Varias decenas de jueces y fiscales tienen cuentas en Twitter y otras redes sociales. Algunos con nombre y apellidos y otros de forma anónima dan consejos a opositores, comentan sentencias del Tribunal Supremo o critican la situación política y las reformas legales que se van aprobando. Uno de ellos era, hasta hace pocos días, Manuel Ruiz de Lara. Este magistrado de lo mercantil de Madrid ha borrado su cuenta después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya abierto un expediente para ver si ha incurrido en algún tipo de falta por llamar “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno o “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado.
Manuel Ruiz de Lara pasó, entre otros destinos, por juzgados mercantiles de Cádiz o Barcelona antes de recalar en la Gran Vía de Madrid, donde su nombre saltó a las portadas de todos los diarios deportivos. El pleito de la Superliga, proyecto para una nueva competición europea impulsado por algunos de los equipos de fútbol más ricos de las ligas continentales, cayó en su juzgado. Y su primera decisión no pasó desapercibida: prohibió tajantemente a la FIFA y la UEFA que dieran cualquier paso, ni el más mínimo comunicado, para coartar el proyecto que querían poner en marcha, entre otros equipos, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça con Florentino Pérez al frente.
Ese proceso judicial, con muchos millones de euros en juego, elevó el nombre de Ruiz de Lara a los altares de las páginas deportivas mientras estuvo al frente del juzgado y del caso. Pero para entonces, el magistrado especializado en pleitos empresariales ya se había labrado un nombre en Twitter, donde llegó a acumular varios miles de seguidores. En esa cuenta, ahora desaparecida, hablaba de fútbol, de gastronomía, de running pero también de la Justicia, de la política y en especial del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
La consigna, bajo el eslogan de “idealismo imperturbable”, era defender la “independencia judicial” y criticar los pactos políticos utilizados para la “farsa” de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, en sus propias palabras, definiendo como “trepa” a los políticos que participan en el proceso. En los últimos años, por ejemplo, ha llamado “trepa sin honor” a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia. “Stalin de bolsillo”, ha dicho sobre Pablo Iglesias, exvicepresidente, en este artículo. “Ninguno tiene honor ni principios ni formación”, dijo sobre Pedro Sánchez y Pablo Casado.
Otros políticos le merecían mejor opinión. Por ejemplo, Macarena Olona, portavoz de la extrema derecha de Vox en el Congreso hasta hace año y medio. “Hay políticos que trepan y denigran la democracia. Luego están otros como ella, Macarena Olona, que optan por los principios y por el honor. No es cuestión de ideologías o partidos, sino de defender el Estado de Derecho y la independencia judicial. Nada más y nada menos”, dijo sobre la entonces dirigente del partido de Santiago Abascal.
Ruiz de Lara llegó a comparecer en el Congreso en su comisión para la auditoría de la calidad democrática y la lucha contra la corrupción. La última sentencia que ha trascendido al gran público de su juzgado es la que ha aumentado la factura millonaria de Julio Ariza, empresario mediático de cabecera de Vox, por la debacle económica del Grupo Intereconomía hace una década.
Sus fuertes opiniones sobre la política y la Justicia en España han llegado a las estanterías de las librerías. “Patria Judicial” y “Patria Olvidada” son las dos novelas que ha publicado este magistrado en los últimos años, relatando episodios de intrigas judiciales y políticas con unos personajes sacados directamente de la realidad pero con una letra cambiada en el nombre o el apellido.
En una de sus obras, por ejemplo, el Presidente Pedro Sánchez Castellón es asesinado por un francotirador cuando va camino de declarar por corrupción ante un Tribunal Supremo que preside Carlos Mestres. Hay un político retirado que se llama Ruiz Gilardón, otro en activo que se llama Grande-Marlanda y unos expertos en intrigas llamados Juan Carlos Monedas, Raúl Iglesias o Eloísa Beni. “Yo dejo al lector los paralelismos”, dijo el autor en esta entrevista con El Debate. “¿Realidad o ficción”, se preguntaba en la web la Asociación Profesional de la Magistratura.
Sus tuits, ante el CGPJ
En los últimos meses los mensajes en su ahora desaparecida cuenta de Twitter han ido subiendo de tono a medida que se han ido conociendo detalles de la ley de amnistía o las alusiones al 'lawfare' en el pacto entre PSOE y Junts. Y uno de ellos ha llegado a manos del Consejo General del Poder Judicial y su Promotor de la Acción Disciplinaria, el encargado de investigar si un juez ha cometido algún tipo de infracción que merezca una sanción en un proceso que, al final, tiene que pasar por manos de la Comisión Disciplinaria.
El camino desde Twitter hasta una posible sanción es muy largo y, por ahora, no ha sido recorrido por ningún integrante de la carrera judicial española. “Como primera diligencia, se le ha dado traslado del acuerdo de incoación para que alegue lo que estime conveniente”, afirmaba el CGPJ en un comunicado hace unos días para explicar la apertura de diligencias. El tuit llamando “psicópata” a Sánchez no es el único que ha llegado a manos del órgano de gobierno de los jueces: desde la Fiscalía también se ha remitido otro, hoy borrado, en el que llamaba “personificación del deshonor” a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por no salir al paso de las alusiones al 'lawfare'.
La libertad de expresión de los jueces que hacen uso de las redes sociales públicas identificándose como miembros de la carrera judicial ha sido un asunto polémico en el propio Consejo en los últimos años. La Ley Orgánica del Poder Judicial, según han concluido varias veces en el CGPJ, no recoge ningún artículo que permita sancionar a un juez por mensajes como estos. Dirigirse a otro poder del Estado con “felicitaciones o censuras” es una falta grave, pero solo si se hace “invocando la condición de juez” o aprovechando la toga. También faltar el respeto a sus superiores jerárquicos o la desconsideración con los ciudadanos. Pero no hay nada específico sobre este tipo de exabruptos.
El Consejo puso de manifiesto este agujero normativo de una ley de 1985 cuando tuvo que estudiar el caso de Manuel Piñar, el juez que condenó por primera vez a Juana Rivas, por escribir en Facebook cosas como que el ejecutivo central ejercía el “comunismo feminazi”. El mismo Promotor que ahora investiga a Ruiz de Lara archivó esas diligencias al entender que no se podía sancionar a Piñar por sus comentarios machistas, afeados también por la Fiscalía.
Si el magistrado que publica esos mensajes no hace “invocación expresa” de su condición de juez, o cuando sea “factible” entender que lo hace “como mero ciudadano” es algo que, dijo el CGPJ, “carece de tipicidad a fecha de hoy”. La Comisión Permanente añadió algo a lo dicho por el promotor: es conveniente según los vocales que el legislador valore la posibilidad de revisar los tipos disciplinarios que permiten sancionar a magistrados.
Otro caso fue el de un juez de Barcelona que, usando un perfil anónimo, llamó a sus compañeros a rechazar los recursos que presentara la Generalitat de Catalunya. En ese caso, al ser una cuenta anónima, el órgano de gobierno de los jueces entendió que no se presentaba como juez a la hora de hacer estos comentarios. Está por ver si estos argumentos sirven también para los comentarios de Manuel Ruiz de Lara. La Comisión de Ética Judicial, cuyos dictámenes no son vinculantes, recomienda que si un juez usa Twitter lo haga con “prudencia” y cuidando su “apariencia de imparcialidad”. “La participación del juez en las redes sociales ha de estar presidida, con carácter general, por la prudencia y la mesura”.