El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos se han hecho cumpliendo todos los requisitos legales y “siempre en interés superior del menor”. En una entrevista en la Cadena SER, el titular de Interior ha detallado que hasta ahora las autoridades han retornado a 45 menores y que en todos los casos se han garantizado sus derechos para que vuelvan a su “entorno cultural, social y familiar, sin menoscabo de su integridad moral”.
Marlaska se ha remitido al marco normativo firmado en 2007 entre Marruecos y España para “el retorno concertado y cuando proceda” y, ha insistido, “siempre en interés superior del menor”, al tiempo que ha precisado que no ha sido devuelta ninguna persona en “situación vulnerable”.
El ministro también ha afirmado que “todos hemos estado informados en los términos precisos”, después de ser preguntado si la Fiscalía y también su compañera de gabinete, la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, conocían si se iba a acometer la operación de retorno. “Para obtener conocimiento expreso de cómo se desarrollan los acontecimientos está bien pedir información complementaria, pero siempre es complementaria. ”Todos nuestros departamentos están perfectamente conectados e interrelacionados“, ha confirmado.
En este sentido, el ministro ha sostenido que ha mantenido comunicación con Belarra y con sus departamentos para el seguimiento del asunto.
Pero desde Derechos Sociales desmienten al titular de Interior. “Marlaska no ha contactado con Ione Belarra por ningún medio en ningún momento de esta crisis”, han asegurado a elDiario.es fuentes del ministerio que dirige la secretaria general de Podemos, y que tiene competencias en materia de menores, informa Aitor Riveiro.
Desde Unidas Podemos han reclamado este mismo lunes a Marlaska que detenga las deportaciones. Incluso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha puesto en contacto con Pedro Sánchez para pedirle que intervenga y ordene “parar inmediatamente” las devoluciones, según ha declarado la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, en RNE.
La semana pasada, la cartera que dirige Belarra envió una carta a Interior después de que se conociese la decisión de devolver a 800 menores que estaban en centros de acogida en Ceuta y que entraron en mayo, tras la orden de Marruecos de abrir la frontera como medida de presión a España. La carta, firmada por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Peralta, y la directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego, señalaba que tras haber mostrado su “disposición” y “apoyo en reiteradas ocasiones” para “garantizar el retorno seguro” de los menores bajo la tutela de la administración pública española, se ven “en la necesidad de dejar constancia de que toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno en Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la repatriación de estos niños y niñas desde la ciudad de Ceuta al Reino de Marruecos es única y exclusivamente del Ministerio del Interior”.
Marlaska ha reiterado este lunes que “en todo caso y en todo momento se cumple la ley” y que los 45 menores devueltos hasta ahora “querían volver a su país”. “Todos ellos entraron en los días de mayo, de los que son objeto de retorno ninguno tiene ningún tipo de arraigo”, ha añadido el ministro.
Las devoluciones comenzaron el viernes pasado. Fuentes policiales corroboraron a elDiario.es que la operación se inició en el polideportivo Santa Amelia, un lugar donde están alojados 234 menores, y que salieron de 15 en 15, excepto los considerados “vulnerables”, un extremo que también ha confirmado hoy Marlaska. No obstante, aún no está claro cuál es el criterio para que sean considerados de ese modo. El área de Menores de la ciudad autónoma, con competencias sobre esos jóvenes, no tenía conocimiento del operativo.
La Fiscalía pidió el sábado a Interior información sobre la orden dada por Marlaska, en virtud de un convenio con Marruecos, para devolver a niños y adolescentes en grupos sin contar con el aval de la Fiscalía, que exige la Ley de Extranjería. El Fiscal de Sala de Menores, Eduardo Esteban, quiso saber en su escrito cuáles fueron las “medidas adoptadas para garantizar el respeto de los menores, con indicación de si se ha incoado un expediente individual relativo a cada menor, si este ha sido oído en el mismo, y se ha comunicado cada expediente al fiscal y cualquiera otra cuestión que considere oportuno comunicar”. La solicitud de esa información es la prueba definitiva de que el operativo diseñado por Marlaska se hizo sin el preceptivo aval de la Fiscalía que exige la ley.
El artículo 35 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social dice textualmente en su punto número 5: “La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos”.
En este sentido, el ministro ha defendido que “el retorno asistido es la forma más adecuada de garantizar el derecho del menor” y que “el propio Comité de los Derechos del Niño” establece que la medida del “retorno de reagrupación familiar debe ser siempre el camino a emprender”. “Evidentemente sus derechos van a quedar garantizados en su entorno social, cultural y familiar”, ha recalcado, al tiempo que ha dicho que esto se va a garantizar a través de “las comunicaciones directas entre la ciudad de Ceuta y los menores y las reuniones que se tienen con las autoridades del Reino de Marruecos”.
Varias organizaciones han mostrado su rechazo a la decisión de Interior y han pedido que se paralicen de forma inmediata estas devoluciones. Amnistía Internacional solicitó ese mismo viernes que se detengan las expulsiones “hasta que cada expediente haya sido revisado por la Fiscalía de Menores y asegure que se ha actuado de conformidad con el interés superior de los niños y niñas”, al tiempo que recordó que las autoridades están “obligadas” a “proteger los derechos de los menores que se encuentran en su territorio”. Save The Children se posicionó en el mismo sentido, mientras que el Defensor del Pueblo ha sostenido que esta orden se sostiene únicamente en el convenio con Marruecos. La Unión Progresista de Fiscales, una organización integrada por fiscales de toda España emitió un comunicado este fin de semana apoyándose en los argumentos del Defensor del Pueblo en el que recordó que “que los derechos de la infancia migrante deben ser respetados”. En el texto hacen alusión a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. “Ello obliga a analizar su situación de forma específica e individualizada y en todo caso respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”, se puede leer en el documento.