Meritxell Batet, en el ojo del huracán

El gran objetivo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, desde que fue proclamada en el cargo, en diciembre de 2019, ha sido utilizar su posición como tercera autoridad del Estado para tratar de moderar el creciente clima de crispación instaurado en el Parlamento. Batet había lanzado en los últimos meses varios mensajes pidiendo “respeto” y “racionalidad” frente a la bronca que siembran las derechas –fundamentalmente diputados de PP y Vox–, que llevan toda la legislatura recurriendo a las descalificaciones y los insultos contra el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y el resto de sus socios.

En el inicio del curso político porfió para rebajar los decibelios y, lejos de conseguirlo, un mes después está en el epicentro de la contienda a raíz de una polémica decisión: la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado en un discutido fallo del Tribunal Supremo por haber pegado una patada a un policía durante una protesta en Tenerife, en 2014. Juristas de todas las sensibilidades han cuestionado no solo la sentencia, que contó con varios votos particulares y se basó fundamentalmente en el testimonio del agente, sino también las consecuencias de esta: no se ponen de acuerdo acerca del alcance de su inhabilitación y varios expertos en derecho sostienen que hubiese bastado con apartar al parlamentario durante mes y medio. Desde entonces, es la bancada a la izquierda del PSOE la que ha llegado a pedir su dimisión y hasta amagó con denunciarla por prevaricación

La controversia ya venía alimentada por un dictamen de los letrados del Congreso donde aseguraron inicialmente que Rodríguez podía mantener el escaño– y por el Alto Tribunal –que emitió un informe ambiguo instando a la suspensión.

Rodríguez, “criminal” y “delincuente” para las derechas

La sentencia del Supremo que condena a Rodríguez a 45 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros, y a la suspensión del derecho a sufragio pasivo, se hizo pública el pasado día 7. Desde entonces, PP y Vox presionaron tanto al ya exdirigente de Unidas Podemos para que dimitiera como a Meritxell Batet para que le cesara. Lo hicieron en el Pleno y en las comisiones, llamándole a Alberto Rodríguez “criminal” o “delincuente” y acusando a la presidenta del Congreso de tratar de “boicotear” la condena.

Fuentes parlamentarias explican ahora que a raíz de esas presiones de las derechas, que enviaron tres escritos a la Mesa –que se suma a otro que hizo llegar Unidas Podemos– los letrados del Congreso decidieron elaborar un informe, hecho público el pasado día 18, en el que consideraron que pese a su condena y la privación del sufragio pasivo, Rodríguez podía mantener su escaño. Los letrados señalaron que esa privación no afectaba a la condición de diputado, que fue adquirida con carácter previo. Y destacaron que el Supremo no contempló la suspensión “de forma expresa”. “No cabe derivar consecuencia penal que afecte a la condición de diputado”, zanjaron los servicios jurídicos de la Cámara Baja.

Ante este texto, Batet reunió a la Mesa del Congreso el martes 19, que por mayoría decidió acatar la visión de los letrados aunque la minoría del órgano de gobierno de la cámara y, en concreto, los representantes de PP y Vox, manifestaron su desacuerdo. Fue la primera reunión de la Mesa en la que se vivió un duro enfrentamiento dialéctico entre los miembros de PSOE y Unidas Podemos –favorables de mantener el escaño de Rodríguez– y los de las derechas.

“Esa sentencia no debe interpretarse por parte de la Mesa del Congreso, sino ejecutarse”, aseguró ese día en rueda de prensa la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que explicó que su partido había pedido que la Mesa del Congreso reclamara un informe a la Junta Electoral Central (JEC) y que solicitara al propio Supremo una aclaración sobre la pena impuesta al diputado de Unidas Podemos. El PP, además, elevó un escrito al Alto Tribunal para informarle de lo ocurrido en la reunión de la Mesa y otro a la Fiscalía General del Estado para que solicitara una aclaración de la ejecución de la sentencia del Supremo.

