La ex secretaria general de Mercasa asegura que los dos expresidentes y la SEPI conocían las irregularidades
La ex secretaria general de Mercasa Macarena Olona ha asegurado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que los dos expresidentes de esta empresa pública eran conocedores de las irregularidades en el consorcio que formaron para contrataciones en el exterior al igual que lo era la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que se informaba de las decisiones relevantes para recabar su aprobación, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras de la declaración.
Macarena Olona era hasta hace sólo uno días secretaria general y del Consejo de Administración de la compañía, cargo que ocupaba desde junio de 2017 tras la imputación de la anterior cúpula directiva por su supuesta implicación en el pago de sobornos “en todos lo sentidos”. Aunque ya no ostenta esa responsabilidad, este miércoles ha comparecido ante el juez José de la Mata en calidad de representante legal de la compañía para dar cuenta de la auditoría forense que ella encargó a la consultora internacional EY cuando llegó al cargo.
El informe ha sido el hilo conductor de la declaración de Olona, que ha ido explicando los pormenores durante cerca de cuatro horas ante el juez instructor, según han explicado fuentes jurídicas, que apuntan a que volverá a comparecer ante De la Mata en más ocasiones porque no ha habido tiempo para entrar en el detalle de todo lo que apuntó la auditoría.
En concreto, en esta jornada han abordado las actividades en Panamá y República Dominicana, país este donde la auditoría encontrado diversas irregularidades, como la donación a este país de un cheque por importe de 500.000 pesos dominicanos (unos 9.000 euros) a cargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dirigía Miguel Sebastián en 2011, para garantizar la adjudicación de una infraestructura.
Las irregularidades en Mercasa, la empresa que opera los mercas de las principales ciudades españolas y que está bajo el paraguas de la SEPI y el Ministerio de Agricultura, empezaron a aflorar a finales de octubre de 2016. La Guardia Civil buscaba entonces pistas sobre las operativas de blanqueo del expresidente madrileño Ignacio González en el marco del caso Lezo, la red de corrupción que presuntamente saqueó fondos públicos del Canal de Isabel II. Pero además de las pruebas de los intentos de aflorar dinero, los agentes se encontraron ante todo un despliegue de prácticas corruptas en la empresa pública, en la que Pablo González, hermano del expresidente, era director de Estrategia y Operaciones.
