Tensión en el Constitucional tras filtrarse un proyecto de sentencia que anulaba la condena que Marchena dictó por un asalto al Parlament en 2011
A pocos días de conocerse la decisión judicial sobre el procés la paz ha saltado por los aires en el Tribunal Constitucional, el órgano responsable de revisar en caso de recurso de amparo la sentencia cuya redacción está ultimando el magistrado Manuel Marchena. El malestar en el Constitucional se debe a una serie de filtraciones a diferentes medios de un proyecto de sentencia que amenazaba con desacreditar otra decisión que Marchena tomó en su día para condenar a un grupo de activistas del 15M por el asalto al Parlament de 2011. Aquella sentencia de Marchena corrigió el criterio de la Audiencia Nacional que había absuelto a los acusados y castigó con penas de prisión de tres años a ocho activistas que participaron en el asedio al Parlament en 2011 -una protesta contra los recortes de la Generalitat que obligaron al entonces presidente catalán, Artur Mas, a salir en helicóptero.
El redactor del fallo que endureció el criterio de la Audiencia Nacional fue precisamente Marchena, y esa sentencia es la que está en manos del Constitucional que debe decidir ahora si esa condena vulneró los derechos fundamentales de los acusados.
La responsabilidad de proponer una sentencia que revise la decisión de Marchena ha recaído en el magistrado progresista y exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, que en una primera aproximación a la cuestión había planteado volver a los criterios que inspiraron el fallo de la Audiencia Nacional: primar los derechos de expresión y manifestación de los activistas frente al criterio del Supremo que apreció la existencia de un delito contra las instituciones del Estado. El borrador redactado por Pumpido alertaba de que la dureza de la sentencia que en su día redactó Marchena podría general “un efecto desalentador sobre futuros actos de protesta política”.
El primer proyecto de sentencia fue enviado al resto de magistrados antes del verano. Solo 12 personas disponían de un documento que, semanas después de haber sido descartado por Conde Pumpido, ha acabado publicado en varios diarios. Antes incluso de que el Constitucional abordase el debate.
La difusión de una ponencia que no ha llegado a debatirse ha causado malestar en el Constitucional. Mientras el sector conservador acusa veladamente a Pumpido de pretender crear con su ponencia sobre el asedio al Parlament en 2011 un precedente jurídico que ayudaría a rebajar las penas a los responsables que juzga el Supremo por el procés, en el bando progresista aseguran a eldiario.es que la filtración responde a un ejercicio de presión del Supremo sobre el Constitucional para que nadie se atreva a discutir la futura sentencia de Marchena sobre los políticos presos catalanes.
Los ponentes de las sentencias que elabora el Constitucional se eligen por sorteo y sus propuestas no siempre son asumidas por el resto del tribunal. Cuando un ponente comprueba durante el debate que sus planteamientos no son asumidos por el resto deberá cambiar su borrador de sentencia para adaptarla a los criterios jurídicos mayoritarios. El borrador, según las fuentes jurídicas consultadas, ni siquiera llegó a esa fase de debate y reajuste.
Tras constatarse la primera filtración a finales de la semana pasada, el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas emitió un comunicado reconociendo ataques a la independencia de los magistrados, en referencia velada a Pumpido. En un comunicado de contenido inédito hasta la fecha, el Constitucional reconocía que las informaciones criticando un borrador de sentencia “propician el enfrentamiento” interno.
Este lunes González Rivas se ha reunido con varios magistrados para trasladarles su preocupación por las filtraciones. “Hay mucha tensión”, asegura a esta redacción un los miembros del Tribunal.
Los magistrados del Constitucional llevan meses trabajando para que todas las decisiones sobre Catalunya sea adoptadas por unanimidad y sin votos particulares que señalen diferencias de criterio que que puedan ser usadas por los encausados en sus previsibles recursos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esa búsqueda del consenso ha obligado a los dos bloques ideológicos a buscar puntos de encuentro y a resolver los recursos sin mostrar fisuras hacia el exterior. Esa vocación de unidad se ha roto. “Hay un gran malestar” aseguran fuentes del tribunal. Tras las filtraciones que el propio Tribunal ha denunciado públicamente no hay fecha prevista para iniciar el debate que revise la sentencia dictada por Marchena por el asalto al Parlament de 2011.
