La filtración de un informe de la Guardia Civil que manipulaba la realidad para responsabilizar al Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez y a la manifestación feminista del 8M de la rápida expansión del virus de la COVID-19 en 2020 fue objeto de una investigación interna en el instituto armado cuyos resultados revela hoy elDiario.es: solo fue expedientado el comandante encargado de indagar en la filtración, acusado de sabotear sus propias pesquisas, y ni siquiera él ha llegado a ser sancionado porque un tribunal militar ha anulado el expediente. La Dirección General de la Guardia Civil decidió no recurrir el fallo judicial.
El atestado, de 1 de junio, y uno anterior, ambos elaborados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, fueron parte de una causa abierta por la jueza Carmen Rodríguez-Medel a raíz de la denuncia de un abogado con un historial de estafas a sus clientes, que ya ni siquiera ejercía como letrado y que nunca llegó a estar personado.
Con España aún bajo el primer estado de alarma y unos índices de mortalidad de los mayores de Europa, la imputación del entonces delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, sirvió como punta de lanza de las acusaciones de la oposición al Ejecutivo por su supuesta mala gestión de la pandemia y para relacionar al feminismo con la expansión del virus.
El momento era de máxima crispación cuando se produjo la filtración investigada. Un informe anterior de la Guardia Civil, cuyo contenido también había aparecido publicado al tiempo que llegó al juzgado, señalaba a Fernando Simón y vertía graves acusaciones contra el Gobierno. Cuando otros medios accedieron al informe, el primero de ellos elDiario.es, quedó de manifiesto que el atestado estaba repleto de bulos, tergiversaciones y sesgo ideológico.
elDiario.es había puesto de manifiesto los errores y tergiversaciones del primer informe el 26 de mayo. En un clima de gran confrontación política llegó el segundo informe y la filtración investigada del 1 de junio. Aunque este segundo atestado corregía algunos errores, insistía en que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia cuando autorizó la marcha del 8M de 2020. Tuvieron que pasar otros tres días hasta que el 4 de junio otras informaciones analizaron con detalle cómo la Guardia Civil había vuelto a incluir declaraciones mutiladas de responsables sanitarios mundiales y daba como ciertos, sin mayor comprobación, titulares de medios de comunicación seleccionados.
Esta es la cronología de la investigación interna de la Guardia Civil sobre la filtración de dicho informe, desde su arranque hasta que un tribunal pone fin a la misma sin que haya un solo agente sancionado, según aparece en el expediente al comandante.
El 1 de junio de 2020. A media tarde, Okdiario publica el contenido del segundo atestado en una amplia información que acompañaba de impresiones de extractos del mismo. En el texto de la noticia decía que la Guardia Civil había entregado el informe en el juzgado esa misma mañana. Las partes no habían tenido acceso al mismo aún.
El teniente coronel que sustituyó a Pérez de los Cobos como jefe interino de la Comandancia, David Blanes, ordenó a un comandante allí destinado abrir una información reservada, esto es, una investigación preliminar que establezca si hay indicios para la apertura de un expediente disciplinario.
8 de junio de 2020. Arranca la información reservada. El comandante solicita un informe al capitán jefe de la unidad de Policía Judicial que firmaba el atestado. También se lo solicita al jefe del Grupo de Información para que centre y analice las informaciones publicadas. El investigador interno recurre igualmente al jefe del Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (GATI) para “la obtención de diversa información contenida en los ordenadores, cuentas de correo electrónico, fotocopiadoras, impresoras y escáneres de la UOPJ de la Comandancia de Madrid”. Los técnicos del instituto armado clonan hasta 40 discos duros.
15 de junio de 2020. El teniente coronel Blanes le reitera “personalmente” al comandante que debe “finalizar” la información reservada y le advierte: “Sin incluir ningún matiz o aclaración”. El comandante entiende que se le está ordenando finalizar la investigación sin necesidad de cumplir con la instrucción que se le había dado en un principio, según recoge el escrito de la directora general, María Gámez.
Fuentes del instituto armado aseguran a elDiario.es que lo que hizo el teniente coronel fue apremiar al comandante para que, con el material recopilado en los diez días que habían pasado, concluyera la información reservada “a la mayor brevedad”. Según este relato, cuando el comandante entrega el resultado de su investigación preliminar, el teniente coronel Blanes comprueba que no ha recabado testimonio alguno ni redactado un informe de conclusiones. Además, para desconcierto de sus superiores, el comandante ha destruido el material clonado de los discos duros de la Comandancia sin haber analizado su contenido. El comandante llegará a defenderse asegurando que lo ha hecho por orden del teniente coronel, algo que este desmiente radicalmente.
14 de septiembre de 2021. 15 meses después de estos hechos, el comandante es sancionado por falta grave recogida en el apartado 33 del artículo 8 del régimen disciplinario de la Guardia Civil: “Negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales”. En esos 15 meses se ha nombrado un instructor y secretario, se ha desarrollado una investigación al investigador, ésta ha concluido con una propuesta de sanción y, por último, el general jefe de zona ha firmado la sanción.
