El pseudosindicato Manos Limpias, que ha conseguido el ingreso en prisión de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, está presente como acusación particular en las principales causas de corrupción que se instruyen en los tribunales: el 'caso Urdangarín', el caso de los EREs en Andalucía, el caso Noos, el caso Madrid Arena, el caso Bankia o la trama Gürtel, entre muchos más, todos muy mediáticos.
Este grupo ultraconservador presenta cada año cerca de un centenar de denuncias (muchas terminan en la papelera) que aseguran costear con aportaciones de sus simpatizantes y suscripciones populares. Su lema es “allí donde exista un delito, debe haber alguien capaz de denunciarlo”, glosando al exfiscal italiano Antonio Di Pietro, famoso por sus investigaciones contra la corrupción en Italia.
Miguel Bernard, su secretario general y ex militante del partido ultraderechista Fuerza Nacional, fundado por Blas Piñar tras la disolución de Fuerza Nueva en 1982, manifestó a eldiario.es que “detrás de Manos Limpias no hay nadie que nos pague”. En la carta de presentación de su página web el sindicato se califica de independiente, “no hipotecado por nada ni por nadie” que, además de la defensa de sus afiliados, denuncia ante los tribunales los excesos del poder. “Nuestra labor se sustenta en el trabajo de varios despachos afiliados nuestros que no nos cobran nada –dice Bernard-. Las fianzas de los tribunales las pagamos con las cuotas de los afiliados, la lotería de Navidad y, si vamos algo apurados, con una suscripción popular. No nos subvenciona nadie. En este momento tenemos doce querellas en marcha por toda España y todas por casos de corrupción”.
A la pregunta de qué obtiene Manos Limpias personándose en tantas causas y tan dispares, Bernar dijo a eldiario.es que “la satisfacción de que la sociedad española sepa que aquí no vale todo. No nos mueve actuar contra un personaje determinado, sino la lucha contra la corrupción, venga de quien venga”.
Su última campaña para captar fondos fue el pasado abril y tenía como objetivo reunir los 8.000 euros de fianza que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exigía para admitir su personación como acusación popular en la causa contra Oriol Pujol Ferrusola, diputado de CiU en el Parlament, por presunto tráfico de influencia en la concesión de las ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de Cataluña. Ese mismo mes denunciaron a Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHI) como inductora de los escraches en los domicilios de diputados del PP y miembros del Gobierno. Su modus operandi consiste siempre en denunciar los hechos a la fiscalía o los juzgados, y si éstas no prosperan recurrir a la querella.
El ingreso en prisión de Blesa es su último logro, pero el más importante para el sindicato es la expulsión del magistrado Baltasar Garzón de la carrera judicial por haber intervenido en prisión las comunicaciones entre los imputados del 'caso Gürtel' y sus letrados. Hasta ese momento, Manos Limpias había presentado decenas de denuncias contra el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por motivos tan variopintos como participar en un mitin contra la guerra de Irak o recibir retribuciones de la Universidad Complutense sin acudir a su puesto de trabajo, todas ellas archivadas.
Abiertamente contrarios al proceso de paz en el País Vasco, también acabaron con la carrera política de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, a quien consiguieron que un tribunal condenara a un año y medio de inhabilitación por negarse a disolver el grupo parlamentario de Socialista Abertzaleak, la marca de Batasuna en la cámara de Vitoria. Kontxi Bilbao y Gorka Knorr, entonces miembros también de la mesa del parlamento, fueron igualmente condenados.
Manos Limpias argumenta sus personaciones en causas tan dispares en base al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), que dice que quienes “por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al ministerio fiscal, el tribunal competente y al juez de instrucción (...)”. Sus posiciones políticas les han llevado también a manifestarse contra el matrimonio entre homosexuales, el aborto (el año pasado denunciaron a la Clínica Dator), la píldora Viagra o el color rojo de la bandera de la Comunidad de Madrid.
Solo este mes de mayo han denunciado a la alcaldesa del ayuntamiento de Olazagutia por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo; al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, por varios delitos societarios; al president Artur Mas por amenazas al Gobierno de la nación, y al alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, por el asalto a varios supermercados.