Las maniobras de los fiscales del Supremo contra Puigdemont complican la ley de amnistía

El delito de terrorismo se afianza como el principal escollo para las negociaciones sobre la ley de amnistía. El veredicto de la mayoría de los fiscales del Supremo de solicitar la acusación a Carles Puigdemont por este cargo en el caso Tsunami impulsa las tesis del juez Manuel García Castellón. La decisión final de abrir o no una causa contra el expresident catalán está en manos de los jueces y el informe final del Ministerio Público en manos de la teniente fiscal del Alto Tribunal. Mientras tanto, el Gobierno se muestra confiado en que, finalmente, la postura de la Fiscalía sea la que ha esgrimido hasta ahora en la Audiencia Nacional y se oponga a la imputación de Carles Puigdemont.

La reunión de los 15 fiscales de lo penal arrancó este martes pasados unos minutos de las diez de la mañana. Álvaro Gabriel Redondo Hermida, que llevaba cuatro décadas de profesión disfrutando de un perfil bajo, presentaba un borrador para rechazar la exposición razonada de García Castellón. Según su análisis de los hechos, los indicios que manejaba el magistrado para acusar a Puigdemont de terrorismo eran “demasiado abiertos”. En la línea de lo expresado por sus compañeros de la Audiencia Nacional, que se han opuesto a todos los movimientos del juez en ese sentido.

Las reuniones de la junta de fiscales del Supremo, explican fuentes de este organismo, suelen ser deliberaciones tranquilas. En muchas ocasiones se asume el criterio que llega de sus divisiones territoriales, y pocas veces un asunto genera una división tan clara entre sus miembros. Tampoco es habitual que, unos días antes de la reunión, se filtre no solo el contenido de la ponencia, sino también el de un borrador anterior que nunca llegó a ser oficial. Dos documentos que se contradicen entre sí mientras sobrevolaban la reunión los dardos que miembros de la propia Fiscalía habían lanzado al ponente a través de los medios de comunicación tan solo unas horas antes.

Este martes ningún fiscal ha acusado abiertamente a Redondo de plegarse a los deseos del fiscal general, pero sí le han preguntado por su cambio de criterio. Ante sus compañeros, ha defendido que hizo su primera versión del informe convencido de que procedía investigar a Puigdemont, pero que lo hizo “rápido” y que un análisis más sosegado le llevó a descartar tanto el delito de terrorismo como la imputación del expresident catalán. Algunos fiscales también han acusado a sus compañeros de la Audiencia Nacional de haber cambiado su criterio en los últimos meses sin razón aparente.

El resultado ha sido una mayoría abrumadora de fiscales del Supremo a favor de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo. Uno de los pocos que ha votado en contra ha sido Joaquín Sánchez-Covisa, uno de los dos fiscales jefe, discrepancia que ha provocado la activación del artículo 24 del Estatuto, que eleva el caso un escalón por encima de la junta. Será María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo y número dos de la Fiscalía, quien redacte el informe, sin estar obligada a seguir el criterio del resto de fiscales y pudiendo, por tanto, recomendar la devolución del caso a la Audiencia Nacional.

El terrorismo, en el centro

El caso, por tanto, no está zanjado ni dentro de la propia Fiscalía, pero a nivel político la jornada del martes se traduce en un refuerzo de la condición protagonista del delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, en el futuro de Carles Puigdemont y, por extensión, en las negociaciones políticas entre PSOE y Junts para sacar adelante la por ahora fallida ley de amnistía.

La decisión de la junta de fiscales de apoyar la acusación por terrorismo incide, por un lado, en los argumentos de Junts para no apoyar la ley de amnistía e insistir en que debe incluir los delitos de terrorismo sin matices, así como la alta traición. Entre otras cosas porque desde el partido de Carles Puigdemont se destaca continuamente la idea de que es necesario que la futura ley de amnistía esté hecha a prueba de “jueces prevaricadores”, entre los que incluyen a Manuel García Castellón, impulsor de esa imputación.

El reforzamiento por parte de los fiscales de la tesis de que Tsunami Democràtic ejerció el terrorismo en las calles de Catalunya para protestar contra la sentencia del procés también fortalece el discurso de la derecha. Tanto PP como Vox centran desde hace semanas sus críticas en el talón de Aquiles de la futura norma y hasta ahora lo hacían apoyándose solo en los autos de García Castellón. Ahora cuentan con el criterio de una docena de fiscales del Tribunal Supremo. “La junta de fiscales ha demostrado que no se someten ni a las presiones del fiscal general ni a las de Pedro Sánchez”, ha dicho Cuca Gamarra en el Congreso.

