La mayoría conservadora en el Constitucional rechaza de nuevo que el Senado pueda votar la reforma sobre su renovación

El Senado seguirá sin poder tramitar la reforma para desbloquear la renovación parcial del Tribunal Constitucional. El bloque conservador ha vuelto a imponer su mayoría por un voto de diferencia y ha rechazado la petición del Senado de levantar la suspensión cautelarísima sobre la tramitación de esta reforma dictada por el pleno el pasado lunes. La Fiscalía había pedido que dos magistrados del sector conservador se apartaran del pleito por estar directamente afectados por la reforma y la mayoría del pleno, según fuentes conocedoras del caso, ha rechazado abordar esta petición y se han centrado solo en las cautelarísimas. Habrá votos particulares por parte del sector progresista.

Estas mismas fuentes explican a elDiario.es que el presidente cuyo mandato expiró en junio, Pedro González-Trevijano, también ha comunicado al Constitucional que no convocará un pleno para examinar a los futuros miembros del tribunal hasta que no estén los cuatro: los dos que tiene que designar el Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial. En contra de lo que había trasladado el propio presidente del Constitucional en las últimas semanas a otros magistrados.

Esto, en la práctica, supone un nuevo bloqueo a la renovación parcial de los magistrados cuyo mandato expiró en junio, ya que el ejecutivo sí ha designado a los suyos pero los vocales conservadores del CGPJ bloquean a día de hoy la designación de los otros dos. Poder nombrar por su cuenta a los dos candidatos del ejecutivo implicaría un cambio de proporciones dentro del Constitucional y la instauración de una mayoría progresista. Algo que no es posible si el Constitucional no convoca un pleno para declarar su idoneidad.

La Fiscalía había solicitado que tanto el presidente del Constitucional como el magistrado Antonio Narváez se apartaran del caso por las consecuencias directas que la reforma tendría en sus carreras. Un escrito en el que, además, el Ministerio Público entiende que las medidas cautelarísimas fueron adoptadas con unos argumentos a día de hoy desconocidos pero, en cualquier caso, con demasiada premura, sin precedentes conocidos y abriendo la puerta a sentar un precedente preocupante. La votación del pleno del Senado, antes de su suspensión, estaba prevista para este mismo jueves.

Los magistrados examinaban la decisión que tomaron, por mayoría de seis contra cinco, el lunes de esta semana. La mayoría conservadora del pleno, después de que dos magistrados rechazaran su propia recusación, decidieron estimar las medidas cautelares solicitadas por el Partido Popular y suspender inmediatamente la tramitación de la reforma. Una reforma con la que el Gobierno pretende superar el bloqueo impuesto por el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial y cambiar el sistema de mayorías para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a sus dos magistrados del Constitucional. Ayer fue el último episodio de este bloqueo de los ocho vocales rebeldes.

La mayoría conservadora entendió, en primer lugar, que la recusación planteada por Unidas Podemos no debía ser, ni siquiera, admitida a trámite al entender que todavía no estaban correctamente personados en el caso. Después entendió también, con un voto de diferencia, que había que aplicar las medidas cautelarísimas dando un plazo de 10 días a las partes y la Fiscalía a informar al respecto.

Crisis política e institucional

El Senado anunció el acatamiento inmediato del auto del Constitucional y suspendió la tramitación de la reforma legal en lo que afectaba a las enmiendas recurridas por el PP. Todas las intervenciones de miembros del Gobierno central han apuntado al carácter “inédito” de la decisión del tribunal de garantías, apuntando al Partido Popular por su maniobra judicial y también al bloqueo a renovar las instituciones desde hace cuatro años en el caso del CGPJ.

Pedro Sánchez definió la situación como un “choque institucional grave” y anunció que “conforme a la ley y la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y el Constitucional”. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pocos minutos después de conocerse la decisión del tribunal en la medianoche del lunes, también vislumbró un “conflicto” entre quienes “incumplen” la Constitución desde hace cuatro años, en alusión al PP de Alberto Núñez Feijóo.

Un Partido Popular que se ha lanzado a celebrar la decisión del Constitucional. “El Tribunal Constitucional no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno y ha amparado a los diputados del PP”, aseguraba la dirección de Alberto Núñez Feijóo en un comunicado también poco después de conocerse la decisión.

Una medida “desproporcionada” para el Senado

El pleno ha sido convocado de urgencia esta mañana después de que el Senado se personara en la causa y presentara una impugnación contra las medidas cautelarísimas. Un escrito en el que la letrada jefe de la cámara alta calificaba de “desproporcionada” la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, asegurando que la medida ocasiona una “perturbación de la máxima gravedad” a que el poder legislativo “pueda ejercer con plenitud las funciones que tiene constitucionalmente atribuidas, sin interferencias indebidas”.

Este recurso, interpuesto esta misma mañana, también acusa a la decisión del Constitucional de ocasionar “una perturbación particularmente grave en los derechos fundamentales de todos los senadores y de la mayoría de los diputados”. Si la tramitación de la reforma de urgencia, a través de enmiendas, ha vulnerado derechos parlamentarios del grupo del PP eso podrá “en un futuro, declararse mediante sentencia con efectos declarativos”, dice el Senado. Pero esta adopción de medidas cautelarísimas, reprocha por último la cámara alta, “adelanta cuestiones controvertidas propias del fondo del recurso de amparo, anticipando así la decisión sobre el mismo”.

Otros dos escritos interpuestos pocas horas del pleno han llegado desde Unidas Podemos. En uno de ellos, el grupo parlamentario ha insistido en la recusación de Pedro González-Trevijano y de Antonio Narváez en caso de que ellos mismo decidan no abstenerse en el procedimiento. En un segundo escrito, Unidas Podemos solicita que se levanten estas medidas cautelarísimas y que las enmiendas puedan seguir tramitándose.

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