David Marjaliza, Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron 3,6 millones de euros por las obras de ampliación de Metro de Madrid. Así lo ha asegurado el empresario de la Púnica durante su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional, donde ha aportado la documentación que prueba el cobro de mordidas.
En su declaración ha explicado que Granados era quien decidía el reparto de comisiones y exigía que su parte se le entregase en metálico, en un sobre. Según fuentes presentes en la declaración, ha explicado que López Madrid entró en el reparto por indicación del propio exconsejero de Presidencia, que usó una de las sociedades del empresario para amañar el concurso.
Al término de su declaración, que duró unas tres horas, el juez informó a Marjaliza de que iba a pedir al Ministerio del Interior que estudie hay que ponerle protección a él y a su familia, por las amenazas que el empresario dice estar recibiendo.
La nueva documentación que ha aportado, adelantada por El País, reflejan un cruce de facturas que da como resultado unas ganancias de 6,6 millones para las empresas vinculadas a Marjaliza por trabajos de “asesoramiento” y “gestión” en las obras licitadas en 2004 para ampliaciones de Metro Ligero, Metro Norte y el Metro Sur.
Tras pagar los correspondientes impuestos, la cifra resultante se quedó a en 3,6 millones de euros, a repartir a partes iguales entre Marjaliza, Granados y López Madrid. Según la documentación del empresario, “F1” -Futuro 1, el seudónimo con el que se refería a Granados- se llevó 1,2 millones de euros, la misma cantidad que “JLM”- Javier López Madrid- y “V”, en referencia a Vancuover Gestión, una empresa de Marjaliza.
López Madrid le ayudó a amañar el concurso
Durante su declaración ante el juez de Púnica, Marjaliza ha explicado que esos pagos se hicieron a lo largo de 2005 y 2007. López Madrid ingresó su parte cobrando desde su empresa Financiera SiaCapital SL a la sociedad de Marjaliza por conceptos como haber intermediado para lograr las concesiones.
Durante su declaración, según informan fuentes jurídicas, ha detallado el papel de López Madrid en el proceso. Según ha explicado, el empresario “vació” una sociedad de su propiedad -ELSAN, especializada en construcción- que vendió a bajo precio a Marjaliza y Granados para que la pudiesen utilizar para amañar el contrato de las obras de Metro.
Con la amaño finalizado, Granados indicó que López Madrid tenía que llevar su parte. Marjaliza ha dejado claro en la sala de declaraciones que tiene facturas y comprobantes de esos pagos porque él mismo realizó las transferencias. Ha dicho desconocer si Aguirre estaba al tanto de esta operación.
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha dictado ya una providencia en la que ordena que la documentación entregada por Marjaliza para “esclarecer los hechos” se ponga a disposición de la Fiscalía y la UCO, para su “investigación y estudio”.
Marjaliza ha dicho en un momento de su declaración que tiene más documentación. Varios abogados han interrumpido el interrogatorio para pedir que se retuviese al empresario y se registrase su casa para requisar esos documentos, pero el juez se ha negado. También ha cortado en seco los intentos de los letrados de preguntar si tiene un acuerdo con la Fiscalía para confesarlo todo.
Comisiones por cada vivienda protegida
Marjaliza ha ahonda durante su declaración en otra arista de la investigación de Púnica, la relativa al amaño de las licitaciones para construir viviendas protegidas en municipios madrileños como Parla o Getafe. El propio empresario ha explicado a los periodistas a la salida que los ayuntamientos de cualquier signo político exigían una mordida para adjudicar las obras.
Según ha detallado durante su declaración, para las de tipo VPP -vivienda de protección pública- se pagaban 3.000 euros por cada una, mientras que para hacerse con las VPL -Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado- había que pagar 6.000 euros al intermediario con el Ayuntamiento.
Ha explicado que cada partido adjudicaba las viviendas a los empresarios de su confianza, previo cobro de la mordida, pero que él siempre tuvo tratos con el mismo partido, el PP. “Yo pagaba a quien tenía que pagar”, ha dicho a la salida del interrogatorio.
Sí que ha reconocido que en alguna ocasión trató con políticos del PSOE, como cuando abonó 600.000 euros a un intermediario de Tomás Gómez, el exsecretario general de los socialistas madrileños. Más de 200.000 se destinaron a pagar material electoral, ha precisado.
Granados centralizó en Arpegio esas licitaciones de viviendas. “Para que se lo lleven los alcaldes, ya me lo llevo yo”, ha recordado Marjaliza que dijo el exconsejero. Ese nuevo proceso de licitación era más complicado, y provocaba que solo las grandes constructoras llegasen a la fase final. En ese momento, Marjaliza se ponía en contacto con las empresa para indicarle que tenía que pagar el 2 o el 3% para hacerse con la licitación.
Florentino Pérez se quejó a Aguirre
Marjaliza ha dedicado una parte de la declaración a explicar por qué Granados dejó de ser consejero de Transportes de Aguirre, según la versión de este último. En una cena que organizó tras abandonar ese puesto, aseguró que él había cambiado las licitaciones para dar entrada a empresas de tamaño medio, en lugar de que las grandes copasen cada contrato. Así entraron las sociedades de Granados.
Ese cambio en la forma de adjudicar contratos no gustó a Florentino Pérez, dueño de ACS, que según Granados acudió directamente a Aguirre para quejarse del nuevo sistema. Según el exconsejero, Aguirre tomó entonces la decisión de apartarle de la Consejería que tantos beneficios económicos estaba dando a Granados.