El caso que reúne las denuncias cruzadas por acoso entre la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid experimenta un nuevo giro. Unos mensajes incautados al yerno de Juan Miguel Villar Mir cuando fue detenido en el marco del caso Lezo revelan la relación de proximidad que mantenía con el mando policial que supuestamente trataba de esclarecer las acusaciones entre él y la dermatóloga, ambos imputados en distintos juzgados.
En uno de esos mensajes, a los que ha tenido acceso eldiario.es, el entonces inspector jefe Alberto Carba une los intereses de la investigación a los del poderoso empresario y le escribe: “Buenos días javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”.
El Confidencial publicó una información el pasado lunes acerca del oficio de la Guardia Civil y estos mensajes bajo el título: “La UCO halla correos de López Madrid con el policía que investigó el acoso sexual de Pinto”.
La Guardia Civil remitió el pasado 23 de julio un oficio al juez Manuel García-Castellón dando cuenta de los mensajes hallados en su investigación del caso Lezo, la trama que llevó hasta el expresidente madrileño Ignacio González por enriquecerse presuntamente a través de la empresa pública del agua Canal de Isabel II. Esas pesquisas derivaron en el caso de la presunta financiación irregular del PP madrileño y es ahí donde aparece Javier López Madrid, investigado por entregar dinero negro del Grupo Villar Mir a la formación política y quedarse, según las pesquisas, con una parte que se habría repartido con Francisco Granados y David Marjaliza.
El 21 de abril de 2017, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a Javier López Madrid y registraron, por orden del juez, su domicilio y sus despachos, incautándose de teléfonos y otros dispositivos móviles. Entre todo ese material aparecieron los mensajes de teléfono y correos electrónicos que llamaron la atención de los investigadores pese a no tener relación con la causa y que “se encontrarían relacionados con una investigación llevada a cabo con motivo de una denuncia presentada por la doctora Elisa Pinto Romero contra Javier López Madrid por un supuesto delito de acoso, agresión y amenazas”, traslada la Guardia Civil en el oficio remitido el pasado verano al juzgado y que ha sido incorporado al sumario de Lezo.
El primero de esos mensajes data del 16 de octubre de 2015. Carba se presenta al empresario y le explica su misión en la investigación, casi dos años después de que la doctora acudiera por primera vez a comisaría a denunciar amenazas y agresiones. Un mes después de dirigirse por primera vez al empresario, el 19 de noviembre de 2015, López Madrid escribe al policía: “Alberto de verdad mil gracias por tu amabilidad y cariño, dándome confianza (…) Es uno de los tres iMessage incorporados al oficio de la Guardia Civil y que fueron recuperados de una tablet.
El policía se deshace en atenciones en su trato con el empresario imputado por acoso y delitos de corrupción. Si éste le avisa que llegará tarde a una cita que habían previsto, el mando responde: “Por supuesto javier. No te preocupes. Tenemos toda la mañana”. Si López Madrid le llama y no le localiza, después le contesta: “Buenas noches javier. Acabo de aterrizar que venía de profesor en un curso de la Ertzaintza. Querías algo?”
El informe que elaboró a la postre Alberto Carba sirvió para que, a petición de la Fiscalía de Madrid, la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid archivara la investigación contra López Madrid. En esos informes, Carba concluía que la doctora se había inventado el acoso y que ella era la presunta responsable de otros mensajes amenazantes recibidos por el empresario. La defensa de la mujer denunció un montaje policial, recurrió la decisión y la Audiencia de Madrid terminó por corregir a la magistrada Belén Sánchez. La instancia superior ordenó a la jueza reabrir la causa y volver a imputar a López Madrid, en un auto en el que cuestionaba el método seguido por Carba para señalar a la mujer y exculpar a López Madrid.
Elisa Pinto había denunciado en trece ocasiones en la comisaría madrileña de Chamartín dos agresiones con arma blanca, así como amenazas telefónicas, sin que la Policía hiciera nada. La mujer optó por escribir a la Secretaría de Estado de Seguridad pidiendo auxilio. En esa época, Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior; Francisco Martínez, ahora al borde de la imputación por el espionaje a Bárcenas, su secretario de Estado; Ignacio Cosidó, director general de la Policía; y de número dos del Cuerpo estaba Eugenio Pino, artífice de la brigada política y jefe operativo de la Policía.
El comisario Villarejo, también beneficiado
Cuando Alberto Carba recibió la orden de investigar el caso de la doctora Pinto, el caso ya había saltado a los medios y había entrado en una nueva dimensión: la mujer había reconocido fotográficamente al comisario Villarejo como el hombre que la había pinchado en el costado en abril de 2014 mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. La jueza había citado en dos ocasiones a Villarejo para una rueda de reconocimiento y la Dirección de la Policía le había disculpado asegurando que estaba en misiones en el extranjero.
