La mayoría de la investidura da un impulso a la derogación de la 'ley mordaza' en el Congreso

Los grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y sus principales socios parlamentarios han dado este miércoles un importante impulso a la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana con la que pretende derogarse la actualmente vigente, aprobada cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, y que es popularmente conocida como 'ley mordaza'.

En la primera reunión de la ponencia encargada de redactar el dictamen que se someterá a votación del Pleno en los próximos meses se han abordado los primeros 19 artículos de la nueva normativa. Según ha podido conocer elDiario.es de fuentes parlamentarias, se han aprobado todas las enmiendas a esos preceptos del primer borrador del Gobierno pactadas por PSOE y Unidas Podemos el pasado noviembre, que han contado con el apoyo de socios como PNV, ERC o EH Bildu y en algunos casos también de Ciudadanos.

Aunque los aspectos más polémicos del texto –como las devoluciones en caliente de inmigrantes o la asunción de la veracidad de los testimonios de la policía– se abordarán en la próxima reunión, prevista para el 15 de febrero, la ponencia sí ha acordado modificaciones al objeto de la ley, a los fines y a los principios rectores estableciendo la eliminación de la violencia en los espacios públicos y la garantía de convivencia como el objeto de la ley, introduciendo mayores garantía de derechos y libertades de la ciudadanía, según han explicado fuentes de Unidas Podemos.

Esas mismas fuentes explican que entre los principios rectores de la norma también se ha incluido uno de accesibilidad para garantizar que personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana.

Máximo de dos horas en comisaría

En la ponencia han visto luz verde algunas de las peticiones de los socios, como que se garantice la incorporación al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte las distintas lenguas cooficiales. O el establecimiento de mecanismos que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos a la hora de solicitar esos documentos de identidad.

Las fuentes consultadas añaden que también se han regulado de manera “más garantista” los aspectos relacionados con la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil.

Asimismo, se ha acordado por “muy amplia mayoría de la ponencia” la modificación de las normas sobre identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, las diligencias en comisaría en ningún caso podrán superar las dos horas salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada.

También se ha introducido el derecho de la persona conducida a identificación a ser devuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.

Las negociaciones con los socios para dar luz verde al nuevo texto continúan de cara a la nueva sesión de la ponencia del 15 de febrero y están siendo comandadas por el secretario de Estado de la Agenda 2030 y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago.