Marbella en la era Gil, la máquina de comprar voluntades

La terminal del sistema de escuchas telefónicas instalada en la Jefatura Superior de la Policía Nacional recogió la llamada del juez al gerente de Urbanismo. Ignorante de la cantidad de oídos al otro lado de la línea, el juez le decía con familiaridad que lo sentía, que se había equivocado en el procedimiento por el que había ordenado la suspensión de un programa de televisión dedicado al patrimonio del citado gerente.

El error, por la tramitación vía querella en lugar de denuncia, le había obligado a archivar y volver a iniciar el procedimiento por la vía correcta, momento aprovechado por la cadena de televisión local, regida por un policía municipal ya fallecido cuyas motivaciones nunca quedaron claras, para volver a emitir el programa en bucle.

Calma. Pronto estaría todo subsanado y el programa suspendido de nuevo. El gerente de Urbanismo no tenía motivos para arrepentirse de haber pagado el día anterior al juez, en metálico y en dos sobres diferentes, los 73.800 euros con los que dicho juez iba a sellar la señal del contrato de compraventa de una casa a la que le había echado el ojo.

Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la serie? No es The wire. Tampoco El pionero. Es la Marbella real de marzo de 2006, días antes de que los espectaculares registros simultáneos ordenados por el juez Miguel Ángel Torres sacaran a la luz la Operación Malaya contra la mafia urbanística marbellí y pusieran fin a quince años de gilismo en la ciudad malagueña. El juez pillado por casualidad en las escuchas del sistema SITEL, tal y como recogería años después la sentencia en firme del Supremo que le condenó, era Francisco Javier de Urquía, titular entonces del juzgado de instrucción número 2 de Marbella. El gerente de Urbanismo: Juan Antonio Roca, cerebro de la mafia marbellí.

Miguel Ángel Torres había ordenado las escuchas a Roca desde que, en el otoño de 2005, oyó su nombre en las conversaciones telefónicas de otra investigación, Ballena Blanca, contra el blanqueo de capitales. No abrió ni registro informático. Utilizó el número de un proceso ya archivado para esquivar los riesgos de una justicia que sabía agujereada. Empezaba la Operación Malaya.

El gilismo había convertido el Ayuntamiento de Marbella en una máquina de hacer dinero pero gracias a un motor de arranque, una primera y engrasada máquina de comprar voluntades, porque el que reparte se queda con la mejor parte. El que no pasaba por ella iba a la otra sección, la trituradora. Abogados, periodistas, jueces, ecologistas que no tragaron con el sistema imperante sufrieron persecución, amenazas, robos en sus domicilios y juzgados y campañas de persecución en el periódico local de distribución gratuita pagado con los impuestos. Y así, junto con el apoyo de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y jueces como Pilar Ramírez, la gran archivera de las denuncias contra Gil, suspendida de ejercicio durante cuatro años por el Supremo tras demostrarse que su familia mantenía intereses inmobiliarios en Marbella, lograron quince años en los que el Estado de Derecho pareció dimitido de sus funciones.

Esa máquina de comprar voluntades, aunque estuviera en sus horas de actividad más bajas cuando finalmente se actuó contra el gilismo, quedó al descubierto gracias a dos hallazgos que nada tienen que ver con tigresas, ganaderías, arte ni helicópteros, por espectaculares que quedasen en televisión: los archivos Excel encontrados durante los registros ordenados por Torres en el despacho de Maras Asesores y los documentos manuscritos que contenía el maletín Balenciaga de piel marrón que sujetaba con fuerza Salvador Gardoquí cuando el agente de la UDYCO le dijo que se lo entregara.

Los archivos Excel eran la transcripción informática de los papeles de Gardoquí, misma estructura, mismas siglas, en los que el contable de la trama urbanística iba recogiendo de su puño y letra los ingresos procedentes de promotores inmobiliarios que le iba dictando Roca y su transformación en pagos a concejales del Ayuntamiento a cambio de su voto favorable en proyectos urbanísticos que incumplían el Plan General de Ordenación Urbana vigente. La prueba equivalente, según el propio fiscal de Malaya, Juan Carlos López Caballero, al “puto pendrive” de la Gürtel, según lo denominó Correa.

Dinero para comprar voluntades siempre hubo en Marbella. Cuando el Supremo inhabilitó en 2002 a Jesús Gil por el caso camisetas, el gilismo colocó al frente del municipio a Julián Muñoz. Este no fue, sin embargo, lo dócil que Gil y Roca esperaban. Aconsejado por su entonces pareja Isabel Pantoja, muy bien relacionada con la Junta de Andalucía y quien vio rápidamente que la firma de Muñoz estaba en todas las decisiones comprometidas (Gil se quitaba de en medio cuando había que firmar un papel), pactó con San Telmo una salida a la situación marbellí, con más de 20.000 viviendas ilegales para entonces, a cambio de poner fin a la locura que habían dejado hacía mucho entrar en metástasis.

