El teléfono móvil incautado el 14 de marzo pasado a Francisco Martínez permite reconstruir una parte de las maniobras subterráneas que la cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía realizaron durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. En uno de los intercambios de mensajes entre Martínez, el entonces secretario de Estado de Seguridad, y el comisario Andrés Gómez Gordo queda acreditada la maniobra para intentar evitar que Villarejo fuera imputado por apuñalar a la doctora Elisa Pinto siguiendo un presunto encargo del hoy presidente ejecutivo de Ferroglobe y consejero delegado del grupo Villar Mir, Javier López Madrid.
Gómez Gordo regresó al servicio activo en la Policía en marzo de 2015 procedente de Castilla-La Mancha, a donde había marchado para trabajar a las órdenes directas de María Dolores de Cospedal. El 4 julio de ese año, cuatro meses después de regresar, escribe al número dos de Interior a su móvil, pese a que todavía no es comisario y figura en el catálogo de puestos de trabajo como jefe de sección de una unidad policial. “El 16 de julio reconocimiento fotográfico de Pp en el caso de la loca, llegó el jueves la citación. Lo habíamos parado pero alguien lo ha reactivado… Ya me dices algo”, escribe Gómez Gordo. El número dos del Ministerio responde: “Estoy de viaje, llego mañana. Te llamo por si podemos vernos a última hora. Pino iba a hablar con la juez con lo del día 16”.
La Dirección Adjunta Operativa de la Policía, que dirigía Eugenio Pino, logró suspender en dos ocasiones las ruedas de reconocimiento ordenadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez. Para ello presentó un justificante en el que aseguraba que Villarejo estaba de viaje oficial en Londres y en Arabia Saudí. El documento iba firmado por el facultativo Miguel Ángel Bayo. Ya jubilado, Bayo era un estrecho colaborador de Eugenio Pino en la Dirección Adjunta Operativa y su declaración en la pieza del espionaje a Bárcenas permitió que emergiera el descontrol sobre los fondos reservados.
Dos años después de la primera citación judicial, en junio de 2017, con Eugenio Pino ya jubilado, se celebró al fin la rueda de reconocimiento y la doctora identificó a Villarejo como el hombre que en abril de 2014 le pinchó en el costado mientras decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. El empresario y Villarejo están próximos a sentarse en el banquillo por estos hechos y otros vinculados al presunto acoso a la doctora, mientras que la mujer sigue imputada por una denuncia posterior de López Madrid en otro juzgado.
Cuatro días después del anterior mensaje telefónico, Gómez Gordo vuelve a escribir a Martínez: “A Pepe se le ha ofrecido la posibilidad de que está de vacaciones (de esta forma tendría que posponerlo obligatoriamente) y él prefiere justificar viaje (la juez puede negarse) quiere ver qué ánimo tiene…”. A lo que Martínez responde: “La estrategia de Pp es un poco arriesgada”.
Este intercambio de mensajes, adelantado por ABC, está incluido en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para el juez del caso Villarejo en la pieza Kitchen, el espionaje a Bárcenas por parte de la policía política. La presunta contratación por parte del empresario Javier López Madrid del comisario Villarejo para amenazar a la doctora y agredirla forma parte de otra pieza separada del caso, la número 24. La defensa de la dermatóloga acaba de solicitar al juez Manuel García-Castellón que cite a declarar a Gómez Gordo en esta última investigación y a otros policías posiblemente implicados, así como que incorpore a la misma el citado informe de Asuntos Internos, según recoge un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.
“Este partido lo vamos a ganar, Javier”
La investigación a López Madrid y a Villarejo fue saboteada desde el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz desde el principio, dentro de las decisiones políticas para mantener a salvo al comisario que guardaba todos los secretos de una época. Uno de los episodios más trascendentes es el informe policial que retomaba el caso de las amenazas entre López Madrid y Pinto y que concluía, tres años después, que la mujer era la única responsable de los hechos. Pino había ordenado a un policía de su confianza retomar la investigación desde el principio. Se trata del comisario Alberto Carba, jefe de la Sección de Extorsiones y Secuestros, quien orientó desde el principio sus pesquisas contra la doctora Pinto. Sus conclusiones sirvieron para que la jueza archivara el caso contra López Madrid y Villarejo.
La connivencia del comisario Carba con el imputado López Madrid quedó reflejada en otros mensajes entre ambos que la Guardia Civil encontró en el móvil incautado al empresario durante su detención en el caso de corrupción Lezo. “Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, le escribió el policía al empresario investigado el 19 de noviembre de 2015, cuatro meses después de los mensajes entre Gómez Gordo y el número dos de Interior. La Audiencia de Madrid ordenó a la jueza reabrir el caso. El pasado agosto, la magistrada Sánchez dictó un auto en el que propone juzgar a López Madrid por acoso y amenazas y al policía por “lesiones con un instrumento peligroso”.
El informe de la Guardia Civil sobre la connivencia del comisario Carba con López Madrid, que publicó elDiario.es en diciembre de 2019, no ha tenido consecuencias disciplinarias para el policía. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene en la actualidad a Carba como jefe de la comisaría de distrito Centro, la más grande de España, y al imputado en Kitchen Andrés Gómez Gordo como jefe de la de Villa de Vallecas. El oficio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre los mensajes entre Carba y López Madrid es otro de los documentos que la defensa de la doctora Pinto pide que se incorporen a la pieza 24 del caso Villarejo. Asimismo solicita que declare el también investigado en Kitchen Enrique García Castaño.
La UCO había elaborado otro informe años antes, en el marco de la investigación a la doctora Pinto, a partir del teléfono que López Madrid entregó en el juzgado por orden de la jueza. En ese atestado, fechado el 7 de mayo de 2015, la Guardia Civil ponía de manifiesto las “relaciones estrechas” de López Madrid con un grupo de comisarios, entre los que señalaba a García Castaño. El policía, ya jubilado, asegura que López Madrid acudió a él por mediación del jefe de seguridad de OHL, la constructora de la que es consejero delegado, porque esta tiene relaciones habituales con la unidad antiterrorista del comisario, pero que él se limitó a derivarle a la Brigada de Policía Judicial de Madrid.