Durante décadas, Maria Antònia Munar (Barcelona, 1955) manejó los hilos de las principales instituciones de Baleares. Hasta el punto de que acabó siendo bautizada como sa Princesa (la Princesa). Convertida con 24 años en la primera alcaldesa en las islas y en la más joven a nivel nacional, se erigió tiempo después en la primera presidenta del Consell de Mallorca y, ya en la recta final de su trayectoria política, en la primera mujer que ocupó el sillón de la presidencia del Parlament balear. Pero un día todo se torció. Inmersa en varios de los casos de corrupción más sonoros de los que el archipiélago ha sido escenario, hace más de siete años fue enviada a prisión con condenas que sumaban once años y medio de cárcel. Esta semana ha obtenido el tercer grado penitenciario.
El pasado miércoles la Audiencia Provincial de Baleares notificaba un auto que, con el apoyo de la Fiscalía, concedía la semilibertad a Munar tras haber cumplido más de la mitad del total de las penas. La resolución resaltaba, entre otros aspectos, el comportamiento de la expolítica, quien ha disfrutado sin incidencias de los permisos que le han sido otorgados, y el hecho de no ostentar en la actualidad ningún cargo público, lo que implica, según el órgano judicial, que será “muy difícil” que se produzca una reiteración delictiva.
Tras esta decisión, Munar afronta su futuro inmediato en régimen abierto tras más de siete años encarcelada en el centro penitenciario de Palma, a cuyas instalaciones un coche policial la condujo, por primera vez, la tarde del 24 de julio de 2013. Ese día, la Audiencia decretó su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga tras condenarla a seis años de cárcel por la venta irregular de los terrenos palmesanos de Can Domenge. Un castigo que se sumaba a los cinco años y medio que un año antes le habían impuesto los magistrados a raíz del desvío de 240.000 euros públicos a una empresa que controlaba oculta tras un testaferro.
Figura clave de la política balear, Munar pasó de la cima al descenso vertiginoso después de que los tribunales pusieran, hace más de diez años, el foco sobre ella. Nacida en Barcelona en 1955, doctora en Derecho y empresaria, participó en 1982 en la fundación de Unió Mallorquina (UM) junto a otros exintegrantes de la desaparecida UCD, formación con la que en 1979 había logrado ser elegida alcaldesa de la localidad mallorquina de Costitx.
Tras su nombramiento como presidenta de UM en 1990 saltó a la primera línea política como consellera de Educación y Cultura con el Govern de Gabriel Cañellas (PP), quien, por su parte, en 1997 sería absuelto de un delito de cohecho ya prescrito del que se le acusaba por el cobro de un soborno de 50 millones de pesetas a cambio de la adjudicación de las obras del túnel de Sóller. Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando Munar vislumbró su gran oportunidad: ese año se alzaba con la presidencia del Consell de Mallorca, institución que dirigiría ininterrumpidamente hasta 2007. Tres legislaturas a lo largo de las cuales supo sacar rédito a la condición de UM como partido bisagra y a la necesidad de PP y PSOE de contar con su apoyo para formar gobierno al frente de la administración supramunicipal.
Querida por un amplio sector de la sociedad mallorquina y denostada por otros, Munar se volcó, entre otros proyectos, en reforzar el carácter identitario de la isla, en apoyar a colectivos y sectores de toda índole y en impulsar la mejora de toda la red viaria de Mallorca. Y fue en este contexto en el que hizo realidad, en 2006, la que se convertiría en la infraestructura estrella -y más costosa- de UM, el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyo presunto sobrecoste -cifrado en unos 42 millones de euros- la han convertido en el epicentro de la última causa judicial pendiente de juicio contra la extinta formación.
