El máster de Cifuentes llega al Supremo sin Cifuentes

El caso del máster de Cristina Cifuentes ha llegado al Tribunal Supremo. Este martes la sala de lo penal estudiará la sentencia de los tribunales madrileños que absolvió a la expresidenta de la Comunidad de Madrid y condenó a la profesora y la asesora implicadas en la falsificación de las actas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero el caso llega al alto tribunal sin Cifuentes: solo María Teresa Feito ha recurrido su condena de falsedad documental y ni la Fiscalía ni la Universidad han cuestionado la absolución de la expresidenta madrileña. El Ministerio Público sí ha pedido que la condena de dos años de cárcel de Feito, entonces asesora en la Consejería de Educación, sea confirmada, según explican fuentes del caso.

El caso del máster de Cristina Cifuentes fue destapado por elDiario.es en marzo de 2018. Una sucesión de informaciones sobre cómo Cristina Cifuentes había obtenido un máster en Derecho Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos con unas notas que habían sido falsificadas: una funcionaria había conseguido que, años después de matricularse, varias asignaturas en la que figuraba como “no presentada” pasaran a estar aprobadas con un notable. La documentación también cuestionaba cómo y ante quién había presentado su Trabajo Fin de Máster: sólo pasó un minuto entre la calificación de una asignatura que le quedaba pendiente y la del Trabajo Fin de Máster.

La exclusiva de este periódico obligó a Cifuentes y a la URJC a dar explicaciones, y fue entonces cuando la presidenta regional compareció en la Asamblea de Madrid y exhibió unas actas firmadas que, según ella, demostraban que todo su máster había sido cursado correctamente. La investigación judicial dejó negro sobre blanco que esas actas falsas habían sido confeccionadas por la profesora Cecilia Rosado después de recibir 15 llamadas y mensajes de María Teresa Feito, entonces asesora de la Consejería de Educación del ejecutivo madrileño. Lo que los jueces definieron posteriormente como una actuación “insistente y agobiante” para que las actas fueran falsificadas.

El caso pasó del juzgado 51 de Madrid a la Audiencia Provincial, donde Cristina Cifuentes fue absuelta, Feito condenada a tres años de cárcel por falsedad documental, mientras que Rosado fue condenada a un año y medio por el mismo delito pero con la atenuante de colaboración con la Justicia. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la absolución de la expresidenta madrileña y rebajó las condenas de las dos encausadas: la pena de Feito quedó en dos años de prisión y la de Rosado en un año. En la práctica, y salvo que los jueces digan lo contrario, no tienen que cumplir condena obligatoriamente en prisión.

Sólo una parte del caso será estudiada este martes por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. La magistrada Carmen Lamela, que será la ponente, tiene encima de la mesa el recurso de Feito contra su condena de dos años de cárcel y la petición de la Fiscalía de que el recurso sea desestimado y su condena confirmada. Cecilia Rosado no ha recurrido, según explican a elDiario.es fuentes del caso, y las acusaciones tampoco han cuestionado la absolución de Cristina Cifuentes. El debate será, por tanto, si la condena de Feito es confirmada o rebajada.

María Teresa Feito era asesora de la Consejería de Educación que dirigía entonces Rafael van Grieken, pero sus vínculos con la URJC iban más allá: era amiga de la propia Cifuentes, profesora en excedencia de Filología Inglesa en la Universidad donde su jefe, el Consejero, era catedrático de Química. También formó parte del Consejo del Instituto de Derecho Público donde se impartió el máster. Fue ella quien, según ha declarado probado la Justicia hasta ahora, acudió a una reunión de emergencia el 21 de marzo de 2018 para exigir a la profesora Rosado que elaborase unas actas falsas en las que figurase que Cifuentes defendió su Trabajo Fin de Máster el 2 de julio de 2012, dos años antes de que sus notas cambiaran. La docente aceptó, según los jueces, “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo”.

Su primera condena, los tres años impuestos por la Audiencia de Madrid, implicaban su entrada obligatoria en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de la capital, sin embargo, optó por rebajar la pena a dos años: los jueces mantuvieron que había cometido un delito de falsedad en documento oficial pero redujeron la condena al entender que estaba en excedencia en su puesto como profesora de la URJC y, por tanto, “ninguna responsabilidad tenía en la Universidad, ni en la gestión académica del Máster de Derecho Público del Estado Autonómico en cuya documentación se hizo la irregularidad, ni actuó en el ejercicio de funciones públicas”.

La absolución de Cifuentes

Cristina Cifuentes dejó la presidencia de la Comunidad de Madrid un mes después de que elDiario.es revelase las irregularidades de su máster, y horas después de la difusión de un vídeo de 2011 de una cámara de seguridad de un supermercado que registraba cómo la entonces vicepresidenta de la Asamblea había sido retenida tras robar unas cremas. El caso llegó a juicio en enero de 2021, casi tres años después de la primera información de este periódico, y su absolución fue firmada en febrero de ese año: los jueces declararon probadas toda clase de irregularidades en la gestión de sus notas pero no que ella interviniera en la falsificación de las actas que ella misma exhibió en la Asamblea de Madrid para defender su inocencia.

Su actividad académica en el máster, según la Audiencia de Madrid, “ha revelado un conjunto de incongruencias relevantes e incompatibles con la actuación regular de un estudiante de postgrado”. Desde no ir nunca a clase hasta no contactar con ningún profesor pasando por esa “modificación fraudulenta” de sus notas. Pero concluyeron los jueces que no hay pruebas suficientes que demuestren que ella estaba al final de la cadena de presiones a la profesora Rosado para que sus actas fueran falsificadas. “Sin obviar el interés de este en tener toda la documentación que justificara la regularidad en la obtención de su máster, nada se ha probado sobre que impulsara, sugiriera o presionara para la falsificación del documento en cuestión”, dijo la Audiencia de Madrid.

Las sospechas, según los jueces, podían ser “legítimas” pero no había más pruebas. Algo que ratificó el Tribunal Superior de Madrid cuatro meses después: “El tribunal de instancia basó su fallo absolutorio no sólo en prueba documental, sino también en medios que incluyen la declaración de las acusadas, y el testimonio de numerosas personas”, destacaron los magistrados. La Fiscalía recurrió la primera absolución pero la tramitación posterior de la causa revela que decidió no llevar el caso ante el Tribunal Supremo. El último capítulo del caso del máster de Cifuentes se resolverá cuatro años después de la primera información de elDiario.es y sin que los magistrados de la sala de lo penal tengan que examinar el papel que jugó la expresidenta de la Comunidad de Madrid.