Abogada de formación y diputada autonómica de ocupación, Mónica Oltra llega a una interpretación contundente después de examinar las 542 páginas del auto emitido por el juez José Castro el 30 de enero, en el que imponía una fianza civil de 8,1 millones de euros para el marido de la infanta Cristina y a su exsocio Diego Torres: “Las circunstancias que se dieron para la imputación de Jaume Matas son las mismas para que se produzca la imputación de Francisco Camps y Rita Barberá.
En las páginas 167 y 168 del auto, el juez afirma: “El Sr. Urdangarín, aprovechándose de su condición de miembro de la casa Real española, contactó con diferentes personalidades políticas de primer orden, tanto de la comunidad autónoma Valenciana como Balear para, después de proponer sus ”proyectos“, conseguir que los mismos fueran aprobados, y automáticamente se pusiera en funcionamiento el mecanismo administrativo tendente a intentar ”vestir el santo“ es decir, intentar dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta que era la adjudicación directa y sin respetar ni una sola de las normas del procedimiento administrativo, conceder al Sr. Urdangarín todas sus peticiones, las cuales NO respondían a ningún interés o necesidad pública, sino sólo al interés del Sr. Urdangarín y en consecuencia del instrumento que se utilizó para ello: el Instituto Nóos.”
¿Por qué cree que han de ser imputados?
En el auto, el juez Castro equipara el Gobierno de Baleares con la Generalitat valenciana y al Ayuntamiento de Valencia, en el sentido de que han suscrito convenios con el instituto Nóos para evitar la concurrencia. Se ha hecho un uso fraudulento para saltarse la ley de contratos. Lo mismo que sirvió para imputar a Matas sirve para imputar a los demás, sólo que en Baleares se habla de 2,5 millones y en Valencia, de uno más, 3,5 millones.
¿Cuáles son los motivos?
La última vez que declaró Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin, explicó cómo se pagó dinero público para conseguir los Juegos Europeos, que al final no se celebraron. La mayor parte de lo que se pagó fue para eso, para consultorías y representación.
Si es tan claro que se debía imputar a Camps y Barberá, ¿por qué no lo hace el juez?
No hay ninguna razón para no imputar a Camps y Barberá, salvo que el juez quería amarrar bien la instrucción. Hay que tener en cuenta que la acusación del PP en el caso ejerce más de defensa que de otra cosa y está haciendo un uso fraudulento de la acción popular. El juez ha querido dejar la instrucción bien atada. Además, si los imputaba, el caso habría pasado al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pues Camps sigue siendo diputado autonómico.
¿Cree que al final el juez los imputará?
Antes de que se llegue al juicio oral se les puede imputar. El juez ya tiene todas las pruebas, tiene los correos electrónicos, las sedes sociales, los domicilios... Ya quedan pocas pruebas por recoger y pocos testigos. Además, ya hay fuentes que dicen que está hilvanándose la imputación; es a lo que lleva la lógica del proceso
¿Cree que se temen la imputación?
La alcaldesa está nerviosa, sabe lo que ha hecho. Cuando le preguntan si se reunió en Zarzuela con Diego Torres e Iñaki Urdangarin, no contesta. Si ella no hubiera estado, diría que no. A mí me amenazó una vez; Barberá responde atacando y ahora no dice nada. Ella sabe que forzó el Valencia Summit y que costó muchísimo dinero a los valencianos. 3,5 millones es mucho dinero; se ha desviado mucho dinero público para hacerse una foto con el duque, igual que lo hicieron con Bernie Ecclestone para tener un Gran Premio de fórmula 1. Veremos más tarde si hay pruebas para que sean condenados, pero lo que está claro es que hay indicios racionales de criminalidad en sus actuaciones.