El 28 de noviembre de 2007 Argentina aprobó la Ley de Bosques que paralizaba la deforestación de bosques y encomendaba a las autoridades de cada provincia a regular esa práctica: “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrá realizar desmontes”, aclaraba el artículo octavo de ese texto.
Greenpeace denuncia que en el mismo momento en que se discutía y tramitaba la ley, y a pesar de que la moratoria ya se había establecido, en provincias como la de Salta los empresarios locales vivieron una “fiebre del oro” autorizada por sus gobernadores que, a toda prisa, según los ecologistas, abrieron el grifo del desmonte.
El 6 de diciembre de 2007, el gobernador de Salta autorizó que la explotación de La Moraleja, propiedad del extesorero del PP Ángel Sanchís y donde también tiene intereses su sucesor en el partido, Luis Bárcenas, eliminara 5.900 hectáreas de bosque natural para instalar una plantación forestal de maderas nobles a las que sacar partido económico.
Según la ONG, la autorización violaba esa moratoria establecida por el artículo octavo de la ley arriba descrita tan solo unas semanas después de su aprobación. De hecho, Greenpeace Argentina denunció ese mismo mes de diciembre tanto el caso concreto como que la provincia de Salta había aumentado la autorización de deforestación de bosque natural de 7.612 hectáreas en 2006 a 425.958 hectáreas en 2007.
Una vez que se produjo la ordenación territorial en la provincia de Salta, buena parte del terreno de la finca de La Moraleja se declaró como protegido. Casi toda la deforestación emprendida por Sanchís caía dentro de esa protección y, aunque Greenpeace no es capaz de determinar si eso ocurrió antes o después de la ley local, “en todo caso se había producido con una autorización irregular y fuera de plazo”, dice la ONG.
Los mapas satélite a los que ha tenido acceso eldiario.es, interpretados por Greenpeace Argentina, muestran la superficie en septiembre de 2008 de La Moraleja, cuando aún no había comenzado la deforestación.
En la misma imagen satélite tomada cuatro años después, se aprecia que la superficie deforestada es mucho mayor, y que la mayoría de ella está dentro del espacio protegido.
Esta acusación se produce después de que Greenpeace denunciara en eldiario.es que Ángel Sanchis había intentado comprar su apoyo público para esta misma operación de desmonte y replantación industrial en La Moraleja. El extesorero del PP anunció que se querellaría contra la ONG por imputarle un intento de soborno.