Manos Limpias prosigue con su actividad acusadora a pesar de que su líder, Miguel Bernad, está en prisión por un presunto caso de extorsión que instruye el juez Santiago Pedraz.
El pasado mes de marzo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que investiga la participación de empresarios y cargos de la Junta de Castilla y León en el sobrecoste de 30 millones de euros del edificio de la Consejería de Economía y otros 20 en el Polígono de Portillo (caso ADE-Perla Negra), recibía el escrito de personación de esta organización para ejercer la acusación popular.
Manos Limpias argumentaba en él que no era necesaria la prestación de fianza puesto que esta solo sería necesaria cuando la querella se presenta al inicio del procedimiento penal, “pero no cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso”. También recordaba que tampoco era precisa puesto que no habría que responder “de las resultas del juicio” y citaba dos sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Madrid.
Aun así, Manos Limpias señalaba al juez que, en caso de tener un criterio distinto, se fijase una fianza “que pudiera resultar adecuada” y que se le proporcionase “el tiempo suficiente para obtenerla mediante captación pública” pues es como “necesariamente” tendrían que financiarla.
La respuesta del juez llegó apenas un mes después, el pasado 12 de abril, y notificado el día 14, un día antes de la detención de Bernad. En el auto, establece que en el escrito de personación se establecen hechos o que no son objeto del procedimiento (Manos Limpias relaciona hechos de la 'trama eólica' imputables a investigados del caso ADE) o no se han aclarado o fijado en la causa, si bien “la causa está debidamente justificada y su contenido es el que es”.
Sin embargo, el juez dice que entiende “junto con las partes y con el Ministerio Fiscal”, que dado el momento de la personación sí que debe exigirse una fianza que debe “guardar proporción con las posibilidades de la entidad”, aunque reconoce que desconoce cuales son. “Parece necesario cuando estamos ante una causa llamativa para la opinión pública en aras de evitar perjuicios con el fin de acceder a la información de forma privilegiada, que sea una fianza de cierta relevancia, puesto que obra en la causa información de expedientes administrativos, de datos económicos y fiscales de muchas personas, entidades...”, argumenta, por lo que fija una fianza de 10.000 euros.
El sindicato ya ha recurrido este auto, que tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Valladolid, porque la considera “excesiva y no justificada”, y recuerda que en el caso de los ERE de Andalucía, “la juez Alaya la fijó al inicio de la acusación popular en una cantidad de 300 euros” a pesar de que el caso era “de mayor repercusión social”, además de recordar las razones que esgrimió en el escrito de acusación.
La respuesta de la Audiencia Provincial de Valladolid determinará la presencia de Manos Limpias o no en el caso ADE. Como explicaron fuentes de la organización, será complicado asumir una fianza alta. En este momento, el sindicato no tiene liquidez porque el juez Pedraz ha bloqueado todas las cuentas. “En cualquier otro momento Manos Limpias habría podido obtener dinero mediante cuestación popular, pero no ahora, con Bernad en prisión”.
El letrado de Manos Limpias en Valladolid explicó a eldiario.es que está a la espera de la decisión de la Audiencia y también de lo que se le indique desde Madrid, y subrayó la alta cuantía de la fianza y de las cantidades que exigieron algunas de las partes personadas en el proceso (hay 26 investigados). “Alguno ha llegado a pedir para nosotros una fianza de 60.000 euros, otros de 40.000...”, declaró.
Del sobrecoste de obras públicas a la trama eólica
En el caso ADE-Perla Negra, el juez investiga la relación de altos cargos de la Junta con empresarios beneficiados en un presunto sobrecoste del edificio de la Consejería de Economía. Lo llamativo del caso es que parte de los investigados están relacionados con el caso de la Trama Eólica que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción.
Así ocurre con Alberto Esgueva, el principal beneficiado de la trama que le hizo ganar 47 millones de euros, y que fue director de la División de Creación de Empresas, Internacionalización y Servicios de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León (ADE) entre marzo de 2005 y febrero de 2006. Esgueva reside actualmente en Polonia, donde tiene una empresa de construcción junto a uno de los responsables de la constructora que se encargó de las obras del edificio de Economía, conocido como la 'Perla Negra' y en el que la Intervención General del Estado detectó dobles pagos que dispararon el presupuesto en 30 millones de euros más. El que fue viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez, también está investigado en la causa pero, es que además, Delgado es el que asumió, mediante la fórmula de la avocación, la capacidad de otorgar licencias para los parques eólicos. Así, solicitudes que llevaban años paralizadas, se reactivaron días después de que las eléctricas se aliasen con empresarios de Castilla y León y excargos de la Junta como Esgueva.
La otra rama del caso ADE es el que se refiere al Polígono de Portillo, en el que la Junta habría comprado con sobrecoste los terrenos que pertenecían a constructores y empresarios. Entre ellos vuelven a aparecer los de la 'Perla Negra' y el hermano de Alberto Esgueva, Francisco, propietario además de Cartonajes San Cayetano, un empresa que acabó en concurso de acreedores y que recibió subvenciones millonarias de la Junta.