21 de enero de 2022. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, rechaza el recurso que había presentado el comandante contra la sanción y confirma la misma: cinco días de empleo y sueldo. Pero incluye un inciso en el expediente sancionador: refleja la conversación ambigua que tuvo sobre su superior y que, afirma, le llevó a pensar que tenía que archivar todo inmediatamente.
Ante la negativa de la directora general a levantarle el castigo, el comandante presentó un recurso contencioso-disciplinario que resolvió a favor de los intereses del recurrente el Tribunal Militar Central el pasado mes de junio. Una sentencia que la Guardia Civil no ha recurrido ante el Tribunal Supremo y que, por tanto, es firme.
En dicha resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los togados niegan que existiera “dejadez” o “falta de interés” por parte del comandante sancionado, sino que archivó todo creyendo que seguía las órdenes de su superior. La conversación que mantuvieron, dijo el tribunal militar, “hubiera llevado a todas luces a error a cualquier persona media”. La sanción quedó anulada: “No cabe considerar lo ocurrido no ya como negligencia grave, sino ni siquiera levemente culposo”, dijo esa sentencia. El inciso sobre la conversación incluido por la propia Gámez en el expediente “apuntala” esa conclusión.
La Guardia Civil ordenó una nueva información reservada una vez fracasada la realizada por el comandante, pero esta segunda solo pudo determinar que el informe publicado procedía de la Unidad Orgánica de Policía Judicial sin que llegara a ser posible determinar el origen de la filtración, explica un portavoz oficial del instituto armado.
La manipulación incluida en los informes
Para concluir que el Gobierno autorizó la manifestación del 8M pese a conocer el riesgo que suponía para la vida de los españoles, los guardias civiles redactaron el primer atestado el 21 de mayo de 2020. Los agentes tomaban unas declaraciones del ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre la reunión mantenida con dos científicos el 2 de febrero de 2020 “para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad”. Esas palabras de Duque llevaron a OkDiario a titula:r Pedro Duque admite que el Gobierno ya conocía desde enero la gravedad del virus. Y la noticia saltó en forma de conclusión al atestado de la Guardia Civil.
En otro punto del informe se decía que el Centro de Alertas que dirige Fernando Simón había admitido el 28 de febrero, ocho días antes de la manifestación, que había transmisión comunitaria. En realidad, el organismo público dijo justo lo contrario. Para ello, los agentes hacen un corta-pega de un artículo de Redacción Médica que sí recogía correctamente las palabras de Simón. Los mandos de la Policía Judicial de la Guardia Civil también cortaron una instrucción del Ministerio para poder afirmar que Sanidad había recomendado el 3 de marzo evitar los eventos multitudinarios.
El capitán y el teniente incluso cambiaron el sentido de las declaraciones que tomaron a testigos. Un caso paradigmático es el del sindicalista que explicó a los agentes que anuló una concentración por una cuestión meramente operativa, distinta del COVID. Sin embargo, el atestado aseguraba: “En las 20 comparecencias que se han tomado en calidad de testigos a los promotores, en todas las desconvocatorias se alude a la crisis sanitaria del COVID-19”. Otros testigos desmintieron en el mismo sentido a los guardias civiles en los medios de comunicación.
En esta ocasión, el informe tenía 295 páginas y volvía a estar firmado por el capitán y el teniente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Uno de los objetivos prioritarios seguía siendo Fernando Simón, pese a que el funcionario no era objeto de investigación en la causa.
En su página 68, la Guardia Civil recogía una alocución del director general de la OMS, Tedros Adhanom, que elevaba el “riesgo de propagación e impacto de la COVID-19 a muy alto a nivel mundial”. Lo que no recogía es lo que decía a continuación: “Sigue sin haber pruebas de que el virus se esté propagando sin control en las comunidades”. Adhanom hacía unas recomendaciones muy básicas para el conjunto de la población y solo aconsejó “precauciones adicionales para evitar las aglomeraciones o los lugares en los que pueda tener contacto con personas enfermas” a los mayores de 60 años o personas con patologías previas. No fue incluido por los guardias civiles en su atestado.
La jueza había pedido a los guardias civiles que analizaran un determinado periodo y los agentes incluyen informaciones que exceden la actualidad de los días señalados. Ocurre con la conversación informal que mantuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una periodista antes de una entrevista en directo en la televisión pública vasca. Su introducción se produjo in extremis ya que ABC publicó ese off the record el 1 de junio, el mismo día en el que la Guardia Civil concluyó el informe y lo registró en el juzgado número 51 de Madrid.
“¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?”, le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB. “Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”, respondió Montero, que añadió: “Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas”.
Terremoto en la Guardia Civil
Pérez de los Cobos nunca fue acusado de la filtración del informe, así que quedaba un fleco por esclarecer. Interior anunció una investigación interna acerca de cómo un atestado clave de la Guardia Civil había llegado a Okdiario al mismo tiempo, si no antes, que a la mesa de la jueza Rodríguez-Medel. La filtración tuvo lugar el 1 de junio. Cuatro días después, el teniente coronel que había sustituido a Pérez de los Cobos de forma interina encargó a un comandante la apertura de una información reservada.