Antes de que llegara la fecha de la tercera citación, Carba presentó su informe exculpatorio para López Madrid y su compañero Villarejo. El comisario hoy en prisión estaba entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de Pino y guardaba todos los secretos de la guerra sucia contra la oposición que se desarrolló entre 2012 y 2016 y en la que participó activamente. El comisario que organizó el reconocimiento fotográfico de la mujer a Villarejo acabó defenestrado por aquella Dirección de la Policía.
En otro de los mensajes descubiertos por la Guardia Civil, del 23 de noviembre de 2015, el inspector jefe Alberto Carba escribe a López Madrid. El investigador revela al investigado que esa mañana ha estado reunido con la jueza que le mantiene imputado y con la magistrada que hace lo propio con la mujer. Pero ahí no acaban las confidencias del agente, que actúa como “policía judicial”. El inspector jefe le adelanta que le queda poco para acabar su “trabajo”. “De aquí al próximo lunes, salvo requerimientos”, le precisa. Y añade: “Queda muy poco de secreto de sumario y toca como hemos dicho tirar de paciencia en esta última vuelta”. Efectivamente, la jueza dictó el levantamiento del secreto de sumario el 9 de diciembre siguiente, dos semanas después. eldiario.es se ha puesto en contacto con el hoy comisario Carba, quien declinó hacer declaraciones alegando que necesita un permiso expreso de sus superiores.
La “estrecha relación” de López Madrid con policías
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hizo un volcado del teléfono de López Madrid a requerimiento de la jueza que investiga a la doctora Pinto y extrajo una serie de mensajes, pese al borrado intenso al que unos especialistas habían sometido al terminal antes por requerimiento de su propietario. Algunos de esos mensajes fueron objeto de un informe por parte de la UCO ya que evidenciaban, según los agentes, las “estrechas relaciones” entre el investigado López Madrid y un grupo de mandos policiales.
Entre esos mandos estaba José Manuel Villarejo Pérez, quien asegura que un amigo le puso en contacto con el comisario y que se limitó a aconsejarle que denunciara. López Madrid también trató con el comisario Enrique García Castaño, mando de la lucha antiterrorista ya jubilado e imputado en el caso Villarejo, quien niega gestiones a favor del empresario. López Madrid acabó denunciando el supuesto acoso de la doctora ante el Grupo V de Homicidios, pese a no investigarse ningún crimen. El empresario negó en un principio esas relaciones con mandos policiales ante la jueza, pero ante las evidencias tuvo que desdecirse y reconocerlos. Según afirmó, estaba desesperado ante la injusticia que sufría.
Los especialistas de la Guardia Civil recuperaron otros mensajes que fueron incorporados por la jueza al sumario y que recogían el apoyo de los reyes de España al empresario al poco de conocerse los gastos de las tarjetas black de Caja Madrid, por los que el empresario fue condenado con posterioridad.
Alberto Carba González tomó posesión como comisario el 20 de diciembre de 2018. Licenciado en Ciencias Policiales y Derecho, su destino en la Sección de Secuestros y Extorsiones hizo que se prodigara en intervenciones en los medios de comunicación. Apenas ha estado unos meses en su primer destino como comisario, en la localidad valenciana de Alzira.
Bien relacionado con la cúpula policial, la Dirección del Cuerpo hizo uso de un mecanismo extraordinario para que Carba regresara rápidamente a Madrid, nada menos que como jefe de la comisaría del distrito Centro, la más grande de la capítal. El comisario Carba está al mando de medio millar de agentes desde agosto y es frecuente verle en recepciones de embajadas o rodeado de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, como en la copa que se celebró en este último con motivo del Día de la Policía el pasado octubre.
El policía tuvo que reconocer ante la jueza errores en su investigación del caso Pinto. Carba, por ejemplo, había concluido que no había pruebas de que la doctora estuviera en el lugar de la agresión con arma blanca de abril de 2014, por la que está imputado hoy Villarejo. Unas imágenes de cámaras de seguridad atestiguan lo contrario, según tuvo que reconocer después en sede judicial. Sus conclusiones sobre la supuesta culpabilidad de la doctora Pinto incluyen un informe de la unidad de Análisis de la Conducta de la Policía, que elaboró un retrato de la mujer sin haberla siquiera entrevistado. La autora de ese informe es la esposa de Alberto Carba.