Vox fue más allá y consideró que el acatamiento del informe de los letrados fue una “cacicada” de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, “contra la división de poderes” al entender que “un agresor y delincuente no puede seguir ni un minuto más en el Congreso de los Diputados”.

Las reuniones de la Mesa

Dos días después, sin embargo, el Tribunal Supremo se dirigió por escrito a Batet para exigirle un informe sobre el cumplimiento de la condena de inhabilitación de Alberto Rodríguez. En un escrito remitido a la cámara baja, el presidente de la sala segunda Manuel Marchena pidió ser informado sobre “la fecha de inicio de cumplimiento 'de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo” impuesta al entonces diputado, aunque en su texto no pedía explícitamente que fuera suspendido como parlamentario.

Este escrito reavivó las críticas de las derechas contra Batet. Poco después de conocerse la comunicación del juez Marchena el PP presentó un “escrito de reconsideración” ante la Presidencia de la Cámara Baja para que se reuniera la Mesa del Congreso, rectificara e hiciera “cumplir la pena” de inhabilitación del diputado de Unidas Podemos “Es de máxima gravedad, es un conflicto de la Presidencia del Congreso de los Diputados con el Supremo”, señaló la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que instó a Batet a que “ejecutara” la sentencia.

El 21 de octubre y, ante las presiones tanto del Supremo como de las derechas, la presidenta del Congreso reunió a la Mesa de forma extraordinaria. Fue otro encuentro agrio, en el que durante dos horas y media los miembros de la Mesa de PP y Vox –en minoría– se enfrentaron a la mayoría progresista exigiendo a Batet la suspensión de Rodríguez. En ese encuentro la presidenta del Congreso ya se manifestó más favorable a retirarle el acta al entonces parlamentario de Unidas Podemos basándose en lo dicho por Marchena, aunque ante las dudas manifestadas entonces también por los letrados promovió una votación en la que la mayoría de PSOE y Unidas Podemos acordó solicitar al Supremo más explicaciones.

Este posicionamiento volvió a arreciar los ataques de las derechas contra Batet que, el viernes 22, y tras haber recibido otro escrito del Supremo recordándole que Rodríguez había sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo –Marchena, en ese segundo texto, tampoco pedía la suspensión de forma explícita–, y tras consultar al secretario general del Congreso y letrado mayor, decidió retirarle el escaño. Entonces los ataques contra la presidenta del Congreso comenzaron a llegar por parte de la izquierda.

Peticiones de dimisión

Esa misma noche, Unidas Podemos envió un breve comunicado a la prensa anunciando que presentarían una denuncia por prevaricación contra Batet. Se trata del anuncio de una querella que provocó un cisma interno en la formación confederal ya que desconocían la decisión tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio Alberto Rodríguez, que al día siguiente decidió darse de baja de Podemos e iniciar su propia batalla judicial para recuperar el escaño.

El lunes el letrado mayor del Congreso avaló por escrito la decisión de Batet de suspender al ya ex diputado de la formación confederal, pero las críticas de todos –menos el PSOE– contra la presidenta de la Cámara baja se multiplicaron. Al día siguiente, el martes, Podemos pidió formalmente la dimisión de la presidenta de Batet. El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, consideró que “todo el proceso” que rodeó la suspensión de Rodríguez estuvo “lleno de irregularidades” y acusó a la presidenta del Congreso de “ceder al chantaje de Marchena”.

El PP habló de “esperpento” en el proceso de la ejecución de la sentencia de Alberto Rodríguez por parte de la Presidencia del Congreso. “No se debería haber llegado a un conflicto entre el Congreso y el Supremo”, aseguró Cuca Gamarra. Y, desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros fue más allá solicitando la dimisión de toda la Mesa del Congreso y remarcando la “responsabilidad personal” de Batet en la gestión del caso del exdiputado de Unidas Podemos.

