El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en el Parlamento el 12 de marzo que mientras él ocupe el cargo ningún condenado por corrupción será indultado. También dijo que su Gobierno no había aplicado la medida de gracia hasta ese momento, aunque en realidad fueron siete los cargos públicos y funcionarios los indultados por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenados por delitos de corrupción. Si el ministro cumple su palabra, la petición del expresident balear Jaume Matas no logrará más que demorar en cinco meses su entrada en prisión, si se atiende a los cálculos más optimistas sobre la celeridad de Justicia en resolver.
El Tribunal Supremo rebajó de seis años a nueve meses la condena que la Audiencia Provincial de Palma había impuesto a Matas por varios delitos. El Alto Tribunal absolvió al político conservador de cinco delitos y mantuvo la condena por el de tráfico de influencias. En la polémica por sus afirmaciones de marzo, Gallardón se escudó en que los indultados por el Ejecutivo no habían sido condenados por delitos que implicaron llevarse dinero, por lo que estrictamente no se trataba de corrupción.
No podrá alegar eso en el caso de Matas. El artículo 428 del Código Penal castiga con penas de seis meses a dos años el tráfico de influencias, esto es, el acto realizado por un funcionario público o autoridad que influya en otro para obtener “beneficio económico para sí o para un tercero”.
El Tribunal Supremo falló sobre la condena a Matas el 23 de julio de 2013. Entonces se interpretó que el Alto Tribunal evitaba al expresidente balear entrar en prisión, por no tener antecedentes y ser la condena inferior a dos años de cárcel. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Palma, en un gesto ejemplar, rechazó el intento de Matas por pagar una multa en lugar de ir a la cárcel y ejerció la potestad de ordenar su ingreso en prisión. “Este tipo de comportamientos –por Matas– merman, e incluso llegan a anular, la confianza en las instituciones públicas”, aseguraba la Audiencia Provincial en el auto.
A Matas no le quedó entonces otra opción para evitar la cárcel que solicitar el indulto. Aunque ya apartado de la política y con varias causas aún pendientes, Matas fue ministro de Medio Ambiente con José María Aznar y presidente de una comunidad autónoma. El Gobierno de Rajoy debe decidir entre la foto de su ingreso en prisión o el escándalo que supondría indultar a un corrupto que ostentó las máximas responsabilidades cuando pertenecía al PP.
En cualquier caso, la ley establece que antes de pronunciarse sobre una petición así, el Ejecutivo debe reclamar de forma preceptiva, pero no vinculante, un informe al tribunal sentenciador. Cuando el Supremo modifica la condena en segunda instancia, como es el caso, le corresponde emitir dicho informe, que irá acompañado por otro de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo, en contra
El pasado 10 de abril, el Tribunal Supremo informó de que la Sala de lo Penal y la Fiscalía habían remitido al Ministerio de Justicia sendos informes coincidentes en los que se oponían a la concesión del indulto porque consideraban “proporcional” la pena de nueve meses de cárcel por los hechos a los que había sido condenado Matas. Tampoco apreciaban “razones de equidad o justicia” que aconsejaran la indulgencia.
Con esos informes encima de la mesa, el Ministerio de Justicia debe elaborar uno propio que presente Gallardón al Consejo de Ministros. Según fuentes de su departamento, la media de tiempo que tarda el Ministerio en elevar su propuesta va de uno a tres meses. Matas agotó su último recurso judicial el pasado 10 de diciembre, cuando la Sala rechazó su recurso contra la negativa a sustituir los nueve meses de cárcel por una multa. Desde entonces, solo el indulto podría alejar al expresidente balear de los barrotes.