En su peor sueño, un dirigente del PP se ve rodeado de una muchedumbre compuesta por votantes del partido, algunos de ellos víctimas de ETA, que le gritan “traidor”. Los escoltas le abren paso. Los insultos crecen. Hay empujones y gestos desencajados.
Los acontecimientos registrados el 27 de octubre de 2013 no son una pesadilla. Fueron reales. Esteban González Pons, Iñaki Oyarzábal o Esperanza Aguirre pueden dar cuenta de escenas como la anterior, con ellos como protagonistas involuntarios.
El Partido Popular había hecho de la Plaza de Colón en años anteriores un símbolo de su inquebrantable adhesión a las reivindicaciones de las víctimas del terrorismo de ETA. Allí concluían las manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrrorismo (AVT) en contra de la política antiterrorista del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que el PP se encargaba de llenar con un despliegue de medios materiales y humanos.
Al término de una de esas manifestaciones, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, atendió al himno de España en posición de 'firmes', sobre un atril del flanco suroeste de la plaza y ante una marea de banderas nacionales. Las víctimas eran traicionadas mientras España se subastaba en una negociación con ETA, alegaban los convocantes.
Pero vayamos adelante y regresemos a aquel 27-O de 2013. En ese otoño, el PP cumplía un año y diez meses en el Gobierno. De poco había servido al PSOE que ETA anunciara en diciembre de 2011 el fin definitivo de la violencia sin contrapartidas, tampoco para sus presos. El PP ganó las elecciones de enero de 2012 y Rajoy nombró ministro del Interior a un amigo suyo, Jorge Fernández Díaz, que enredaba con el lenguaje para negar que el fin de la banda fuera real. Y lo hacía mientras los servicios de Información le trasladaban que el terror de ETA se había acabado, que a la banda apenas le quedaban sus presos y que entre ellos ya habían comenzado las deserciones.
Fue entonces cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió los recursos presentados por los presos de la banda y anuló la doctrina Parot. Según había establecido el Tribunal Supremo en 2006, los días que se descontaban de las condenas por trabajo o estudios en prisión se restarían del total de las condenas y no de los años de cumplimiento efectivo. Por ejemplo, 200 días acumulados de reducción de condena no se restarían de los 30 años de cumplimiento máximo de un terrorista condenado sino de los cientos que recogieran las sentencias por delitos de sangre.
Le tocó a la Audiencia Nacional calcular el efecto de la rebaja de condena a los presos de ETA –y a otros reclusos con largas condenas– y aplicar el fallo de Tribunal de Estrasburgo. Y al Gobierno, aplicar las resoluciones de la Audiencia Nacional.
La AVT emprendió entonces una campaña de protesta que resquebrajó el idilio que mantenía hasta entonces con el PP. Su entonces presidenta, Ángeles Pedraza, fue recibida por Mariano Rajoy en Moncloa, pero eso no supuso la desconvocatoria de la concentración en la Plaza de Colón. El PP tuvo que decidir si se borraba o enviaba a una delegación al acto. El PP nacional, se entiende, porque el de Madrid ya se erigía entonces como el brazo duro del partido, ajeno a la línea impuesta en Génova.
Algunos, como Esperanza Aguirre, no midieron bien. Abanderada de todo lo que dijeran las víctimas y más allá, Aguirre recibió abrazos, besos y aplausos, pero también gritos de “traidora”. Lo de González Pons o Iñaki Oyarzábal fue peor. Contra este último, algunos manifestantes profirieron insultos sobre su orientación sexual.
Vox estuvo allí aunque nadie lo reconoció
En ese momento, Vox era un partido residual. En la Plaza de Colón había futuros votantes del partido, aunque en aquel momento todavía no lo supieran. Ese día estuvieron representados en la brutalidad política que se vivió, acogidos aún en el ala dura del PP. Tendría que seguir creciendo el proceso soberanista en Catalunya, durante los años de Rajoy y el relevo en Moncloa, para que emergiera el primer partido de extrema derecha en España con representación parlamentaria desde la transición. Que había una base sobre la que construir una opción política como Vox, competidora real del PP, se escenificó el 27 de octubre de 2013 en Colón.