Y la máquina de comprar voluntades volvió a ponerse en funcionamiento en forma de moción de censura para arrebatarle la alcaldía a Muñoz. Precio: 20 millones de pesetas por cabeza, les dijo Roca en un reservado del Asador Donostiarra de Madrid a los concejales firmantes, huidos durante días de Marbella a la espera del Pleno en el que se consumó el cese de Muñoz. Así lo declararon en el juicio de Malaya, apuntando como financiador de la moción al mayor propietario de suelo de Marbella, el millonario Judah Eleazar Binstock. “¿Les dio mantequita el día de la notaría cuando estuvieron encerrados solos?”, les preguntó Muñoz a los concejales en el Pleno de la moción, enrabietado al ver que lo desbancaban sin darse a tiempo cuenta de que estaba descubriendo el pastel que tan bien conocía por dentro. Entre esos concejales, IGM, según las siglas de los archivos de Maras, que corresponden a Isabel García Marcos, firmante de la moción y quien ha aparecido en el primer capítulo de El pionero completamente amnésica de su participación en la mafia marbellí, su parte en la moción contra Muñoz y su condena en Malaya por aceptar pagos de Roca procedentes del dinero de los promotores.

Playa burbuja, mucho más que Marbella

Cuando, a mediados de 2016, Antonio Delgado y yo decidimos coger la moto, incrustarle una cámara en el guardabarros delantero y recorrer el litoral mediterráneo peninsular para recoger la imagen de cómo había quedado todo tras el estallido de la burbuja, era imposible que imaginásemos la España que íbamos a conocer. Un viaje que fueron dos por todo el litoral y muchos otros para permanecer durante semanas en los lugares que sabíamos que necesitaban un conocimiento a fondo, hasta completar casi dos años de investigación y más de 15.000 kilómetros de carretera. Un viaje que derivó en el libro Playa Burbuja (Datadista, 2018).

Marbella, la zona cero, el municipio protagonista de la Operación Malaya, teórico icono de la lucha contra la corrupción, se eligió sola como una de las historias a las que debíamos dedicar tiempo y esfuerzo. Marbella, el nombre que en la mayor parte de España resuena a turismo de lujo y jet set, a borbones y familia real saudí, blancura y yates nos recibió con las heridas de una ciudad a la que dejaron quebrada y sin suelo para los mínimos equipamientos, dolida en los bolsillos por impuestos que se esfuman en el pago de las rondas que la corrupción dejó a deber, y en sombra, bajo edificios de apartamentos de más de diez plantas, elevados sobre suelo destinado a colegios, a zonas verdes, a vía pública y convertidos en un invento en altura de primera línea de playa.

Marbella le dio el cetro de alcalde por mayoría absoluta a Jesús Gil una y otra vez y eso se convirtió en argumento, tantas veces esgrimido en este país en otros casos, para justificar una gestión al margen de la legalidad. Tras un análisis de semanas de los datos de licencias ilegales concedidas en época del GIL (Grupo Independiente Liberal) llegamos a la respuesta que durante tantos años buscó Marbella. ¿Cuántas viviendas ilegales dejó el gilismo? Se dio licencia para construir al menos 38.439 viviendas ilegales. No todas se construyeron, hubo un momento a partir de 2003 que a la justicia no le quedó otra que empezar a paralizar obras, pero el daño causado a una ciudad que cuenta actualmente con 86.700 viviendas fue inmenso.

En el viaje conocimos a Inmaculada Gálvez, la abogada que mientras otros decían que no se enfrentaban a Gil decidió echarse a la espalda decenas de causas contra la mafia urbanística marbellí y asumir las consecuencias para su vida profesional y personal. A Carmen Suárez, defendida por Gálvez, que a sus 86 años sigue batallando contra el edificio de doce plantas que Gil le construyó a menos de un metro de la barandilla de la terraza de su casa de una planta, en otro tiempo frente al mar. A Santiago Torres, el juez que se enfrentó a Gil, parando por primera vez las obras de un edificio, precisamente el que hoy aún tapa las vistas de Carmen, y quien consiguió su inhabilitación definitiva por el caso camisetas. A periodistas como Antonio Rubio, que tenía que dormir lejos de Marbella mientras investigaba el caso Saqueo, la trama de facturas falsas del Ayuntamiento marbellí.

Olvidar su lucha y la de otros muchos héroes anónimos que encontramos en nuestro camino por el litoral y cuyas historias recogemos en Playa Burbuja sería doblemente injusto. Por lo que supone de borrado de la historia, plagada de reclasificaciones de suelo, casos archivados, indultos exprés y mociones ligadas al ladrillo y porque, en lugares como Marbella, se siguen comprando y vendiendo viviendas ilegales sencillamente porque en el Registro de la Propiedad no figura que lo son y que en muchos casos, como en el del edificio que deja en sombra a Carmen, tienen sentencias en firme. Y mientras no figure en el registro, derribar equivaldrá a indemnizar a los propietarios de sus 119 apartamentos por lo que se conoce como daños a terceros de buena fe, imaginen en una ciudad con miles de edificios ilegales. Y si se sigue sin indemnizar a los afectados por un Estado de Derecho que falló, esperando a que las ejecuciones de sentencia prescriban, cambiando leyes para que el tiempo convierta en legal lo ilegal, Gil, fallecido en mayo de 2004, seguirá venciendo.

Que no se borre la historia. Porque en un país con agua por casi todas partes, con el litoral plagado de pequeños municipios y una economía entregada al sol y la playa, el ladrillo vuelve con todo su poder y no ha aprendido la lección.

Este texto está basado en el libro de Antonio Delgado y Ana Tudela Playa Burbuja: un viaje al reino de los señores del ladrillo, publicado por Datadista.Playa Burbuja: un viaje al reino de los señores del ladrilloDatadista