Que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) se transforme en ley es complicado. Primero, porque es necesario recopilar 500.000 firmas para que llegue al Congreso. Después porque tiene que someterse al proceso legislativo. En el caso de la renta mínima que llevaron al Congreso los sindicatos en mayo de 2016, las maniobras de PP y Ciudadanos han hecho aún más tedioso el trámite, que se ha prolongado ya dos años sin salir de la Comisión de Empleo.
En mayo de 2016 llegaron 700.000 firmas al Congreso de la mano de UGT y CCOO para promover que las personas desempleadas sin ninguna prestación perciban una renta mínima de 426 euros. La puesta en marcha de la iniciativa supondría un gasto de entre 6.000 y 11.000 millones de euros anuales.
El Gobierno tuvo la oportunidad de vetar entonces la admisión a trámite de la ILP. Lo ha hecho esta misma legislatura con otras 50 iniciativas legislativas amparándose en que suponen una desviación presupuestaria. Rajoy decidió no hacerlo por una cuestión de imagen y el pleno del Congreso dio el visto bueno a la iniciativa con el rechazo de PP y Ciudadanos, y el apoyo de las demás fuerzas, en febrero de 2017.
La proposición de ley llegó entonces a la Comisión de Empleo, donde se está tramitando, y se abrió un plazo de enmiendas que se prolongó durante siete meses. En total, se han producido una veintena de ampliaciones de dicho plazo, todas ellas acordadas por la Mesa de la comisión, donde tienen la mayoría los partidos de Mariano Rajoy y Albert Rivera.
Los sindicatos llegaron a amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional ante el bloqueo de la iniciativa. Ocurrió en junio de 2017, cuando se había decidido ampliar los plazos de enmiendas en 11 ocasiones. Todavía quedaban otras nueve ampliaciones.
Tres meses después, el PP presentó una enmienda a la totalidad para su discusión en el Pleno. El partido de Rajoy pretendía tumbar el texto presentado por los sindicatos, como ya hiciera en 2013 con la ILP de la PAH. O este mismo año en la Asamblea de Madrid con otra iniciativa por el derecho a la vivienda.
Una prestación en diferido
El PP proponía crear en el Congreso un grupo de trabajo para estudiar las prestaciones y delimitar las competencias en la gestión y pago de las mismas. Solo Ciudadanos, Foro y UPN respaldaron la enmienda del PP, que fue rechazada por la mayoría parlamentaria. En la oposición entendieron que ese debate fue un intento más de los conservadores de dilatar el proceso.
La estrategia del PP una vez que asumió que la ILP se tramitaría en el Congreso pasaba por vaciarla de contenido. Por ejemplo, planteó modificar la disposición final para “diferirla por razones contables”. Es decir, pretendía aplazar la puesta en marcha de la renta mínima “hasta que haya un escenario de presupuestos actualizados”.
Tras esta derrota en el Pleno, a finales de septiembre, el PP planteó celebrar una ronda de comparecencias en la Comisión de Empleo antes de comenzar el trámite de las enmiendas parciales. PSOE y Unidos Podemos denunciaron entonces que era un nuevo boicoteo a la tramitación. Las comparecencias en la comisión se han producido durante el último mes y medio –concluyeron este martes con la del secretario de Estado Alberto Nadal– mientras que las enmiendas al articulado se prolongaron hasta mediados de octubre.
Los informes a autoridades externas
Cuando el periodo de sesiones se acerca a su fin, los conservadores pretendían que la comisión solicitara una serie de informes a organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), con lo que el proceso podría dilatarse aún más, según alertan desde el PSOE y Unidos Podemos. “Dejen ya de pedir más informes y papeles, porque está ya absolutamente estudiado”, dijo el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, en la última reunión de la Comisión de Empleo en la que consideró que este había sido un proceso de comparecencias “extra”.
El presidente de la comisión, Alberto Montero (Unidos Podemos), no ha pedido sin embargo dichos informes porque la ley marca que solo los puede solicitar el Gobierno, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Comisión Nacional de Administración Local o la Comisión Financiera de la Seguridad Social. Además de las comunidades autónomas o gobiernos locales cuando se trata de materia de su competencia.
Fue la propia AIReF la que le comunicó que no podía trabajar por petición del Congreso. Montero asegura a eldiario.es que cuando se retomen la actividad ordinaria en el Congreso, a partir de febrero, se convocará la Ponencia que negociará el texto definitivo (o textos, si no hay acuerdo) que se someterá al Pleno.
Si en algún momento el Gobierno solicitara algún informe este debería pasar antes de su incorporación a la ponencia por una votación de los portavoces de la comisión. Ahí, PP y Ciudadanos no tienen la mayoría y no podrán dilatar de nuevo el proceso.
“Llevamos un año y pico y se han asegurado que no haya nada más hasta febrero. La gente firmó esto en 2015. Luego hablamos de desafección con la clase política. En buena lid es entendible”, lamenta Simancas, que denuncia la “estrategia de filibusterismo político” de PP y Ciudadanos.