El juez Manuel Marchena renuncia a presidir el Poder Judicial
El juez conservador Manuel Marchena, cuyo nombre había sido pactado por el Gobierno y el PP como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ha descartado su candidatura a dirigir este órgano, según ha adelantado El Español y ha confirmado eldiario.es.
En un comunicado en el que defiende su “independencia”, el magistrado del Tribunal Supremo asegura que “jamás” ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como “un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”. Y resalta que su desempeño como juez es “la mejor muestra” de que “jamás” ha aplicado el derecho siguiendo opciones políticas.
Marchena alcanzó en 2014 la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo gracias a la mayoría simple que estableció la reforma legal aprobada con la mayoría absoluta del PP. Es un magistrado de una categoría jurídica indiscutida pero también un marcado perfil político. La propuesta de nombramiento a la que ahora renuncia le sorprendió preparando el juicio del procés, que seguirá dirigiendo.
El acuerdo para situarlo al frente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces incluía el reparto de los veinte puestos que compondrán el Poder Judicial, con once candidatos propuestos por el PSOE y nueve por el PP. La cuestión no es menor porque esos vocales son los encargados, entre otras funciones, de negociar la elección de magistrados integrantes de los principales tribunales del país. Tras conocerse su renuncia, el PP anunció que rompía el pacto con el Gobierno para renovar el CGPJ.
Lo que resultó especialmente polémico es que el PSOE y el PP dieran por hecho que Marchena lideraría del CGPJ antes incluso de decidirse quiénes serían los veinte vocales que, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, tienen que elegir al presidente de la institución. Las asociaciones de jueces, que este lunes fueron a la huelga, criticaron a los partidos por “únicamente” alcanzar acuerdos “pacíficos y sólidos” en lo que al “control” del Poder Judicial se refiere. Ciudadanos, que evitó participar en el proceso, denunció un “vergonzoso” cambio de cromos.
La decisión de Marchena llega también un día después de que se hiciera público varios mensajes de WhatsApp enviados por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a los 146 miembros de su grupo parlamentario y en los que asume con naturalidad el reparto de poder con el PSOE para el próximo gobierno de los jueces.
Las decisiones de Marchena en el Supremo
El actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo lo es también de la sala Admisiones, que entre otras funciones tiene asignada la de decidir sobre si investiga o no a los políticos aforados. El propio Marchena lo recuerda en su carta y señala que del examen de esas decisiones se deduce que jamás ha actuado “condicionando la aplicación del derecho a la opción política del querellado o denunciado”.
Una de esas más recientes es el archivo de la investigación de Máster de Pablo Casado. Marchena presidió el tribunal que decidido no investigar al líder del PP por no encontrar indicios de prevaricación y cohecho impropio. Eso sí, el auto apuntaba a la existencia de “un trato de favor” aunque, según el auto, sin relevancia penal.
En los últimos meses, la sala que preside también aceptó imputar a la senadora del PP Pilar Barreiro o al senador del PSOE Antonio Gutiérrez Limones. Ambos declararon como investigados en el alto tribunal, pero los magistrados que instruían ambas causas decidieron archivarlas.
El candidato fallido a presidir el CGPJ también ha tenido sobre su mesa la posibilidad de imputar a exministros de PP y PSOE. En el caso del exministro del Interior, Marchena y otros cuatro magistrados decidieron no investigar a Jorge Fernández Díaz por las escuchas con el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya Daniel de Alfonso, en las que ambos hablaban sobre cómo utilizar a la Fiscalía para atacar a algunos líderes independentistas.
Marchena también presidió la Sala que decidió no imputar al exministro de Fomento del PSOE José Blanco y a los senadores del PP José Manuel Barreiro y Juan Antonio de las Heras por los regalos que les hizo el presidente del Grupo Monbús.
En los últimos meses, las decisiones más relevantes de Marchena han sido acerca de la causa del procés. Junto a otros magistrados del Supremo ha indo confirmando todas las decisiones que tomaba el instructor de la causa, Pablo Llarena. El propio Marchena admitió la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlament, en un procedimiento al que luego se incorporó el antiguo Govern.
Marchena también firmó el pasado 26 de septiembre el auto que rechazaba el indigente de nulidad de Iñaki Urgandarin contra la sentencia del caso Noos que le ha llevado a prisión. Él mismo fue el presidente del tribunal que confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma e impuso la pena de 6 años de cárcel al marido de la infanta Cristina.
También ha tenido que tomar decisiones que afectan a Podemos. Estuvo al frente de la sala que inadmitió la querella contra Pablo Iglesias por el informe PISA sobre la financiación ilegal del partido.
Sin cambios en la nueva reforma
La última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respaldada por PP, PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias, ha ignorado las críticas a la politización de la justicia y no cambia el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Y eso a pesar de que era un compromiso que Pedro Sánchez como líder de la oposición y Dolores Delgado como miembro de la Unión Progresista de Fiscales habían repetido antes de llegar al Gobierno. Ese texto, al que el Congreso dio luz verde el pasado 30 de octubre, está a la espera de que finalice el trámite parlamentario para entrar en vigor. Ahora está en el Senado.
También el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por sus siglas en inglés), ha afeado a España en sus últimos tres informes la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial. Entre ellos, de los vocales del CGPJ.
