El portavoz de la asociación, Alberto Paz Viñas, ha anunciado que pronto viajarán a Bruselas para explicar su situación ante la Comisión Europea. Paz-Viñas ha señalado que la CE ha calificado este caso como “grave injusticia social” y ha asegurado haber recibido una carta de José Manuel Durao-Barroso en la que se les informaba de que estudiaban llevar a Noruega ante el Tribunal de Derechos Humanos Europeo.
La problemática afecta a unos 12.000 marineros que trabajaron en Noruega con anterioridad al año 1994, año en el que España y el país nórdico firmaron un convenio para regularizar la situación de los trabajadores españoles, aunque dicho acuerdo no se hizo con carácter retroactivo, por lo que los marineros que habían desempeñado trabajos con anterioridad a ese año se han quedado sin percibir las prestaciones.
Alberto Paz Viñas ha explicado que los trabajadores constaban como “residentes fiscales obligatorios” y que, por este motivo, tenían que pagar el IRPF, lo que les impidió abonar sus impuestos en España, a pesar de que nunca residieron en el país nórdico.
Desde la plataforma reclaman que se les devuelvan “los impuestos actualizados” o “una compensación acorde con la situación”, una cantidad que estiman ascendería a 520 millones de euros y aseguran que lo único que exigen es “el dinero que ellos pagaron con creces”.
La asociación ha pedido a la sociedad española un “boicot” a “todos los productos Noruegos en España”. La marcha, que ha reunido a más de un centenar de personas, ha partido desde la céntrica plaza madrileña de Callao hasta la Puerta del Sol, en un recorrido en el que se han podido escuchar lemas como “Noruega devuelve lo robado, nosotros lo hemos trabajado”; “Nativa o extranjera, la misma clase obrera” o “Noruega indecente, paga ya a la gente”.
Los marineros volverán a manifestarse en Madrid el próximo 23 de febrero, esta vez, ante la embajada noruega en España y han asegurado que seguirán haciéndolo hasta que se solucione su situación.