Con el incontestable poder político cosechado durante varias décadas, a Munar se le abrirían en 2007 las puertas de la presidencia del Parlament tras pactar con PSIB y los nacionalistas del Bloc per Mallorca, alianza que coronó al socialista Francesc Antich como presidente del Govern balear después de que Jaume Matas perdiera la mayoría absoluta que había ostentado durante los cuatro años anteriores. El paso de sa Princesa por la cámara autonómica no tardaría, sin embargo, en enmarañarse a raíz del ovillo de casos de corrupción que comenzaron a asolar a UM, y en varios de los cuales acabaría viéndose involucrada.
Compra de votos con dinero público, contrataciones por parte de la Administración de trabajadores que en realidad se dedicaban a hacer favores al partido, actos, charlas y hasta un certamen de Miss Argentina Baleares sufragados con cargo al erario público, pero destinados a granjearse nuevos electores. Las múltiples tácticas empleadas por la formación acabaron aflorando, y sus dirigentes detenidos en sucesivas operaciones policiales llevadas a cabo durante unas semanas muy agitadas en las islas. El 5 de febrero de 2010 la sucesión de escándalos hizo que el acuerdo de gobernabilidad suscrito con UM tres años antes saltase por los aires.
Ese mismo mes, el día 28, Munar anunciaba su dimisión como presidenta del Parlament y el abandono de la vida política. Aunque llevaba tres meses imputada por el caso Can Domenge, fueron las acusaciones que ese mismo día había vertido contra ella el que fuera su delfín político, Miquel Nadal -quien la sustituyó al frente de la presidencia de UM en 2007-, las que precipitaron su adiós. En el marco de una de las numerosas causas abiertas contra la formación, Nadal confesó que Munar le había entregado en su coche oficial 300.000 euros en metálico para comprar la mitad de una productora audiovisual, Vídeo U, que ambos controlaban en la sombra mientras la regaban con fondos del Consell.
La propia UM fue la encargada de dar a conocer la dimisión de la expolítica mediante un comunicado en el que, paradójicamente, afirmaba que, “como se demostrará”, Munar “siempre” había actuado “desde la más absoluta legalidad y de acuerdo con la ética política” a lo largo de su trayectoria pública. Unas manifestaciones que el veredicto de los tribunales acabaría desmintiendo.
El alud de casos de corrupción que acorralaban a UM condujo, el 28 de febrero de 2011, a la disolución del partido. El registro llevado a cabo dos días antes en la sede de la formación, uno de los primeros llevados a cabo en las dependencias de una formación política en la historia de la democracia, colmó el vaso. Munar, entretanto, no se libraba de los embates judiciales y un año después era condenada a cinco años y medio de prisión por desviar 240.000 euros a Vídeo U, la empresa de la que era copropietaria.
Era la primera pena que recaía sobre la histórica dirigente, a la que seguirían cinco más. El 24 de julio de 2013 la Audiencia Provincial condenaba por segunda vez a Munar, en esta ocasión como consecuencia de la adjudicación ilícita de los terrenos de Can Domenge por la mitad de su valor en el mercado a la constructora Sacresa. Ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción pedía su ingreso en prisión inmediato para evitar su fuga: los investigadores sospechaban que Munar podía disponer de fondos en el extranjero -cuya existencia nunca llegó a demostrarse- con los que poder sustraerse a la acción de la Justicia.
Desde entonces la exlíder de UM solo ha salido de prisión para acudir a sus sucesivas citas en los tribunales. Munar, empeñada desde su primer encausamiento en asumir cualquier tipo de culpabilidad, acabó finalmente sucumbiendo a los acuerdos de conformidad con la Fiscalía y el resto de acusaciones, lo que le llevó a ver considerablemente reducidas sus últimas condenas, traducidas en inhabilitaciones.
Atrás quedan lágrimas y arrepentimientos, como el que mostró durante uno de los últimos juicios que afrontó, en el que manifestó estar “muerta política, económica y socialmente”. El fiscal, sin embargo, hizo caso omiso a los sollozos de la exdirigente y, dirigiéndose al jurado, profirió: “La responsabilidad de ese sufrimiento no es de los que hacen cumplir la ley, sino del que se aprovechó de su cargo para saltársela”.