El relato político y mediático aupaba al exabogado estafador a la categoría de héroe mientras que la Guardia Civil aparecía como el último reducto del Estado de Derecho para conocer la verdad de cómo el Ejecutivo había permitido una marcha masiva de feministas, pese a ser consciente del riesgo para la vida de millones de españoles que aquello suponía. La causa acabó archivada y Franco, exculpado.
Fernando Grande-Marlaska encontró un culpable en el jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, un rostro reconocible para el ministro dentro del enfrentamiento soterrado que mantiene con el instituto armado desde poco después de recibir la cartera de Interior. El Ministerio negó que el cese estuviera relacionado con los informes, pero luego admitió que el coronel fue destituido bajo la acusación de haber ocultado la investigación a sus superiores.
El coronel alega que la jueza había prohibido a sus subordinados informar a nadie que no fuera ella. La Audiencia Nacional ha avalado la destitución y resta que el Tribunal Supremo dicte un fallo firme. La destitución de Pérez de los Cobos no salió gratis a Marlaska. Su salida provocó la dimisión del director operativo del cuerpo, su número dos, el teniente general Laurentino Ceña.
La causa que inició un estafador
Los informes que culpaban al 8M de la expansión del coronavirus fueros escritos en el marco de una causa judicial abierta a instancias de un abogado estafador e impulsada por acusaciones populares como Vox o la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. El caso arrancó en el juzgado número 51 de la Plaza de Castilla de Madrid cuando el abogado Víctor Valladares decidió denunciar a las autoridades por permitir la manifestación feminista por el centro de la capital a pesar de saber ya entonces los peligros que eso entrañaba.
Carmen Rodríguez-Medel es la misma magistrada que instruyó el caso Máster, que amplió la investigación al curso de Pablo Casado en ese mismo título y que, cuando el Tribunal Supremo le ordenó acotar la causa, decidió no seguir investigando y enviarla a juicio. La magistrada se había ofrecido al ministro Grande-Marlaska a dirigir la Guardia Civil sin éxito y de ella había salido que fuera este cuerpo el que actuara como Policía Judicial, pese a que la Unidad Orgánica de la Comandancia de Tres Cantos estaba dedicada principalmente a investigar tráfico de drogas y crimen organizado en las localidades de la Comunidad de Madrid de menos de 30.000 habitantes.
Finalmente, la magistrada entendió que no se podía acusar a las autoridades de unos posibles contagios que, además, eran imposibles de demostrar. El abogado que inició la causa siguió pleiteando sin éxito hasta que, tal y como reveló elDiario.es, entró en prisión hace unos meses por acumular condenas por estafar a clientes, entre ellos su propia suegra.
Los ataques al feminismo: “Viva la muerte”
Unos meses después, en diciembre de 2020, un auto del Tribunal Supremo dejaba en evidencia aquellos tres meses de iniciativas penales en torno al coronavirus. La Sala de lo Penal zanjó en un auto de más de un centenar de folios las más de 50 denuncias y querellas interpuestas contra el Gobierno y distintas autoridades por motivos similares: permitir la expansión del virus. El Supremo descartaba cualquier intento de achacar a las autoridades sanitarias, nacionales o regionales, las miles de muertes provocadas por la COVID-19 en España.
A lo largo de 2020, las derechas esgrimieron esta causa para atacar al movimiento feminista. “El Gobierno subestimó la gravedad del COVID”, dijo Pablo Casado tras conocer el contenido de estos informes. “Ha venido aquí a gritar ‘Viva el 8M’, que en este contexto es lo mismo que gritar ‘Viva la enfermedad y viva la muerte”, espetó Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso.
Hace un año, en sus últimas semanas como presidente del PP, Casado recuperó esta teoría de la conspiración acusando al Gobierno de “ocultar” la pandemia y de permitir el 8M por priorizar los “fines electorales”. Lo hizo cuando las acusaciones populares del caso archivado se lanzaron a instar la reapertura porque, según ellos, la vicepresidenta Yolanda Díaz había reconocido que el 8M se permitió a pesar de conocer los riesgos. Ese día, como antes, Vox fracasó en los tribunales pero ocultó la negativa del Supremo a poner en marcha la más mínima investigación, decisión que no fue conocida hasta que no la reveló elDiario.es.
Una estrategia desde instancias policiales y políticas para desacreditar al feminismo, al ejecutivo y responsabilizar a ambos de las primeras olas de contagios que, tal y como analizó elDiario.es en este especial, guarda similitudes y paralelismos con las teorías de la conspiración que intentaron vincular durante años los atentados de 2004 al terrorismo etarra e, incluso, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con una derecha intentando obtener rédito electoral apoyada en similares locomotoras mediáticas y el mismo propósito político.
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