Los dos partidos que aún tienen más peso en el reparto del poder en España han acordado que sea el fiscal y magistrado Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1951) quien intente sacar a la Justicia del profundo descrédito que vive, especialmente desde la denominada 'crisis de las hipotecas'. Y los dos partidos que han negociado en solitario durante las últimas semanas hasta agotar todos los plazos han decidido recurrir a un candidato con dos características claras: una categoría jurídica indiscutida pero también un marcado perfil político.
El PSOE ha aceptado finalmente el nombre propuesto por el Partido Popular para presidir un Consejo General del Poder Judicial en el que los vocales propuestos por los socialistas tendrán una exigua mayoría. A pesar de los teóricos contrapesos que el PSOE defiende haber introducido en el órgano de gobierno de los jueces, la izquierda judicial ha recibido la noticia con una sorpresa mayúscula: Marchena es para ellos el líder sin sombra de los conservadores -su ascendencia sobre el PP era reconocida en el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy- y también se le atribuye haber sido el urdidor de la colonización de la cúpula judicial por parte de la formación que ahora lidera Pablo Casado.
Manuel Marchena alcanzó en 2014 la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el oscuro objeto de deseo de los partidos políticos, gracias a la mayoría simple que estableció la reforma legal aprobada con la mayoría absoluta del PP. Y durante su mandato llegó el archivo de la causa contra la senadora Pilar Barreiro, el rechazo a investigar las grabaciones sobre la Operación Catalunya en el despacho del ministro Jorge Fernández Diaz y, más recientemente, la negativa a llamar a declarar como imputado al actual presidente del PP, Pablo Casado. Si bien es cierto que esas decisiones han contado con el acuerdo de magistrados progresistas y este último también con el escrito de la Fiscalía General del Estado presidida hoy por María José Segarra, la persona a la que el Gobierno de Sánchez confió ese puesto en la cúspide del ministerio público.
La propuesta de nombramiento -que todavía deberá ser refrendado en el Congreso y el Senado- ha cogido a Marchena preparando uno de los juicios más importantes de la historia de la democracia española, la causa del 1-O. Al frente de la Sala II, le correspondería presidir la vista por el referéndum secesionista, “el reto profesional e intelectual más importante” de su vida, según ha confesado en privado.
Si finalmente es elegido por los vocales del próximo CGPJ su presidente y, por tanto, el del Tribunal Supremo, no participará en el juicio. En una Sala de mayoría conservadora, y con los magistrados progresistas alineados con la instrucción de Pablo Llarena, su salida del estrado no parece que fuera a suponer un giro en la línea hostil para sus intereses que temen las defensas.
Manuel Marchena va a presidir un CGPJ muy diferente al que ha liderado Carlos Lesmes. La reforma del PP entregó a éste un modelo presidencialista, con una comisión permanente integrada por cinco vocales que, a diferencia del resto, estaban liberados. La nueva estructura volverá a dejar libre de sus ocupaciones profesionales a los veinte vocales y está previsto que se recupere la figura del portavoz. El actual CGPJ tuvo que improvisar portavoces ocasionales para crisis tan relevantes como la sentencia de La Manada. El perfil de Marchena invita a pensar que la vertiente mediática tendrá un peso importante. No en vano, el fiscal y magistrado tiene experiencia en los medios. Fue miembro del consejo editorial de Vocento y participaba en la redacción de los editoriales del grupo.
La fe que le profesan en el Partido Popular está acreditada por las veces que ha dicho no a ser fiscal general del Estado, un puesto que conoce bien tras su paso por la Secretaría Técnica, el órgano más relevante de la institución. Al Supremo llegó en 2007. En 2012 archivó la causa contra Garzón por los cursos del Banco de Santander al concluir que el posible delito de cohecho impropio estaba prescrito. Quienes le tratan con asiduidad dicen que el fallo por el que el Alto Tribunal avala la lista Falciani es uno de los trabajos que le han proporcionado mayor satisfacción personal.
Recientemente, dos asociaciones judiciales pidieron explicaciones por una supuesta irregularidad en el acceso a la carrera fiscal de una hija de Marchena. El CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia negaron que hubiera habido trato de favor. La denuncia no ha tenido peso alguno en el acuerdo de PP y PSOE para que presida el CGPJ y el Tribunal Supremo.