“Ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, y eso no se puede olvidar en ningún momento”. La frase de Jorge Fernández Díaz sobre el comisario Villarejo, de marzo de 2015, retumba todavía en las paredes del Ministerio del Interior. Fue pronunciada por el titular de la cartera cuando arreciaban las primeras informaciones sobre el polémico policía. Para un Gobierno con mayoría absoluta, que controlaba los resortes de la seguridad del Estado y al que no amenazaba ninguna investigación judicial, solo restaba aguardar que pasase el pequeño terremoto mediático sobre la figura del comisario.
Tres años y medio después, el PP no gobierna. El comisario cumple un año en prisión, su archivo de grabaciones sacude cada poco la política nacional y tres juzgados investigan las maniobras de la estructura policial a la que perteneció y que actuó en el seno del Ministerio del Interior entre 2012 y 2016, sin control judicial y con la misión de desgastar a los oponentes políticos del partido de Mariano Rajoy.
José Manuel Villarejo Pérez tiene un negro futuro judicial como presunto líder de una organización criminal. La escala de mando por encima de él sigue, por el momento, activa en primera línea de la política fruto de la decisión del actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El director general de la Policía en esa época, Ignacio Cosidó, es hoy el portavoz del partido en el Senado, uno de los pocos puestos de relevancia que puede repartir un jefe de la oposición. Fernández Díaz, el ministro de la Ley Mordaza, fue nombrado por Casado secretario del partido en materia de Interior y Libertades. Y Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, es portavoz de la comisión constitucional en el Congreso.
De todos ellos, solo el policía que mandaba directamente a Villarejo, el comisario Eugenio Pino, está jubilado. Dejó el cuerpo en el verano de 2016 al cumplir los 65 años. Artífice de la brigada política que pervirtió las funciones policiales para perseguir a políticos independentistas, a Podemos y para robar documentos del domicilio de los Bárcenas, el comisario Pino fue despedido por Fernández Díaz con la más alta distinción que puede recibir un agente en vida, la Medalla de Plata al Mérito Policial. Esta condecoración supone una paga de un 15% del sueldo mensual de por vida.
Desde el pasado 2 de noviembre, Eugenio Pino está procesado por los delitos de fraude procesal, revelación de secretos y falso testimonio. Un juez de Madrid ha concluido la investigación acerca del intento de la Policía por ampliar la investigación de la Audiencia Nacional contra Josep Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident, con información privada y previamente sustraída. La investigación apunta a Pino y a uno de sus máximo colaboradores, Bonifacio Díez Sevillano, imputado por los mismos delitos.
Cuando ocurrieron los hechos, en abril de 2016, Pino era todavía intocable. Manejaba la policía a su antojo. Los fondos reservados de la Dirección Adjunta Operativa habían crecido considerablemente. Los informes que sus subordinados redactaban sin firma ni sello ocupaban las portadas de determinados medios de comunicación cuando se suponía más daño hacían al proceso soberanista. Era indiferente que nunca llegaran a un juzgado, que los que extrañamente lo hacían fueran despreciados por los jueces, como el informe PISA contra Podemos, o que contuvieran burdas manipulaciones, como la falsa cuenta de Xavier Trias en Suiza.
El comisario Villarejo había sido condecorado en 2014 por su participación en la Operación Catalunya con una medalla pensionada, premios que Pino manejaba a su antojo. Pero había más. Los preciados destinos en embajadas eran una suerte de fondo de reptiles que manejaba el todopoderoso comisario para premiar a los suyos. Sus principales colaboradores disfrutaron de ellos hasta el pasado verano, hasta que el actual Gobierno les ordenó regresar. El imputado junto a él, Díez Sevillano, había sido enviado a México. Su antecesor, José Ángel Fuentes Gago, a La Haya, al igual que su mujer, también policía. Pino había convertido a su grupo de estrechos colaboradores en un club de ‘diezmileuristas’.
