluido su país, donde hay un cupo de letrados ejercientes que no puede ser rebasado. De ahí, la dificultad para acceder a la carrera en el país transalpino. La investigación, adelantada por la Cadena Ser, se centra en medio millar de presuntos títulos fraudulentos.
Denuncia previa
En julio de 2016, el Observatorio contra la Corrupción denunció ante la Fiscalía de Madrid este supuesto fraude en la convalidación de los títulos de licenciado en Derecho a unos 500 ciudadanos italianos por parte de la URJC, que podrían haber pagado hasta 11.000 euros por ello. Así figura en el escrito, que el observatorio remitió también a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que lo analizase y procediera a su investigación si lo considerase oportuno, informa Efe.
Según los denunciantes, el 28 de mayo de 2016 se celebró “un examen o prueba de conjunto a un número muy elevado de alumnos, todos de nacionalidad italiana -más o menos unas quinientas personas- con el fin de obtener, al margen del procedimiento de homologación, el título de Licenciado en Derecho”. El escrito añade que, de este modo, podían comenzar su actividad profesional “mediante la simple colegiación en España, es decir, sin someterse a la vigente prueba de acceso a la profesión de abogado”.
La denuncia especificaba que el procedimiento utilizado habría sido el de “la convalidación de los estudios realizados por tales alumnos en Italia por un parte de la licenciatura de Derecho seguida de ese posterior examen o prueba de conjunto”. Un procedimiento que, según la denuncia, contraviene la norma, según la cual la convalidación de estudios extranjeros no permite la obtención de un título distinto a los de grado o máster. La denuncia también hacía alusión al “muy llamativo” hecho de que el día 18 de mayo hubiera hasta ocho autobuses desplazándose desde la estación de Atocha de Madrid hasta la universidad Rey Juan Carlos I, “como si fueran de excursión”.