Margallo asegura que el Estado “no puede tolerar ningún acto de desobediencia” en Cataluña e insta a volver “a la razón”

A su juicio, a partir de la segunda quincena de agosto van a empezar a “pasar cosas” en Cataluña porque el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene “dificultades” con su propio partido, con ERC, la CUP y también con sectores sociales importantes, como los empresarios y comerciantes, la tradicional burguesía catalana.

Para García-Margallo, esta es una “tragicomedia en la que nadie sabe cuál es el final y nadie sabe qué va a pasar al día siguiente” puesto que en el campo soberanista o secesionista “cada uno parece tener su propia agencia, lo que no solo no facilita una solución del proceso, sino que lo dificulta”.

En este sentido, cree que existe un “marcaje permanente que impide cualquier tipo de movimiento de aproximación a una solución razonable” y al respecto ha incidido en que la declaración unilateral del independencia “no lo es” porque llevaría a Cataluña a un “limbo jurídico” sin reconocimiento internacional y sin tener “posibilidad ninguna” de pedir su reingreso en la Unión Europea.

Según el exministro, esto se traduciría en “dificultades importantes” en comercio exterior, exportaciones y la pérdida de las ventajas que se derivan de los acuerdos comerciales de la UE con el resto del mundo --unos 50--.

El exministro ha apuntado que esto provocaría un “empobrecimiento” de los catalanes que cifra en el 20 por ciento del PIB, por lo que “no son temas menores”, ha advertido, y prevé que en este escenario, Cataluña estaría en una “situación financiera imposible” porque se ha financiado con mecanismos extraordinarios como el FLA y los fondos de proveedores.

POSIBLE CASTIGO ELECTORAL

En este sentido, el diputado del PP sostiene que se maneja el escenario del referéndum para “obtener ventajas competitivas en unas hipotéticas elecciones” y añade que “abandonar el sueño imposible de la secesión supondría un castigo electoral para el partido que lo hiciese”. De ahí que se vigilen “los unos a los otros”.

García-Margallo ha indicado como “incidentes posibles” que el Govern apruebe la Ley de Reférendum de Autodeterminación y la mande al Parlament, cuya mesa “no podría siquiera tomarla en consideración”, una vez haya sido anulada por el Constitucional, algo que asegura que ocurrirá. En el caso de que se anule judicialmente y la Mesa del Parlament la tome en consideración, se produciría un “acto de insumisión” que puede llevar a inhabilitar a quien lo haga.

“Si el Govern adoptase medidas de ejecución de una ley declarada inconstitucional, estaríamos en otro proceso de inhabilitación”, ha dicho y ha añadido que, en su opinión, lo “grave” es que, se resuelvan o no los incidentes “puntuales”, el “problema de la desafección de parte de la sociedad catalana con las otras Españas subsiste y haríamos bien en analizarlo”.

El exministro ha explicado que su tesis “desde hace tiempo” es que “no se debería haber tolerado el simulacro del 'procés' del 9N” y, al mismo tiempo, se debería haber iniciado una negociación sobre la reforma constitucional; sobre la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña acerca del porcentaje de inversión en esa comunidad; sobre una ley oficial de lenguas que desarrolle el artículo 3 de la Constitución y un cambio de sistema de financiación que se debería haber abordado “desde hace tiempo”.

Para el diputado del PP, actualmente hay dos “hechos indudables”: “una identidad catalana y una realidad hispánica de esa identidad, ambos innegables”. A su juicio, “se puede ignorar uno de ellos; negar la realidad hispánica, que es el separatismo; intentar conciliarlos para que se beneficien o esperar, que es la peor de todas las soluciones porque es una especie de guerra declarada que enturbia todas las relaciones y necesariamente tendrá que desembocar en una de las dos”, ha dicho el exministro, que prevé un agosto y septiembre “muy complicado”.