En pocos meses se vieron beneficiados por el nuevo cómputo que salió de la anulación de la doctrina Parot un total de 66 presos de ETA. Los nombres de algunos de ellos retrotraen a los periodos más crueles de la banda. Son los de asesinos en serie como Henri Parot o Iñaki de Juana Chaos.
Sin embargo, el presagio negro de la Plaza de Colón no supuso mayor desgaste para el Gobierno de Mariano Rajoy, que encontró en el proceso soberanista en Catalunya el enemigo a batir, una vez derrotada ETA en tiempos de Zapatero. Se empleó aquel Ejecutivo en ello de tal forma que incluso reprodujo –sin muertes– la guerra sucia contra los GAL de los ejecutivos socialistas de Felipe González.
En aquel desgaste limitado para el PP de la aplicación de la doctrina Parot influyó la AVT. Que la principal asociación de víctimas del terrorismo, o al menos su dirección de entonces, no quería erosionar al partido de la derecha quedó claro en el discurso que pronunció en Colón su presidenta.
Tras una semana de llamadas insistentes de Génova, Ángeles Pedraza arremetió contra los jueces de la Audiencia Nacional y contra el PSOE y no mencionó al Ejecutivo de Rajoy. Tampoco sirvió para contener la ira de una parte de los manifestantes al finalizar el acto, aunque anticipó la contemporización de la AVT con el Gobierno que vendría en los meses siguientes.
La historia se calca estos días. Las víctimas han puesto el grito en el cielo contra el Gobierno y sus socios parlamentarios, especialmente Bildu. Pero también contra un Partido Popular que no ha impedido la derogación de la disposición adicional de la ley que traslada la directiva europea que acaba con la duplicidad de las condenas cumplidas en Francia.
La AVT fija al enemigo y no es el PP
Sin embargo, la actual presidenta de la AVT, Maite Araluce, hija del presidente de la Diputación de Gipuzkoa asesinado en 1976, se ha enfrentado al ministro del Interior en persona, le ha llamado “mentiroso” y el encontronazo, ocurrido en privado, ha tenido de inmediato publicidad.
Araluce, tutelada desde su nombramiento por la anterior presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el entorno de Ángeles Pedraza, se ha encargado rápidamente de escenificar claramente quién es el verdadero enemigo político de la AVT. Vienen meses de excarcelaciones de presos de ETA y el daño al PP por el flanco de sus víctimas, un territorio que el partido considera como propio, debe ser limitado. La pesadilla de Colón no debe convertirse una segunda vez en algo real. Menos ahora, que las derechas tienen otro partido al que abrazarse.
A la mañana siguiente del encontronazo entre Araluce y Marlaska, Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA, irrumpía en el Congreso de los Diputados para sentarse al lado de su jefe, Alberto Núñez Feijóo, y aplaudirle mientras culpa a Pedro Sánchez de la futura excarcelación de presos de ETA.
Mari Mar Blanco lleva años acatando todas las decisiones del PP mientras ejerce un doble papel, de política con cargo y víctima, desde el que ataca al adversario político como un dirigente más del partido.
La imagen junto a Feijóo es la culminación de una explotación política pactada entre ambos actores. El PP puso a Blanco al frente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo par acabar con la neutralidad partidista que el organismo había mantenido en tiempos de Maite Pagazaurtundua. Le quitó el sueldo, para diferenciarla de su antecesora, y mientras, le pagaba otro de asesora parlamentaria pese a que nunca ejerció.
Como Ángeles Pedraza, Mari Mar Blanco ha desempeñado puestos en la administración madrileña, con altas retribuciones de dinero público, que nada tienen que ver con la formación profesional de ambas. Blanco, asesora de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid; Pedraza, comisionada para la Cañada Real o directora del servicio de Emergencias en la Comunidad.