Mentiras en la Audiencia Nacional
Eugenio Pino se permitió mentir en la Audiencia Nacional al ser llamado por el pendrive con la información robada de los Pujol. El magistrado siguió indagando y concluyó que había indicios de delito y que un juzgado de Madrid sería competente. El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Plaza de Castilla también cree que Pino le mintió, además de confirmar los indicios acerca del robo de la documentación.
En los próximos días, el actual Ministerio del Interior debe responder a la petición de información detallada que ha cursado, de forma urgente, el juez José de la Mata sobre la Operación Kitchen, el operativo policial para robar documentación potencialmente comprometedora para el Partido Popular del domicilio de Luis Bárcenas. En esa documentación deben aparecer casi todos los protagonistas de la policía política.
Los fondos reservados van firmados siempre por el secretario de Estado de Seguridad, Martínez en aquel momento. De su departamento salían hacia la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, que dirigía Pino. El contacto directo con el chófer de Bárcenas, las entregas de los sobres con dinero, correspondieron a los comisarios Villarejo y a Enrique García Castaño, El Gordo.
El requerimiento ha sido cursado por el juez de la caja B porque El Mundo publicó documentación sobre la presunta financiación irregular que habría sido sustraída por el chófer y entregada a la cúpula de Interior. Sin embargo, esa documentación nunca fue incorporada al sumario judicial. El detalle del pago de los fondos reservados será reclamado por los fiscales Anticorrupción del caso Villarejo, que investigan la Operación Kitchen a raíz de las grabaciones entre el comisario y el chófer halladas entre el arsenal sonoro del policía.
Antes siquiera de haber recibido esa documentación, la Fiscalía Anticorrupción cree haber reunido ya los indicios suficientes para solicitar la imputación del comisario Pino y del chófer, Sergio Ríos, en la actualidad policía nacional, entre otras diligencias que no han trascendido.
Las conversaciones con Villarejo
En el caso Villarejo están los 40 terabytes de información incautada al comisario, la mayoría pendiente de desencriptar. El policía grababa a cualquier persona relevante con la que trataba. Como desveló eldiario.es en 2016, Villarejo y el número dos de Interior hablaban de móvil a móvil. También en momentos tan delicados como durante el registro de la casa del Pequeño Nicolás, en la que aparecieron anotaciones sobre el comisario. Martínez y el agente han dicho que sus conversaciones versaban sobre investigaciones contra el terrorismo yihadista. Martínez también trataba directamente con otro destacado miembro de la policía política, el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, quien guardó su contacto en el móvil como el de “Paco Bomba”.
El ministro del Interior incluyó a Villarejo, al menos, en una reunión de alto nivel para abordar la estrategia en Catalunya, más allá de las funciones de policía judicial -a las órdenes de un magistrado- que la Ley otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que mandaba Fernández Díaz, según han informado a eldiario.es fuentes de ese departamento.
Por su parte, Cosidó insiste en que estaba al margen de las cuestiones operativas. O no se enteraba o no se quería enterar de lo que ocurría mientras era el máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía. Asegura que nunca habló con Villarejo.
Lo mismo dicen los antecesores de Fernández Díaz y Martínez en Interior, según su entorno. Ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Antonio Camacho, el secretario de Estado, trataron con el comisario, a pesar de que Villarejo estuvo destinado en la Comisaría General de Policía Judicial -que investiga la corrupción, entre otra delincuencia organizada- y después en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que terminaría heredando Pino.
El juez del caso Villarejo ya ha acordado algunas de las últimas diligencias que le ha solicitado Anticorrupción y otras piensa hacerlo proximamente, como solicitar al Consejo de Ministros que levante la clasificación de secreto a determinadas materias e investigados y testigos puedan declarar sin transgredir la Ley de Secretos Oficiales. Uno de ellos, el comisario García Castaño, ha pedido formalmente al juez poder hablar de la Operación Kitchen y de otros secretos de más de treinta años destinado en puestos sensibles de la seguridad del Estado.