No son un partido ni quieren impulsarlo. Son profesionales de diversos ámbitos preocupados por la calidad del sistema democrático y por la incapacidad de las formaciones políticas para detectar y atajar la corrupción en sus propias filas. La idea es contribuir al “clamor social” que pide una regeneración de las instituciones y unos partidos políticos transparentes y que no premien la obediencia ciega sino el mérito. Para ello, difunden el Manifiesto por una nueva ley de partidos y animan a apoyarlo a través de firmas recogidas en la plataforma Change.org. El objetivo es recoger medio millón aunque no se transformarán en una Iniciativa Legislativa Popular ya que la ley de partidos es una ley orgánica y no se puede forzar su reforma a través de este mecanismo.
Tampoco se trata de proponer una nueva redacción, sino de fomentar el debate para que sean los propios partidos los que se den por enterados y se pongan manos a la obra si no quieren seguir perdiendo credibilidad y votos. Entre los que ya han firmado, los que han presentado esta mañana el documento en Madrid: el exdiplomático Carles Casajuana, los economistas Luis Garicano y César Molinas y la jurista Elisa de la Nuez. Entre los cien firmantes hay profesionales de prestigio en casi todos los campos.
Tesoreros con mandato limitado y control independiente de los gastos
En palabras de Garicano, en el sistema actual no entra en las listas de los partidos “el concejal de un pueblo que hace propuestas y da guerra si no se sabe luego cómo va a votar”. Las ideas van de “arriba a abajo” pero no se fomenta la participación para que fluyan en sentido contrario. De la actual ley, sólo uno de los 13 capítulos se refiere a la democracia interna, así que los promotores del documento sugieren medidas para mejorar el funcionamiento. Entre ellas, congresos cada dos años, reuniones de órganos internos en los que se recojan en el orden del día los acuerdos con voto secreto, primarias en los cargos más representativos y comisiones independientes que inspecciones y vigilen los gastos de las campañas electorales. Cuando se habló de la limitación de mandatos de los tesoreros y de auditorías anuales previas hechas por empresas externas, se oyeron risas en la sala.
La pregunta más repetida ha sido si tienen un partido detrás o si piensan impulsar uno. La respuesta ha sido negativa. Se ha hablado con personas que están en partidos pero que no se representan “más que a sí mismos” y se hablará “con quien haga falta”, pero el objetivo es aportar ideas y que se debata sobre ellas. Casajuana y Garicano han insistido en que el cambio lo tienen que dar las propias formaciones políticas y que no se trata de sustituirlas porque les parece “peligroso”. Sí de regularlos mejor ya que gestionan dinero público.
Molinas ha subrayado que el problema actual no es sólo la falta de participación sino lo poco permeables que son los partidos para recoger ideas y debatirlas en sus órganos internos. También ha expresado su deseo de que esta propuesta de debate sirva en el futuro para reformar la ley electoral porque es “el primer paso de una larga marcha”. Son optimistas en cuanto a la acogida de sus propuestas por parte de los partidos políticos. Como ha dicho De la Nuez: “Por poco interés que tengan, no pueden rehuir el debate”.