Fuentes parlamentarias han explicado a elDiario.es que la Presidencia del Congreso actuó en el caso de Alberto Rodríguez, como en todos, siguiendo la máxima del cumplimiento del artículo 118 de la Constitución y, por tanto, haciendo cumplir las sentencias judiciales y, a la vez, tratando de ofrecer “las máximas garantías” al diputado. Insisten, además, en que Batet ha mantenido una “posición institucional” siguiendo “el procedimiento con celeridad” y escuchando siempre a los servicios jurídicos de la cámara. Esas fuentes recalcan, finalmente, que el caso de Rodríguez es un asunto “estríctamente técnico jurídico” y “no es un problema de índole política”.

Mucho antes que los socios que ayudaron a investirla, ya habían cargado con mucha dureza contra ella los partidos de la oposición. Primero fue por los acatamientos de la Constitución de diputados independentistas y de Unidas Podemos, que utilizaron fórmulas alternativas a los tradicionales 'si, prometo' o 'sí, juro' para expresar sus anhelos independentistas o republicanos. Las derechas, además de recurrir a los tribunales, reclamaron la dimisión de Batet, a pesar de que cuando el PP ostentaba la Presidencia del Congreso se aceptaron fórmulas similares.

Más tarde los partidos situaron a Batet en medio del conflicto por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la ilegalidad tanto de los estados de alarma aprobados durante la pandemia como la paralización parcial y temporal de la actividad del Congreso por la emergencia sanitaria. Vox, que fue quien presentó los recursos contra esas decisiones del Gobierno, pese a haber reclamado inicialmente el cierre total de la Cámara Baja, exigió entonces la dimisión inmediata de Batet.

Choques con Vox

En septiembre Vox trató también de confrontar con la Presidencia del Congreso, lanzando un pulso que culminó con un reproche de la presidenta Batet a Iván Espinosa de los Monteros. En el Pleno del día 20 de ese mes, mientras se debatía la admisión a trámite de una proposición de ley del PSOE para penalizar el “acoso” a las mujeres que acuden a las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo, la diputada socialista que defendió la iniciativa, Laura Berja, tuvo que escuchar insultos de diputados de Vox durante toda la intervención. Según distintos parlamentarios que se encontraban cerca de la bancada de la extrema derecha, se pudieron escuchar improperios como “borracha, infanticida o mataniños”. 

Pero la presidencia del Congreso, ejercida en ese momento por el vicepresidente de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, tan solo escuchó nítidamente el “bruja” que le espetó el diputado de Vox Javier Sánchez García a la parlamentaria socialista. El insulto desembocó en una enorme bronca en el hemiciclo. Y Gómez de Celis solicitó hasta en tres ocasiones al parlamentario de la extrema derecha que retirara su “grave” insulto. 

Sánchez García, diputado por Alicante y juez en excedencia, se negó, por lo que el vicepresidente del Congreso, siguiendo lo que marca el reglamento del Parlamento, procedió a expulsarlo después de llamarlo al orden en tres ocasiones. Tanto el diputado implicado como el resto de parlamentarios de Vox se insubordinaron ante la máxima autoridad de la Cámara Baja en un gesto inédito. Y Sánchez García no llegó a abandonar el hemiciclo. Gómez de Celis, entonces, decidió suspender el Pleno durante diez minutos en los que se le vio hablar con Sánchez García y el resto de diputados de Vox en una suerte de negociación. 

Una vez reanudada la sesión, el vicepresidente del Congreso volvió a reclamar al parlamentario de Vox que retirara su insulto y éste, finalmente, accedió. “Retiro que la he llamado bruja”, admitió el parlamentario. A cambio, la máxima autoridad del Congreso le permitió seguir en la Cámara. Ese mismo día, Batet reunió a Espinosa de los Monteros para recordarle la “autoridad” de la Presidencia del Congreso, “ejerza quien la ejerza”.