El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que “el Gobierno no ha recibido la carta, que está dirigida al jefe del Estado”, sobre la misiva que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresident Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, enviaron este viernes al jefe de Estado, el rey Felipe VI, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para reclamarles una negociación “abierta y sincera” sobre un referéndum para los catalanes.
Méndez de Vigo ha señalado que desconocen el contenido de la carta durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros de este viernes para posteriormente poner en duda la postura dialogante de los dirigentes independentistas catalanes. “La carta no la hemos recibido en el Palacio de la Moncloa cuando ha empezado la rueda de prensa, pero mandan una carta después de unos actos de desobediencia para dialogar, cuando saben que el Gobierno no puede dialogar sobre un asunto ilegal”, ha añadido.
“Diálogo, sí, pero dentro de la Ley. Que es lo que le dice el Gobierno, el resto de los partidos políticos, los jueces, los profesores de Universidad o desde el ámbito internacional. Sin respetar la Ley no hay democracia. El Gobierno está donde ha estado siempre”, ha señalado Méndez de Vigo.
El portavoz del Gobierno ha recordado “se han producido llamamientos a respetar la legalidad y la Constitución”, desde el jefe del Estado al Gobierno y las principales asociaciones de jueces han recordado que “todos los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución”, ha explicado el ministro.
“Desde que empezó el desafío secesionista el Gobierno ha dado una respuesta adecuada en democracia, que es la respuesta del Estado de derecho, garantía de derechos y libertades de todos”, ha comentado Méndez de Vigo.
El ministro también ha defendido que Méndez de Vigo que el Ejecutivo no interviniera para evitar el acto de apertura de campaña del referéndum celebrado el jueves en Tarragona porque “el Gobierno no impide actos, le corresponde hacerlo a las autoridades judiciales. Hay que seguir los procedimientos del estado de derecho”.