La decisión de los fiscales del Supremo no ha cogido por sorpresa en la Moncloa, donde daban por descontado que ésta sería una de las piedras en el camino con la que se toparía la ley de amnistía. Por ahora, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez prefieren esquivar cualquier escenificación pública del enésimo choque con la justicia a cuenta de la medida de gracia. “Vamos a respetar cualquier decisión que tomen los fiscales y los tribunales. Estado de derecho, normalidad democrática y normalidad institucional”, valoró el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la decisión de los fiscales de lo penal del alto tribunal de acusar de terrorismo a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic.

Sí mantienen intacto en el Gobierno, no obstante, el convencimiento de que no prosperará ninguna causa contra dirigentes independentistas que pretenda englobar en la categoría de terrorismo cualquiera de los hechos que tuvieron lugar como consecuencia del procès. Y por eso matizan la trascendencia de la decisión conocida este martes para recordar que, en última instancia, será el Fiscal General del Estado quien acabe por dictaminar la posición definitiva del Ministerio Público.

“Mostramos todo el respeto a la junta de fiscales, pero la decisión definitiva habrá de adoptarse por los órganos que marca la normativa. Respetamos este debate al igual que respetaremos la decisión final del ministerio fiscal”, señaló la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esa misma línea se expresó también Bolaños, que matizó la trascendencia del posicionamiento de los fiscales para circunscribirla a un mero “debate jurídico”. 

Sí fue un paso más allá la ministra de Defensa y exjueza, Margarita Robles, en marcar distancias con los fiscales del Supremo, a quienes recordó que es el Poder Legislativo quien dicta unas leyes que también ellos están obligados a cumplir. “La Junta de Fiscales ha dado su opinión, los jueces hacen su trabajo, y después lo importante es que el Poder Legislativo es el que dicta las leyes, y esas leyes obligan a todos, a los jueces y a los fiscales”, subrayó en los pasillos del Senado a preguntas de la prensa. 

Dos fiscalías enfrentadas

Las votaciones de este martes dejan claro cuál es la opinión mayoritaria de los fiscales del Tribunal Supremo: que Carles Puigdemont debe ser imputado por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Pero esto no significa que el informe que se presente finalmente apunte en esa dirección. Algunos fiscales consideran “simbólico” el resultado de esta votación porque será la teniente fiscal del Supremo la que emita un informe que no tendrá que ser votado por nadie. Al margen de que, posteriormente, la última palabra la tienen los jueces.

Esto pone todos los focos sobre María Ángeles Sánchez Conde. Fiscal desde 1982, esta jurista pasó por fiscalías de Cádiz, Barcelona, León, Bilbao y Madrid antes de recalar en el Constitucional, en la época en la que el Ministerio Público pidió al tribunal de garantías que confirmara las condenas del procés. Es teniente fiscal del Tribunal Supremo, segundo escalón de mayor poder en la Fiscalía, desde enero de 2022. Y es, por tanto, de la máxima confianza del fiscal general.

Este proceso ha evidenciado las profundas divisiones que existen dentro de las altas esferas de la Fiscalía en torno a este asunto. Por un lado, en el Tribunal Supremo: si el asunto ha quedado en manos de la teniente fiscal es porque los dos fiscales jefes de lo penal han votado en sentido contrario. Uno de ellos es Fidel Cadena, uno de los fiscales del procés que defendió sin éxito la acusación por rebelión, y que este martes ha votado a favor de investigar a Puigdemont. El otro jefe, que ha votado en contra, es Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal desde 1979.

También evidencia la división de criterio entre los fiscales de la Audiencia Nacional y los del Tribunal Supremo. La decisión de la junta va en sentido completamente opuesto al criterio mostrado por la Fiscalía de la Audiencia, sumida en un enfrentamiento encarnizado con el juez García Castellón. Mientras Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso Tsunami, entraba en la Fiscalía General a media mañana del martes, algunos de sus compañeros del Supremo criticaban a puerta cerrada que, en su opinión, haya cambiado de criterio en pocos meses y reniegue de un delito de terrorismo que llevaba años encima de la mesa.

El calendario del futuro de Puigdemont, y por extensión de las negociaciones de la ley de amnistía, tiene todavía varias semanas por delante. La teniente fiscal del Supremo debe ahora escribir un nuevo informe, teniendo en cuenta el rechazo que ha generado en la junta el de Álvaro Redondo. Y después la decisión estará en manos de un juez de la Sala de lo Penal: Juan Ramón Berdugo. Uno de los siete que firmaron la condena de sedición de los líderes del procés independentista catalán.