A dos meses de jubilarse, el facultativo Miguel Ángel Bayo se ha visto envuelto en uno de los hechos más graves acaecidos en el Ministerio del Interior desde la guerra sucia contra ETA, el espionaje al tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas sufragado con fondos reservados. El control de Bayo sobre estas partidas en la Policía motivó que fuera llamado a declarar como testigo el pasado 26 de febrero en la Audiencia Nacional dentro de la pieza secreta del caso Villarejo. eldiario.es ha accedido a un documento oficial firmado por el artífice de la brigada política, Eugenio Pino, en el que se describe la actividad del facultativo. Nadie tan anónimo y sin placa había tenido tanto poder antes en un cuerpo policial.
Bayo es funcionario adscrito a la Policía, pero no es agente de la autoridad. Su conocimiento de la legislación que afecta al funcionamiento del Cuerpo le convirtió durante tres décadas, con diferentes gobiernos, en una figura muy valorada por las cúpulas policiales. Con la llegada del Partido Popular al poder en 2011, sus atribuciones crecieron. Bayo era el hombre del maletín, el que recogía en metálico las partidas de los fondos reservados en la Secretaría de Estado de Seguridad y los conducía a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, la estructura que albergó la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Pero su labor no se limitaba a la de simple transportista de billetes. “Es el encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los FONDOS o GASTOS RESERVADOS del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter SECRETO, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”. Esta afirmación es parte del escrito que el director adjunto operativo Eugenio Pino firmó el 9 de febrero de 2016 para incorporar a una causa judicial abierta contra la concesión de la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo al facultativo, una condecoración pensionada.
El dinero de los fondos reservados es el hilo que ha llevado a las investigadores hasta la Operación Kitchen, el espionaje a Bárcenas. La punta de ese hilo apareció en los registros a Villarejo de noviembre de 2017. Allí se encontraron recibís firmados por Sergio Ríos Esgueva, chófer de la familia Bárcenas que cobró durante dos años 2.000 euros de los fondos reservados. Era el pago por informar de todos los movimientos del tesorero y robarle documentación que entregaba a la policía política. La operación Kitchen se activó una vez Bárcenas entró en prisión en junio de 2013 y comenzó a tirar de la manta sobre la financiación del partido en el Gobierno.
Como Bayo declararon dos mandos policiales que debían tener un conocimiento preciso de la utilización de los fondos reservados por la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, los exsecretarios generales de esa estructura, comisarios José Manuel Benavides y Felipe Lacasa. Junto al de Bayo fueron tres testimonios acerca del uso de los fondos reservados y los tres presentaron importantes contradicciones, según fuentes del caso.
La labor de Bayo no se limitaba a los fondos reservados, según el escrito de Pino. “A lo largo de su trayectoria profesional siempre ha venido destacando por su implicación en los asuntos más importantes de la Dirección Adjunta Operativa, así como en aquellos que, por su especial naturaleza y relevancia, desde el punto de vista de la seguridad del Estado, han requerido tratamiento específico y confidencial”, aseguraba el director adjunto operativo.
En defensa del facultativo, el artífice de la brigada política califica de “labores extraordinarias” su participación en “los asuntos más relevantes que corresponden a la Dirección Adjunta Operativa”. Asegura que se encargaba de la “dirección y coordinación de todos los servicios operativos de la Policía, y principalmente de lucha contra el terrorismo, delincuencia organizada e inmigración ilegal”. Varios integrantes de cúpulas policiales anteriores, que coincidieron con Bayo cuando éste ya estaba en la DAO, aseguran que en sus épocas, el facultativo nunca realizó labor de coordinación alguna, ni tuvo contacto con cuestiones operativas.
Tan delicados y peligrosos son los asuntos que un simple facultativo llevaba a cabo que Pino le entregó dos pistolas. “Las anteriores labores que viene desarrollando el señor Bayo Herranz, así como otras tareas que no se pueden señalar por su carácter confidencial y reservado, hacen que el mismo esté sometido a un nivel de riesgo considerable, estando dotado de dos armas reglamentarias por la Dirección General de la Policía”, explica el director adjunto operativo en su escrito.
“Bajo la superior dirección de Cosidó”
El documento referido lleva los sellos de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior, quien se identifica en su encabezamiento como director adjunto operativo “bajo la superior dirección del director general”, esto es, Ignacio Cosidó, actual miembro de la Ejecutiva del PP de Pablo Casado. La medalla “roja” que defiende para Bayo conlleva un aumento del 10% del sueldo de forma vitalicia y se concede a aquellos miembros del Cuerpo que hayan puesto en riesgo su vida, según recoge la Ley.
En la práctica, y durante décadas, “la roja” se ha concedido también para premiar destacados servicios, sin que hubiera disparos de por medio. Pero con ella se han pagado igualmente lealtades y trabajos parapoliciales, sin control judicial. José Manuel Villarejo, el agente que da nombre al caso en el que Bayo ha sido llamado a declarar como testigo, recibió su última medalla pensionada por su participación en la 'Operación Catalunya', como reveló en 2015 eldiario.es. La por la distinción a Bayo resultó archivada.
El comisario Pino siempre supo tratar a su gente. Los integrantes de la primera línea de la brigada política, hoy imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, la que investiga la Operación Kitchen, fueron enviados a embajadas en el extranjero, donde se alcanzan las máximas retribuciones del Cuerpo. Los inspectores jefe Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano pasaron a integrar el exclusivo club de los diezmileuristas a pesar de no tener unas trayectorias policiales reconocidas en el Cuerpo. Además de esos destinos, todos fueron condecorados con medallas pensionadas. Pino llegó a repartir medallas rojas hasta entre sus secretarias.
En el caso de Bayo, Pino justifica la medalla porque “las tareas que desarrolla, por su naturaleza especial, conllevan situaciones de desasosiego, desgaste psicológico y máximo estrés personal, lo que soporta el funcionario por su considerable fuerza de voluntad y capacidad de adaptación a situaciones dificultosas”. Miguel Ángel Bayo cumple sus últimos días en la Policía destinado en la secretaría general de la Comisaría General de Policía Judicial, según fuentes del Cuerpo. eldiario.es ha intentado, sin éxito, conocer la versión del facultativo a través de la Dirección General.